El proyecto de Matzkin retrocede a una lógica empresarial que convierte lo público en un catálogo de servicios pagos y la democracia en un trámite molesto que hay que sortear cada cuatro años. Es la vieja receta del neoliberalismo: reducir el Estado para que otros hagan negocio con lo que antes era de todos
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Si esto pasó con un edificio que todos ven, en un terreno sobre la ruta, con una ordenanza publicada… ¿qué pasa con lo que no vemos?
La Ordenanza 5322 no es un acto administrativo: es una confesión política. Un papel que dice más por lo que calla que por lo que ordena. Un documento que lleva la firma de la complicidad institucional, del Concejo Deliberante que aprueba sin preguntar, de la oposición que critica pero no frena, del sistema que funciona para pocos y cobra a todos.