«Zárate Dialoga»… ¿o espía?

El 26 de octubre de 2026, mientras en esta web publicábamos la tercera entrega sobre la Policía Municipal, la que se solventará con la plata que nadie presupuesta, el Departamento Ejecutivo firmaba otro papel: el Decreto DECRET-2026-0379-ZARA-INTEN, que crea el Programa Municipal de Mediación Comunitaria «Zárate Dialoga», dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana que refrenda el Dr. Juan Manuel Iglesias. La causa noble está servida: diálogo, convivencia, acuerdos. Ahora bien: ¿hay algo detrás de la fachada? Vení, sentate, que esto se media mejor en otra instancia.

📄 Un decreto que se firmó sin analizar

El artículo 10° obliga a todas las dependencias municipales a colaborar «para el cumplimiento de los objetivos del Centro». ¿Qué centro? El programa no es un centro: es un programa. Salvo que, claro, se haga en pos de los objetivos el COZ. Ya escribimos cómo el COZ, que «legalmente no existe», es la Dirección de Prevención Urbana con nombre nuevo, operando incluso como canal de WhatsApp de denuncias, con preguntas sin respuesta sobre quién ve los datos y durante cuánto tiempo se conservan: la nota está acá. Visto así, «el Centro» del art. 10° no es un error de tipeo. Es la firma.

⚖️ «No sustituirá al Juzgado de Faltas», promete el papel. El papel miente.

El considerando cuarto y el artículo 2° juran que el programa es «no jurisdiccional» y no reemplaza al Juzgado Municipal de Faltas. Hermoso. Ahora revisemos qué conflictos quedan adentro una vez aplicadas las exclusiones:

• Queda afuera todo lo patrimonial (art. 4°): si el conflicto tiene «contenido económico», una medianera, un lindero, plata prestada, daños, no hay mediación y se deriva al organismo competente. O sea: se deriva… al Juzgado de Faltas o a la Justicia. Como siempre.
• Quedan afuera los delitos, la violencia de género, los riesgos y los casos con niños (art. 5°): correcto, corresponde. También se derivan a organismos estatales. Como siempre.
• ¿Y qué queda adentro? Ruidos, basura, animales, escándalos de vecindario. Adivinen dónde está tipificado todo eso: en el Código de Faltas provincial (Decreto-Ley 8.031/73). El art. 74 inc. d reprime al que con ruidos afecte «la tranquilidad de la población»; el art. 77 sanciona el escándalo que altere «la tranquilidad del vecindario»; el art. 47, a los animales sueltos en la vía pública. En Zárate, ese material lo procesan los Juzgados de Faltas N° 1 (Mariano Graciarena) y N° 2 (Florencia Robiano), al que en 2024 ingresaron 4.247 y 4.089 causas respectivamente.

Traducción: el programa recauda exactamente los mismos conflictos que hoy entrarían por ventanilla al Juzgado de Faltas, los estaciona en una oficina sin potestad sancionatoria y, si no hay acuerdo, los devuelve por donde vinieron. Solo que ahora el municipio conoce de antemano quién se pelea con quién, en qué calle, por qué motivo, con qué teléfono y qué DNI. El art. 11° lo remata: los acuerdos «no tendrán por sí mismos carácter de resolución administrativa ni jurisdiccional». Es decir: es un Juzgado de Faltas sin dientes, con base de datos.

Y sobre esos juzgados ya escribimos: en 2024 resolvieron apenas el 52,3% y el 51% de lo que ingresó, con un presupuesto ampliado después de aprobado un 68,5% hasta $145.632.699,95 y bonificaciones de «productividad» del 60% cuya justificación no figura en ningún informe público. La radiografía completa está acá. Si la rama judicial municipal resuelve la mitad, la respuesta no puede ser abrir otra dependencia que resuelve cero y anota todo.

Quizás lo que haya que analizar es si resulta necesario incorporar un nuevo Juzgado de Faltas.

🕵️ La mediación como método: ¿inteligencia con sabor a café?

Acá viene la parte que el Intendente no va a poner en el folleto. Fijémonos qué se construye con los artículos 8°, 9° y 10°, leídos a la luz de nuestra nota del 25 de octubre, donde mostramos que el proyecto de Policía Municipal se contradice seis veces sobre inteligencia criminal, copia el art. 4° inc. 3 de la Ley 25.520 y crea un área de «Análisis Criminal Preventivo» con producción estratégica y actualización permanente. Hilo completo: «Una Policía sin inteligencia».

«Zárate Dialoga» recibe casos «por derivación del Centro de Operaciones Zárate (COZ)» (art. 8° c). El mismo COZ que atiende WhatsApps de vecinos, hoy. Entonces el circuito queda así: el vecino cuenta su conflicto al COZ, el COZ lo deriva al programa, el programa toma los datos de ambas partes, nombre, domicilio, vínculo, motivo de la disputa, versión de cada uno, y registra todo en formularios que la propia Subsecretaría se autoriza a diseñar en el art. 9°, sin ordenanza, sin Concejo, sin registro público de bases de datos, sin plazo de conservación de datos, sin responsable designado. La confidencialidad del art. 6°, además, tiene puerta giratoria: cede «cuando exista obligación legal de comunicar o denunciar». ¿Quién decide cuándo existe esa obligación? El equipo del programa. ¿Con qué controles? Ninguno declarado.

No afirmamos que montaron un área de inteligencia, no nos consta, lo que sí documentamos es que el diseño institucional, origen de los datos en el COZ, captación voluntaria, ficha completa del conflicto, archivo interno, articulación obligatoria con todas las dependencias municipales (art. 10°), equipo ampliable «sin perjuicio de la incorporación de otros profesionales» (art. 7°), es estructuralmente idéntico al de un sistema de información sobre la población. Y cuando el diseño camina como pato, cueste lo que cueste llamarlo cisne, es pato. Que la Ley 25.520 prohíba crear grupos que ejecuten inteligencia fuera del sistema (su art. 11°), y que el art. 43 ter la castigue con prisión, debería hacer ruido en alguna cabeza del Palacio municipal. Aparentemente no.

💸 El presupuesto del día después

Como en el proyecto policial, nadie dice cuánto cuesta ni de dónde saldrá el dinero para sobrellevar esta nueva área municipal. El art. 12° manda el gasto a «las partidas presupuestarias vigentes» de la Secretaría. Las mismas partidas que, según la segunda y tercera entrega de esta saga, nadie detalla para seguridad: ni cuántos efectivos, ni cuánto sale el COZ, ni qué se paga con qué. Ya desarmamos esa falacia acá y acá. Un equipo mínimo de una mediadora matriculada con rango de directora y dos psicólogos sociales (art. 7°) no se financia con buenas intenciones: se financia con la partida que nadie muestra.

🧭 La alternativa que no sale en foto: educar en vez de fichar

Hay una vía honesta para el mismo problema, y no requiere decreto ni base de datos: una campaña de concientización ciudadana sobre deberes y derechos, para que cada vecino cumpla los suyos y exija el cumplimiento de los ajenos. Ruido molesto: saber que es falta, que la autoridad municipal debe constatarlo y que la Justicia de Faltas existe para dirimir diferencias vecinales. Basura en la vereda: saber qué ordenanza lo prohíbe y denunciar por los canales públicos que ya funcionan. Animales sueltos: ídem. No hace falta un confesionario municipal para aprender convivencia; hace falta un Estado que eduque, cumpla y sancione cuando corresponde, que es justamente lo que los Juzgados de Faltas, con el 50% de causas sin resolver y sobresueldos opacos, no están haciendo todo lo bien que es esperable.

Una campaña educa a 135.000 habitantes. Este programa, en el mejor de los casos, atiende algunos cientos y le regala al municipio un mapa de conflictos vecinales. En el peor… bueno, en el peor ya sabemos cómo terminan los mapas de conflictos en manos de políticos con ‘policías’ municipales en proyecto.