Zárate S.A.: cuando el Intendente confunde el Estado con una empresa

El pasado lunes, en una entrevista futbolera que Martín Ocampo y Ramón Díaz le realizaran a Marcelo Matzkin en ‘Estudio 13’, que sonrojaría al Martín Ocampo y Ramón Díaz de FM Rock, el Intendente nominal dio varias declaraciones polémicas, entre ellas reconocer públicamente que ya no adhiere a la idea que la Presidencia del Concejo Deliberante le corresponda a quien triunfó en la última elección o anunciar que la concesión de la Terminal es a cambio que Argenservices S.A. construya un Centro de Monitoreo en otro lado, tema que aparece ahora quizás por nuestra publicación, aunque hubo otra declaración que sobresalió.

Lo dijimos en varias notas anteriores y finalmente el Intendente nominal lo blanqueó. Para Marcelo Matzkin el gobierno municipal es una empresa de gestión pública. Una ‘empresa de gestión pública’. Así, como si nada, con la naturalidad de quien pide un café. Como si acabara de inventar la rueda cuadrada y esperara aplausos. Pero bueno, reflexionemos: ¿es así? ¿Realmente el Estado puede -o debe- funcionar como una empresa? Spoiler: no. Pero vayamos paso a paso, porque este experimento neoliberal zarateño merece un análisis detallado.

🎭 El Estado NO es una empresa (aunque Matzkin sueñe con ser CEO de Zárate S.A.) 

En el mundo de las fantasías neoliberales hay una especialmente persistente, casi entrañable por lo ingenua: la idea de que el Estado es -o debería ser- una empresa. Una especie de supermercado gigante donde el ciudadano es cliente, el intendente es gerente, y la democracia… bueno, la democracia estorba: ralentiza, molesta, protesta, exige rendición de cuentas, pregunta por qué se privatiza la Terminal sin licitación. De hecho el propio Matzkin lo reconoció en la entrevista, las últimas elecciones conspiraron contra su gestión ya que le debían destinar tiempo y esfuerzo que podrían poner en su ‘trabajo’.

Por eso a los apóstoles de la eficiencia privada les encanta repetir que ‘hay que gestionar como una empresa’, como si la política fuera un Excel mal formateado y el pueblo un gasto superfluo que se elimina con Ctrl+Del. Como si los ciudadanos fuéramos números rojos en una planilla de costos que hay que recortar en la próxima reunión de directorio.

Pero la comparación se derrumba con sólo repasar qué es una empresa. La empresa existe para una sola cosa: maximizar ganancias. No tiene ética más allá del balance, no tiene vocación de servicio, no tiene responsabilidad social más allá de la que obligan los reguladores o simulan los departamentos de marketing con campañas de greenwashing.

Su finalidad es clara, lineal, monomaníaca: comprar barato, vender caro y, si todo sale bien, repartir dividendos entre los accionistas que pusieron la plata.

Una empresa puede cerrar sucursales, deslocalizar operaciones, despedir en masa, o abandonar completamente una actividad si deja de ser rentable. Y está bien: ese es su mandato. Las empresas no son malas por naturaleza, simplemente tienen un objetivo específico que nada tiene que ver con el bien común.

El Estado, en cambio, existe precisamente para cumplir todos los objetivos que ninguna empresa cumpliría jamás.

Ahí radica la esencia de la socialdemocracia, aunque a algunos les resulte un término tan arcaico como incómodo: el Estado no busca lucro, busca garantizar derechos; no recorta por rentabilidad, expande por justicia; no deja a un barrio sin agua porque ‘no cierra el número’, sino que invierte aunque ‘pierda dinero’, porque la ciudadanía no se administra como mercancía.

El Estado tiene funciones indelegables que lo diferencian radicalmente de la empresa privada: educación, seguridad, salud, hábitat, regulación, redistribución, protección de los sectores vulnerables y construcción de horizontes comunes. No puede elegir atender sólo a ‘los clientes premium’ con tarjeta Black; está obligado -moral, política y constitucionalmente- a garantizar igualdad real para todos, especialmente para quienes el mercado declara prescindibles. Y esto se logra interviniendo en el mercado. 

Como explica el académico Robert Denhardt en su teoría del ‘Nuevo Servicio Público’, ‘el éxito de la administración pública no se mide por indicadores financieros como el retorno de inversión, sino por el impacto social y la satisfacción ciudadana. Pero claro, eso no suena tan sexy como hablar de ‘eficiencia empresarial’.

Cuando un gobernante insiste en que el Estado debe ‘funcionar como empresa’, lo que realmente está diciendo es: ‘Quiero un Estado que funcione sólo para quienes pueden pagar.’

Lo demás es maquillaje semántico. Palabrería marketinera. Un eufemismo elegante para decir: ‘Si no podés pagar, no sos mi problema’.

🎪 La confusión deliberada de Marcelo Matzkin (o el manual para convertir lo público en privado sin que nadie se dé cuenta)

En Zárate, esta confusión dejó de ser un error conceptual para convertirse en un programa político de disciplinamiento y recorte. Marcelo Matzkin repite incansablemente la noción de ‘empresa de gestión pública’, una criatura híbrida que sólo existe en su imaginación: un Frankenstein administrativo que combina el autoritarismo del gerente con la impunidad del funcionario, pero sin asumir las obligaciones que sí tiene un Estado.

