Segunda entrega. En nuestra nota anterior mostramos el proyecto de la Policía Municipal, las armas que Iglesias niega y Matzkin reivindica, y la plata que nadie presupuesta. Hoy vamos al meollo jurídico, que es donde el texto se desarma solo: el proyecto parece no saber si la futura policía puede hacer inteligencia criminal o no, y la respuesta correcta, la de la ley nacional, es que no.

El gobierno de Matzkin anunció 24 meses de subsidio de alquiler para las familias del barrio San Javier. Brillante: el anuncio no tenía respaldo normativo, el responsable del fracaso previo era el Concejo, y la solución real terminó saliendo de un proyecto de Fuerza Patria que su propio oficialismo demoró. Repasamos la secuencia completa, con documentos y fechas.

El Ejecutivo de Matzkin envió al Concejo Deliberante un proyecto de 54 artículos para crear una Policía de Prevención Municipal. Levantamos el texto íntegro y esto es lo que encontramos: pasajes literales de una ordenanza de San Miguel de 2015, un Secretario de Prevención Ciudadana que dice en los medios cosas que el papel que defiende desmiente, y ni una sola línea que diga de dónde saldrá la plata. Como el Municipio no lo presentó ante los ciudadanos, lo publicamos nosotros.

Charly García dijo alguna vez que la mediocridad, para algunos, es normal. Y que la locura es poder ver más allá. Revisando los papeles que el Honorable Concejo Deliberante de Zárate tratará hoy en la sesión, no podemos dejar de pensar en esa frase. Porque lo que sigue no es una crónica política: es una radiografía. Y como toda radiografía, se puede comprobar.

Brasil vota el 25 de octubre entre la continuidad y una dinastía condenada por golpismo; España, el 29-N, entre el recuerdo de lo que fue y el miedo a lo que viene. Entre medio, una izquierda que administra en lugar de responder, y una ciudadanía que ya no espera: exige.

Tercera entrega de esta investigación sobre el Expediente 468/26. La primera está acá, la segunda acá. Esta vez el objeto de estudio no es el expediente: es el silencio que lo rodea, quién se beneficia de sostenerlo, y la pregunta de si ese silencio tiene nombre y apellido.

Un diputado de La Libertad Avanza presentó en la Legislatura un proyecto para obligar a los municipios a justificar cada tasa con un servicio real. En Zárate, sus correligionarios ediles hicieron exactamente lo contrario: le votaron al Intendente un sistema de tasas de ‘alcance general’ sin contraprestación identificable. La paradoja, como siempre, está documentada.

La remodelación de Plaza Italia llegó a un cruce inédito: según el propio Intendente, existe un convenio con la Sociedad de Arquitectos y esa colaboración fue pagada. Según el ordenamiento público, ningún convenio de esos pasó por el Concejo Deliberante. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo.