Era la noche del 28 de abril de 1983. Las diez de la noche. La televisión y radios argentinas fueron interrumpidas, sin aviso, por una cadena nacional. Cuarenta y cinco minutos. Una voz masculina, fría y solemne, leyó un texto mientras en pantalla desfilaban imágenes cuidadosamente seleccionadas: guerrilleros, armas, caos. Y después, como contrapartida bucólica, obreros trabajando en paz bajo el sol de la patria que, según la narración, las Fuerzas Armadas habían salvado. 📺
Lo que esa noche llegó a cada casa del país tenía un nombre oficial largo y pomposo: ‘Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo’. Pero en los despachos militares lo habían llamado, con mucha menos poesía y bastante más sinceridad, con el nombre en clave ‘Delta’. Un nombre que decía todo: fue una operación. No un mea culpa. No una reflexión histórica. Una operación de encubrimiento.
Hoy, 43 años después de esa noche, vale la pena releerlo. No para darle al texto más relevancia de la que merece, sino para entender con exactitud qué clase de cinismo es capaz de producir una dictadura cuando siente que se le acaba el tiempo.
El contexto: una Junta que sabía que se iba
Para entender el Documento Final hay que entender el momento. La dictadura estaba en retirada. La derrota en Malvinas, apenas un año antes, había desnudado la incompetencia militar ante el mundo entero. La economía era un desastre. Y lo más importante: ya estaban pactadas las elecciones para octubre de 1983. Reynaldo Bignone, el último presidente de facto, sabía perfectamente que el reloj corría en su contra.
La lógica era simple, aunque brutal: antes de entregar el poder, había que cerrar el tema de los crímenes. Sellar la historia. Imponer una versión. Y, llegado el caso, garantizar la impunidad legal mediante una ley que vino después, en septiembre: la infame Ley de Pacificación Nacional, que nadie en Argentina llamó así sino directamente por lo que era: la Ley de Autoamnistía.
El Documento Final fue, entonces, el prólogo ideológico de esa autoamnistía. La justificación filosófica del borrar y cuenta nueva. 🧹
Qué dice el papel (y lo que no dice)
El texto tiene la estructura de un alegato de defensa que nadie pidió. Empieza con una ‘síntesis histórica’ del terrorismo, describe con lujo de detalle los crímenes de las organizaciones armadas, y recién en la página cuatro se permite una pequeña concesión:
‘En este marco casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales’.
‘Errores.’ Así llaman a los 30.000 desaparecidos. A los vuelos de la muerte. A los centros clandestinos de detención donde se torturaba de manera sistemática, planificada, burocrática. ‘Errores’, como si Videla hubiera confundido dos formularios o Massera hubiera firmado el expediente equivocado.
La frase, además, remata con una perla teológica que dice mucho de cómo se pensaba la impunidad: los ‘errores’ quedan ‘sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres’. El juicio de Dios. No el de la Justicia. No el de los ciudadanos. El de Dios. Que es, como sabemos, un tribunal que no tiene fecha fijada, no admite testigos y nunca dicta sentencia en vida. Conveniente. 🙏
El capítulo más obsceno: los desaparecidos
Pero si hay una sección del Documento Final que merece detenerse, es la dedicada a los desaparecidos. Ahí, la Junta hace algo que ningún régimen genocida había hecho tan descaradamente: declara muertos a sus propias víctimas sin dar información sobre cómo, cuándo ni dónde.
‘Quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas.’
Los reconocen muertos. Pero no dicen quién los mató. No dicen dónde están enterrados. No dicen cuántos ni cuándo murieron. Y se lavan las manos agregando que toda la situación de ‘desaparecido’ es ‘una falsedad utilizada con fines políticos’.
En otras palabras: los matamos, pero la culpa es de los que los buscan.
Las Madres de Plaza de Mayo, que llevaban años caminando cada jueves, que habían sido perseguidas, que algunas de ellas también habían desaparecido, como Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, eran, para este documento, instrumentos de una operación política. El cinismo, en este caso, no alcanza como palabra. 💔
La cadena nacional: 45 minutos para intentar convencer a los argentinos
El video que la dictadura utilizó para acompañar la lectura del documento es, en sí mismo, una clase magistral de propaganda de Estado. Imágenes de guerrilleros armados, de asaltos, de violencia. Y después, el contraste calculado: familias trabajando, campos sembrados, fábricas en marcha. El mensaje subliminal era tan burdo que resultaba casi ofensivo para la inteligencia del espectador.
