Se hacen las vístimas

O cómo el municipio que juraba en tribunales que la Costanera era pública, ahora la entrega con moño y cambio de zonificación… pero sigue sin convocar al Concejo.

Hace unos días, mientras el Intendente Marcelo Matzkin se victimizaba en redes por la demora del Concejo Deliberante en tratar el proyecto del relleno sanitario, ya veníamos advirtiendo que la puesta en escena era la misma de siempre: él tiene las herramientas, no las usa, y después llora. Eso ya lo conté acá.

Pero la verdad es que con la Costanera pasa algo todavía más raro. Algo que, si no estuviera documentado en papel con membrete, daría vergüenza ajena. O no. Quizás ya nos estamos acostumbrando.

El asunto es este: el municipio de Zárate está litigando hace años por un inmueble en la Costanera Sur. Y en vez de defender la propiedad pública como predicaba, ahora resulta que la entrega. Pero no solo la entrega: le cambia la zonificación, le abre la puerta a la especulación, y mete todo en un proyecto combo que obliga a los concejales a tragar entero o votar en contra de todo. Y encima, como si fuera poco, sigue sin convocar al Concejo a sesión extraordinaria pese a tener la facultad expresa para hacerlo.

Vamos por partes, porque el asunto da para varios capítulos y, la verdad es que, cada vez que abrís un expediente de esta gestión, encontrás una contradicción nueva.

🏛️ De ‘no hubo despojo’ a ‘tomá el inmueble’: la coherencia según Albesa

Empecemos por el documento judicial. En la causa ‘Crajevich Alberto Ernesto c/ Municipalidad de Zárate s/ Acción Reivindicatoria’ (Expediente N° 54689), el abogado del municipio, Hugo Alejandro Albesa, presentó una contestación de demanda que es, en sí misma, un monumento a la defensa del espacio público.

Ahí, el municipio niega todo. Niega que haya usurpado, niega que haya despojado, niega que haya actuado con torpeza o ilegalidad. Sostiene que el inmueble, el famoso Circ 1, Sección G, Manzana 393, Parcela 1b, fue ocupado por el Estado desde la década de 1980, cuando la gestión del Dr. Aldo Arrighi relocalizó el Barrio La Carbonilla por ser zona inundable. Dice que el municipio hizo obras de relleno, mantenimiento, parquización. Que desde el año 2009, con el Master Plan Costanera aprobado por la Ordenanza N° 4053/12, la zona fue declarada de utilidad pública. Que el 23 de diciembre de 2015, la Ordenanza 4432/15 declaró que el inmueble queda sujeto a expropiación. Y que el actual demandante, Crajevich, compró el terreno sabiendo todo esto, ‘aprovechando la oportunidad’ de un inmueble que ya era espacio público municipal.

En resumen: no hubo despojo, el terreno es público, y el que compró lo hizo con ojos abiertos. Pide el rechazo de la demanda y las costas para el actor.

Hasta acá, todo bien. Un municipio que defiende lo público. Un abogado que labura. Una línea argumental consistente.

Pero entonces aparece el otro documento.

📜 El proyecto 205 del Departamento Ejecutivo: cuando el municipio se contradice en su propia cara

El 22 de mayo de 2026, Matzkin envió al Honorable Concejo Deliberante el Expediente N° 4121-HCD-205/26. Es un proyecto de ordenanza que, según una nota ‘corregida’ del mismo día, se envió por error en una primera versión y ahora se presenta la definitiva. La sustancia, dicen, no cambia. Y tienen razón: la sustancia es la misma de siempre, entregarle la Costanera a quien la pida.

En el Artículo 12 de ese proyecto, con una naturalidad que asusta, se dispone lo siguiente: se incorpora el inmueble Circ 1, Sec G, Mz 393, Parc 1b a la Zona RCA1 del Código de Planeamiento Urbano, ‘en cumplimiento del acuerdo judicial homologado judicialmente’ en la causa Crajevich, Expediente N° 54689.

