¿Un traje a medida?

🏰 Matzkin derogó el Decreto 227/26, el regalo fiscal que nadie quiso.

El 9 de septiembre de 2026, Marcelo Matzkin puso la firma al Decreto N° 322/26, un acto administrativo con una particularidad inédita en la historia reciente de Zárate: no regula nada, no crea nada, no ordena nada. Solo entierra. Deroga el Decreto N° 227/26 del 8 de julio pasado, aquel que bajó la contribución por desarrollo urbanístico de la Costanera del 30% al 0,5%, sesenta veces menos que en el resto del distrito, como contábamos en Del 30 al 0,5: el truco fiscal para regalarle la ribera a los desarrolladores.

Pero hay un detalle que dice más que el decreto entero: lo publicaron en la segunda edición diaria del BOM, en el Boletín Oficial Municipal 302. Segunda edición del día. Como quien entierra la noticia entre edición y edición, con la esperanza de que el río arrastre el papel antes de que alguien lo lea.

Hay gestos políticos que son discursos. Y hay gestos políticos que son confesiones. Este es de los segundos. Tomemos nota, considerando por considerando.

🎭 ‘Público y notorio’: la primera mentira del sepelio

El considerando sexto del Decreto 322/26 afirma, con toda la tranquilidad de quien escribe sabiendo que casi nadie verifica: ‘Que el citado proyecto de ordenanza no ha resultado aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, como es de público y notorio conocimiento’.

Esto es falso. Y no es una cuestión de interpretación: es de acta.

Lo que se rechazó el 3 de septiembre de 2026, en la sesión que relatamos en El efecto mariposa zarateno y en A Matzkin no lo apoyan ni sus propios concejales, fue el dictamen firmado por María Elena Gallea y Verónica Berot que proponía aprobar el proyecto oficialista sin tocarle una coma. Nada más que eso. El Expediente 205/26 sigue vivo, con el dictamen de Borrelli y Budano (dividir la ómnibus en cuatro proyectos) y el de Castiglioni (rechazo de plano) esperando tratamiento tras el cuarto intermedio de una semana que pidió el bloque de Fuerza Patria.

Acá conviene detenerse un segundo, porque hay algo filosóficamente delicioso en esta frase. ‘Público y notorio’ es una figura jurídica que permite al juez, o al intendente, tomar por sabido algo sin probarlo. Matzkin la usa al revés: toma por probado algo que es público y falso. La construcción completa un círculo perfecto de la nueva democracia zarateña: si las cosas no se aprueban como yo quiero, entonces están desaprobadas; y si están desaprobadas, puedo derogar decretos en consecuencia. Es la matemática de Matilla aplicada ahora al Ejecutivo: el dos más dos es cuatro solo cuando conviene; cuando no, es ‘mayoría’.

Hay, eso sí, un rasgo de honestidad involuntaria que vale oro. En un considerando el decreto llama al proyecto ‘Expediente EJE4121-1534-2026’ y en otro ‘Expediente N° 205/26’. Dos nombres para el mismo expediente, y según el intendente, ninguna existencia. Ya lo decía la literatura: los muertos, a veces, se multiplican; los expedientes, en Zárate, se borran con el mismo entusiasmo con el que se crean.

⚖️ El marco normativo que sobraba en julio y falta en septiembre

Ahora vayamos a la joya. El considerando cuarto del decreto 322/26 sostiene que un régimen integral de promoción ‘requiere de un marco normativo que, por su naturaleza y alcance, debe ser definido en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante’.

Hermosa convicción. Preguntémonos cuándo la adoptó esta administración. Fue antes o después de la derrota parlamentaria.

El 8 de julio de 2026, al firmar el Decreto 227/26, Matzkin pensaba exactamente lo contrario, y lo dejó escrito en sus propios considerandos. Allí argumentó que las Ordenanzas 4053 y 4230, la base del régimen de plusvalía costero, no podían considerarse norma creadora de tributo porque no pasaron por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, y sentenció: ‘Que es por ello que la norma que prevalece, por su modo de sanción, como norma tributaria es la fiscal e impositiva, y la facultad reglamentaria que expresamente ha fijado la última citada habilita a regular el tributo de manera sectorial, y en particular sobre el sector costero’.

Leámoslo despacio, porque es un documento histórico: en julio, el marco normativo era tan perfectamente suficiente que ni siquiera hacía falta el Concejo. La facultad reglamentaria lo habilitaba todo. En septiembre, dos meses después, ese mismo marco es tan insuficiente que obliga a derogar el decreto. El derecho municipal, para esta administración, es un acordeón: se estira cuando favorece y se encoge cuando ya no sirve.