La voz narradora presentaba a las Fuerzas Armadas no como perpetradoras de crímenes de lesa humanidad, sino como salvadoras de la civilización occidental y cristiana. Una retórica que, por cierto, volvemos a escuchar cada tanto en boca de personas que deberían saber mejor nuestra historia.
Los diarios del 29 de abril de 1983 amanecieron con el tema en sus tapas. Pero el repudio fue inmediato. Los organismos de derechos humanos, los partidos políticos democráticos, buena parte de la sociedad argentina entendió lo que era aquello: un intento desesperado de cerrar el libro antes de que alguien pudiera leerlo.
La autoamnistía: el colmo del descaro
Cinco meses después de este Documento Final, en septiembre de 1983, la Junta dio el paso que faltaba. Promulgó la Ley 22.924, la Ley de Pacificación Nacional. Su artículo primero era una obra maestra del eufemismo jurídico:
‘Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982.’
El beneficio se extendía, claro, a todos los actos cometidos para ‘prevenir, conjurar o poner fin’ a esas actividades. Es decir: los torturadores, los secuestradores, los que tiraron personas vivas al Río de la Plata desde aviones militares, quedaban cubiertos. Todo era ‘acto de servicio’. Todo era ‘defensa de la Nación’.
El candidato peronista Ítalo Luder declaró que la autoamnistía era un ‘hecho jurídico consumado’ y que sería difícil revertirla. Fue uno de los errores de cálculo político más grandes de aquella campaña electoral. Del otro lado, Raúl Alfonsín repitió en cada acto, con una claridad que la historia reconoció: ‘Se propiciará la anulación de la Ley de Amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la Justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables.’ ✊
La democracia respondió: la nulidad y el juicio
El 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asumió la presidencia. Tres días después ya estaban sobre la mesa los Decretos 157 y 158. El 22 de diciembre, el Congreso argentino aprobó por unanimidad la Ley 23.040, que en su primer artículo decía lo que había que decir sin rodeos:
‘Derógase por inconstitucional y declárase insanablemente nula la ley de facto N° 22.924.’
‘Insanablemente nula.’ Dos palabras que valieron más que mil discursos. La autoamnistía no solo era derogada: era declarada inválida desde su origen. Un acto jurídico ilegítimo, producido por un gobierno ilegítimo, que no podía tener efecto legal alguno. La doctrina era clara: los gobiernos de facto no tienen capacidad de producir amnistías válidas. 📜
Y entonces llegó lo que la Junta nunca imaginó posible: el juicio.
El 22 de abril de 1985 comenzó, ante la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, el proceso que la historia conoce simplemente como el Juicio a las Juntas. Diecisiete semanas de audiencias. 709 casos probados de violaciones a los derechos humanos. Testimonios desgarradores. El país entero, pendiente de cada audiencia.
El 9 de diciembre de 1985, el juez León Carlos Arslanián leyó el fallo. Quedó probado que las juntas habían diseñado e implementado un plan criminal sistemático. Las condenas cayeron sobre Videla y Massera, reclusión perpetua, y sobre Viola, Lambruschini y Agosti, con penas menores. El plan ‘Delta’, el Documento Final, la autoamnistía: todo había fracasado.
Y el fiscal Julio César Strassera cerró su alegato con las cuatro palabras que todavía resuenan: ‘Señores jueces: Nunca más.’ 🕯️
Por qué esto importa hoy
Cuarenta y tres años después de aquella cadena nacional, el Documento Final de la Junta Militar sigue siendo un texto peligroso. No porque tenga poder legal, que no lo tiene, sino porque representa una forma de pensar que no desapareció con la dictadura.
La idea de que el fin justifica los medios. La idea de que ciertas vidas valen menos que el ‘orden’. La idea de que el Estado puede disponer de los cuerpos de sus ciudadanos si el enemigo es suficientemente ominoso. La idea de que los ‘errores’ cometidos ‘en combate’ deben quedar sujetos al juicio de Dios y no al de los hombres.
Esas ideas reaparecen. Con otras palabras, con otras banderas, con otras justificaciones. Y cada vez que reaparecen, la respuesta tiene que ser la misma: memoria, verdad, justicia. No como consigna vacía, sino como compromiso concreto con los hechos y con las instituciones democráticas que, imperfectas como son, son lo único que tenemos entre la civilización y el abismo.
El Documento Final quiso cerrar una historia. La historia lo juzgó.
‘Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información’.
RODOLFO WALSH – AGENCIA CLANDESTINA DE NOTICIAS