Es decir: el mismo municipio que, por boca de Albesa, juraba en tribunales que el terreno era público, que no hubo despojo, que las obras fueron municipales y que Crajevich compró a sabiendas… ahora homologa un acuerdo, desiste de la defensa, y le cambia la zonificación al inmueble para que sea residencial comercial alta.

¿Alguien puede explicar el proceder de Matzkin? Si no hubo despojo, ¿por qué se firma un acuerdo? Si el terreno era público desde los años 80, ¿por qué se lo devuelven? Si era de utilidad pública y sujeto a expropiación, ¿por qué ahora se lo zonifica como RCA1, la categoría más valiosa del código urbanístico, apta para torres y negocios?

La respuesta no está en la ley. Está en la lógica del negocio. Defender lo público en tribunales cuesta. Regalarlo por acuerdo, en cambio, rinde. Y si encima le cambiás la zonificación, el valor del inmueble se multiplica. Es como devolverle el auto robado al dueño, pero con el tanque lleno, el service hecho y un par de mejoras que vos pagaste.

Pero hay más. El Artículo 10 del mismo proyecto instruye al Departamento Ejecutivo a que, ‘previo dictamen legal, desista de vías recursivas meramente dilatorias’ en causas judiciales sobre inmuebles con doble sentencia iniciadas por particulares damnificados a los que el municipio despojó. Y no solo eso: debe acordar con los actores el desistimiento de reclamos resarcitorios, reconociendo ‘exclusivamente los honorarios judiciales’ impuestos por la Justicia, pagaderos en 12 cuotas sin interés.

Traduzcamos: el municipio se rinde y encima le da al damnificado una zonificación que multiplica el valor del terreno. Todo en un solo artículo. Todo sin que nadie pregunte demasiado.

📦 El combo imposible: boliches, barrios inundables y una costanera de regalo

Pero el Proyecto 205 no se queda ahí. Es un proyecto Frankenstein. Un armado de piezas que no tienen nada que ver entre sí, atadas con alambre legislativo para que nadie pueda tocar una sin tocar todo.

Además de la entrega del inmueble de Crajevich, el proyecto incluye:

• Un régimen de promoción de la construcción en toda la Costanera, con beneficios tributarios, créditos compensables y transferibles, y exenciones para desarrolladores inmobiliarios.
• La transferencia de inmuebles municipales a ENDEZA para que los concesione, excepto los que tienen reclamos judiciales (como el de Crajevich, que se resuelve por acuerdo).
• La relocalización de locales nocturnos (boliches, confiterías bailables) a espacios públicos con concesiones de 30 años sin canon mensual.
• Un plan de venta de inmuebles municipales para financiar la relocalización de barrios en zonas inundables.

¿Por qué todo junto? ¿Por qué no se desagrega? ¿Por qué no se discute la promoción inmobiliaria por un lado, la regularización de juicios por otro, y los barrios inundables en un proyecto aparte?

La respuesta es vieja y conocida: porque si se desagrega, se discute. Y si se discute, se ven las costuras. Así, en cambio, los concejales se ven obligados a votar todo o nada. Si querés que se vendan tierras para relocalizar familias, tenés que tragarte la entrega del inmueble a Crajevich. Si querés que los boliches se muden, tenés que aceptar los beneficios inmobiliarios para los desarrolladores. Es el método de la olla podrida: mezclás todo, tapás con salsa, y a ver quién se anima a decir que no.

Ya lo vimos con el truco fiscal del Decreto 227/26. Ya vimos cómo se inventan regímenes para saltear al Concejo. Ahora, en vez de decretos, meten todo en una ordenanza combo para que el Deliberativo sea cómplice sin darse cuenta o a sabiendas, o para que, si se da cuenta, quede como el que obstaculiza ‘la solución’.

⏱️ La sesión extraordinaria que nunca fue (de nuevo)

Y acá viene la parte que ya parece un loop de serie de Netflix. Matzkin, o sus funcionarios, o sus concejales, se quejan de que el proyecto no avanza. Que lleva meses sin tratamiento. Que la oposición bloquea. Que Zárate no puede esperar.