Y no nos olvidemos del contexto: el 227/26 se firmó el mismo mes en que el proyecto ómnibus, el Expediente 205/26, con sus exenciones, sus diez predios municipales en venta y su Artículo 16 que se autorizaba a sí mismo en un loop infinito, tramitaba en el Concejo. El decreto fiscal era, por definición propia del 322/26, ‘complemento’ del proyecto. Es decir: se dictó la tentación fiscal antes de la aprobación legislativa, como quien regala la copa antes de que se firme el contrato. En julio sobraba el Concejo; en septiembre, con el dictamen de Gallea y Berot en el piso, resulta que el Concejo era imprescindible desde siempre. No cambió la ley. Cambió el resultado electoral. Decir nada diciendo mucho.

El propio 322/26 lo confiesa con elegancia: la derogación no responde a ‘una modificación de la política de promoción’, sino a ‘la falta… del marco normativo legislativo necesario’. Y después, en un arranque de sinceridad retórica, culpa al Concejo por tener ‘una concepción del desarrollo urbano… que privilegia la intervención estatal directa’. Traducción sin membrete: el Concejo no hizo lo que yo quería, así que me llevo mi decreto y me voy. Un intendente que convierte la independencia del Deliberativo en un defecto de fábrica. Curiosa interpretación de Matzkin de la separación de poderes. Pero coherente con todo lo que veníamos documentando desde mayo en La Costanera es de todos y el negocio de algunos.

Sobre los motivos profundos, ¿estrategia para renegociar? ¿limpieza de escenario antes de recortar la ómnibus y reintentar?, admitimos la incertidumbre: nadie fuera del cuarto sabe qué se negocia esta semana. Lo que los documentos sí prueban, sin margen, es la contradicción. Y la contradicción, en política, es la única verdad que no necesita testigos.

🦗 El festejo al que no fue nadie

Ahora el dato más escandaloso del decreto, y ojo: no lo aportamos nosotros, lo firma el propio intendente. Considerando décimo: ‘Que, asimismo, a la fecha del presente no se han registrado solicitudes de adhesión al régimen dispuesto por el Decreto N° 227/26’.

Y el artículo 2° lo repite: ‘atento no haberse verificado adhesiones ni presentaciones en trámite’.

Hagamos la cuenta. El 227/26 rigió del 8 de julio al 9 de septiembre: sesenta y tres días. Más de dos meses. En ese lapso, un incentivo fiscal que en sus propios considerandos de nacimiento se declaró ‘necesario’, decía ’resulta necesario instrumentar incentivos que generen un marco favorable para la inversión’, atrajo la impresionante cantidad de cero inversores. Ni uno. Ni siquiera una consulta de adorno. El artículo 2° del 322/26 se encarga de aclarar que por eso no hay derechos adquiridos que proteger: no se afecta a nadie, porque nadie se adhirió. ¿A qué se debió? ¿Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía?

Esto merece un momento de respetuoso silencio, porque es una tragedia griega en formato A4. Esta administración construyó toda su teología económica sobre un dios: la iniciativa privada, ‘el motor genuino de crecimiento’, como repite el 322/26 en modo catequesis. Le ofreció al dios un sacrificio de sesenta partes, del 30% al 0,5%, en el altar más preciado del distrito, la Costanera. Y el dios, con toda la solemnidad del mercado que tanto dicen reverenciar, no apareció. Ni siquiera mandó un representante. Ni un explorador. Ni un curioso.

Un incentivo fiscal que nadie aprovecha es como una vidriera con setenta por ciento de descuento donde no entra un alma: o el producto es malo, o nadie confía en que el vendedor siga ahí mañana, o ambas cosas. Y la verdad es que, en este caso, la sospecha es razonable. El 227/26 nació manchado: lo dictaron mientras el proyecto ómnibus moría de risa en comisión, con tres dictámenes sin mayoría, con un Artículo 16 que se citaba a sí mismo, con concejales que admitían no haber leído el texto en tres meses. ¿Qué inversor serio construye un hotel sobre un decreto que nació peleado con su propio Concejo?

El propio 322/26 certifica, con membrete y firma de Eduardo Marcelo Torres, el fracaso estrella de la gestión: la promoción inmobiliaria costera, esa que debía reflotar Zárate, tuvo en dos meses exactamente la misma cantidad de adhesiones que un sorteo de una heladería en la luna.