Porque ojo: cuando Matzkin habla de ‘empresa’, no habla de eficiencia para mejorar servicios públicos, sino de eficiencia para ajustar, para controlar, para restringir derechos laborales, para justificar precarización, para blindar decisiones opacas detrás de un supuesto ‘criterio técnico’ que nadie puede cuestionar porque ‘no entendemos de management’.

Es el mismo cuento que escuchamos en toda América Latina durante décadas. Como señala la literatura académica sobre plutocracia, ‘bajo el discurso de libertad económica y de reducir el tamaño del Estado, ciertas élites económicas buscan alcanzar el poder político para controlar al Estado y conseguir una serie de prebendas y beneficios para sus intereses particulares’.

¿Les suena familiar? Como ya documentamos en www.principedelmanicomio.ar, la gestión Matzkin ha convertido a Zárate en un caso de manual: mientras el relato habla de servir a los que menos tienen, los datos demuestran que lo que se prioriza es la posibilidad de negocio de los que más tienen.

Una ‘empresa de gestión pública’ según Matzkin puede:

• Tratar a los trabajadores municipales como recursos descartables, porque total, en una empresa los empleados son ‘capital humano’ que se puede reestructurar, optimizar o directamente despedir cuando el Excel lo exige.
• Ocultar decisiones políticas bajo la alfombra de la ‘administración’, porque si es una decisión ‘técnica’ ya no hace falta explicarle al pueblo. Los accionistas (perdón, los ciudadanos) no entienden de estos temas complejos.
• Tercerizar, externalizar o privatizar pedazos del Estado sin llamarlo privatización, porque en el mundo corporativo eso se llama ‘outsourcing’ y suena mucho más cool. Como el caso de Argenservices S.A. con la Terminal: no es una privatización, es una ‘concesión estratégica’. Guiño, guiño.
• Reducir la democracia a una asamblea de accionistas… donde los vecinos jamás son invitados. O peor aún: donde los vecinos son tratados como molestos accionistas minoritarios sin derecho a voto, que molestan en las reuniones de directorio preguntando por qué las cuentas no cierran.

La consecuencia para los zarateños es clara y brutal

Si el Estado se convierte en empresa, los ciudadanos dejan de ser titulares de derechos y pasan a ser clientes rehenes. Y como toda empresa que busca maximizar ganancias, empieza a surgir la pregunta siniestra: ¿qué pasa con aquel que no puede pagar?

¿Qué barrio de Zárate se inunda porque no es ‘rentable’ invertir en desagües? ¿Qué vecinos esperan meses por una ambulancia porque no viven en la zona ‘premium’? ¿Qué trabajadores municipales son despedidos porque el ‘plan de reestructuración’ exige ‘bajar costos laborales’?

Ese plan, por supuesto, no existe en el discurso público. Porque una empresa no se hace cargo de lo que no es rentable. Y Matzkin lo sabe.

💡 Nuestra idea es la contraria: el Estado debe ser garante de igualdad, no un negocio con ventanilla

El proyecto de Matzkin retrocede a una lógica empresarial que convierte lo público en un catálogo de servicios pagos y la democracia en un trámite molesto que hay que sortear cada cuatro años. Es la vieja receta del neoliberalismo: reducir el Estado para que otros hagan negocio con lo que antes era de todos.

Como señala Vilfredo Pareto en su análisis sobre las élites, la plutocracia no es tanto el gobierno de los hombres de negocios como el gobierno de los políticos que apelan al poder público para su beneficio personal. Y en Zárate, esa dinámica está a la vista: desde la concesión de la Terminal sin licitación hasta el regreso de funcionarios caffaristas a puestos clave, todo apunta a lo mismo.

Zárate no es -todavía- una sucursal de una corporación. Y no debería serlo nunca. Porque cuando el Estado se piensa como empresa, los excluidos del mercado quedan automáticamente excluidos del Estado. Y eso tiene un nombre: se llama plutocracia.

Como ya advertimos en otros artículos de www.principedelmanicomio.ar, ‘mientras exista este sistema donde el poder económico compra al poder político, mientras sigan los contratos millonarios para los mismos empresarios, Zárate seguirá siendo una plutocracia disfrazada de democracia’.

🎯 Zárate no necesita un CEO. Necesita un Intendente.

Un intendente no está para vender productos, sino para ampliar derechos.

No está para disciplinar empleados como si fueran recursos humanos en una planilla de Excel, sino para administrar con transparencia y rendir cuentas ante el pueblo que lo eligió.

No está para maximizar ganancias, sino para maximizar justicia.

Y, sobre todo: No está para convertir el Estado en una empresa, sino para defenderlo de quienes quieren vaciarlo en nombre de la eficiencia.

Si el Estado fuera una empresa, Zárate -con sus desigualdades, sus necesidades estructurales, sus zonas vulnerables, sus barrios inundados, sus vecinos sin servicios- sería un pésimo negocio. Un proyecto con ROI negativo que ningún fondo de inversión tocaría ni con un palo de diez metros.

Por suerte, todavía no lo es.

Aunque Matzkin insista en gestionar el Distrito como si ya hubiera presentado la documentación en la IGJ para fundar Zárate S.A., con logo corporativo, misión, visión, valores y todo el paquete completo de consultoría empresarial.

Pero la política no es un emprendimiento. Los pueblos no son startups escalables. Y los ciudadanos que se dejan administrar como mercancía terminan siendo tratados exactamente así: como cosas descartables cuando el negocio no rinde.