De hecho su mano derecha, la siempre bien predispuesta presidente de la Unión Cívica Radical de Zárate, María Elena Gallea, se victimiza en los medios reclamando que el Concejo Deliberante no trata el proyecto del Ejecutivo (a propósito, ¿cuántos proyectos presentó la bancada oficialista desde diciembre pasado? ¿Por qué Matilla encubre esta información al no publicar la información que debe ser pública?), pero no convocó, con el apoyo de dos ediles, a una sesión extraordinaria del Concejo para tratar este proyecto. Como el Intendente, ‘se hace la vístima’.

Porque la verdad es que, una vez más como en el caso del relleno sanitario del que ya te hablamos, el propio Intendente no convocó a sesión extraordinaria. La Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 68, inciso 5, es clarita como el agua: el Intendente puede convocar al Concejo a sesiones extraordinarias ‘siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija’. Y si la entrega de la Costanera, la regularización de juicios millonarios y la promoción inmobiliaria no son asuntos de interés público y urgente, entonces no sé qué lo es.

Es la misma puesta en escena de siempre: se martirizan en público para tener ‘razones’ que justifiquen su accionar. El problema no es que el Concejo no sesione. El problema es que él no quiere que sesione con este proyecto, porque sabe que, si se discute, las contradicciones saltan a la vista. No hay un concejal oficialista que esté capacitado para defender el proyecto. Que un concejal honesto podría preguntar: ‘¿Por qué defendimos el inmueble en tribunales si ahora lo entregamos?’ O: ‘¿Por qué metemos todo en un solo proyecto?’ O simplemente: ‘¿Por qué no convocó usted la sesión extraordinaria, Intendente?’ Y su propio bloque lo secunda en la labor.

Pero el Concejo Deliberante, en su mayoría, no pregunta. Actúa de forma complaciente y cómplice. Y los que sí preguntan, quedan aislados en una interna que Matzkin se encarga de etiquetar como ‘política partidaria’, no como control institucional.

🎭 Conclusión: la vístima que no cola

Al final, el problema de la Costanera no es solo urbanístico. Es de coherencia. Es institucional. Es ético.

Un día, el municipio envía a Albesa a tribunales a negar el despojo, a defender el espacio público, a sostener que el Master Plan y las obras municipales hicieron del terreno un bien de todos. Al otro día, el mismo Intendente envía un proyecto al Concejo para homologar un acuerdo con el supuesto damnificado, cambiarle la zonificación a comercial alta, y enterrar el asunto antes de que alguien pregunte por qué.

No puede ser público y privado al mismo tiempo. No puede haber despojo y acuerdo amistoso en la misma oración. A menos que, claro, lo único que importe no sea la verdad, sino el negoci(ad)o. A menos que la defensa judicial haya sido solo una pantalla para ganar tiempo, para agotar al actor, para después firmar un acuerdo que le convenga a ambas partes… pero no a los vecinos.

Porque los vecinos, los que usan la Costanera, los que pagaron con sus impuestos las obras de relleno y mantenimiento que ahora sirven para valorizar un inmueble privado, esos no firman el acuerdo. Esos no cobran el crédito tributario. Esos no obtienen la concesión de 30 años sin canon. Esos solo miran, una vez más, cómo lo público se convierte en privado con la firma de un Intendente que ‘se hace la vístima’ en redes pero nunca olvida a quién le debe favores. Con concejales que ‘se hacen las vístimas’ en los medios, y callan de manera cómplice en su lugar de trabajo.

Matzkin tiene las herramientas para convocar al Concejo Deliberante, para debatir, para separar los proyectos y discutirlos con honestidad. El oficialismo en el Concejo Deliberante también tiene la misma posibilidad si logra el apoyo de dos concejales. Pero no lo hacen. Prefieren el llanto mediático, la culpa al Concejo, la demora como excusa. Y cuando alguien levanta la mano para decir ‘che, esto no cierra’, la respuesta es la de siempre: es la oposición, es la interna, es el mundo contra ellos.

No, Intendente. No es el mundo contra usted.

No, concejal Gallea. No es el mundo contra ustedes.

Son sus propios documentos los que lo desmienten. La contesta de demanda de Albesa y el proyecto 205 no pueden ser verdaderos los dos. Y ustedes saben cuál es el que miente.