🕴️ El traje a medida y el cliente que ya no espera

Y acá llegamos al capítulo que todo lo explica, aunque nada lo justifique. Porque si nadie se adhirió al régimen de 0,5%, vale preguntarse: ¿para quién se hizo?

La respuesta estaba escrita desde el principio. La única inversión que esta administración presentó públicamente como fruto de su política costera fue la encabezada por Alberto Crajevich, y esa inversión no estaba atada al decreto: estaba atada al Expediente 205/26. Lo dice, literal, el Artículo 12 del proyecto: ‘Incorpórase el inmueble de Circ1, Sec G, Mz 393, Parc 1b… a la Zona RCA1… en cumplimiento del acuerdo judicial homologado… Expte. N° 54689, en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Zárate-Campana’.

Recordemos la historia completa, que contamos en De la usurpación a la promoción inmobiliaria: el municipio que en tribunales juró, por escrito, con firma de su abogado, que ese terreno era público desde los años ochenta, terminó homologando un acuerdo con el comprador y prometiéndole, vía Artículo 12, la zonificación más valiosa del código. Y recordemos también, como relatamos en El efecto mariposa zarateno, que ese acuerdo municipal terminó cayéndose cuando el expediente se trabó.

Fijémonos ahora en la geografía del regalo. El artículo 2° del 227/26 delimitaba su ámbito de aplicación con una precisión de agrimensor: reprodujo, vértice por vértice, el polígono del artículo 1° de la Ordenanza 4230. El mismo polígono que abarca la Costanera. El mismo polígono donde está, casualmente, la Manzana 393, Parcela 1b. Treinta por ciento para todo el distrito; cero coma cinco para el terreno del litigio. La sospecha de que el 0,5% era un traje a medida para la operación Crajevich no es un delirio: es la única hipótesis que explica por qué se apuró el decreto en julio, por qué se lo anunció con bombos y platillos como motor de una construcción que jamás llegó, y por qué hoy, con la ordenanza trabada y el acuerdo caído, el traje se devuelve a la sastrería, con mucho polvo encima,  con el Decreto 322/26.

Con una diferencia, claro. El traje se hizo a medida, pero el cliente ya había salido de la vidriera. Por eso el artículo 2° puede jurar que no hay derechos adquiridos: no hay nada que proteger porque nunca hubo nadie adentro del régimen. El festejo se canceló por falta de aceptación de los invitados; el anfitrión deroga la fiesta, culpa a los vecinos que no quisieron pagarla y promete, en el último considerando, ‘reinstrumentar’ todo apenas consiga el marco normativo que en julio le sobraba.

🦋 Epílogo: la derrota que firma con membrete

Hay algo profundamente literario en el Decreto 322/26. Matzkin invoca la ‘potestad de revocación de los propios actos’, una figura técnica del derecho administrativo que permite corregir errores. Pero leerlo entero, considerando por considerando, descubre otra cosa: no es un decreto que corrige un error. Es un decreto que intenta borrar una derrota. Y el problema del papel oficial es que está siempre vivo, no se deja borrar: queda archivado en el SIBOM, con fecha, hora y segunda edición. Los actos de gobierno son como las estrías del río: el agua pasa, la huella queda en la costa.

Porque la lección filosófica de esta semana es vieja y zarateña. Quien gobierna contra su propio Concejo termina gobernando contra sí mismo. Quien confunde el rechazo de un dictamen con la muerte de un expediente termina escribiendo mentiras ‘de público y notorio conocimiento’ en documentos que, precisamente, serán de público y notorio conocimiento. Y quien le regala la ribera a un apellido, como advirtió la diputada Propato y como desarmamos en Esto es lo que quieren hacer en la Costanera, termina firmando, sesenta y tres días después, la autopsia de su propio regalo.

El decreto 205/26, mientras tanto, sigue vivo en el Concejo. Los dos dictámenes restantes esperan votación, el final del cuarto intermedio se acerca , y la puerta que dejamos entreabierta en Quien mal comienza, mal acaba sigue exactamente donde estaba: entornada, con el viento del Paraná entrando, y afuera los vecinos esperando que alguien se ocupe de ellos y no de los terrenos de la Costanera.

El río, que ya vio a otros intendentes, otras matemáticas creativas y otros decretos de segunda edición, sigue ahí. Tranquilo. Mirando todo. Y el río sabe algo que el Decreto 322/26 no pudo derogar: quien se entierra solo, tarde o temprano se queda sin lugar donde pararse.