El jueves pasado el Ministro de Justicia provincial, Julio Alak, expuso ante las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Seguridad y Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense para explicar los alcances de la Resolución 831, firmada por él diez días antes y que llamativamente no estaba disponible en el portal que el gobierno tiene para que los ciudadanos podamos acceder a la normativa legal provincial.
El título de esta Resolución es PLAN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, y tampoco la tuvieron disponible los legisladores en el transcurso de la reunión, curioso y preocupante. Este Plan, como se consigna en uno de los considerandos de la norma, busca dar respuesta a la realidad del Servicio Penitenciario Provincial que ‘se encuentra en una situación de franco colapso; problemática estructural, que desde antaño, agobia a la Provincia, y requiere de una estrategia activa por parte del Estado que permita planificar la recomposición del sistema en su plenitud’.
El tema, de por sí, ya debiera merecer la atención de los ciudadanos pero, en el caso de Zárate, requiere una especial atención porque el informe que acompaña la resolución permite tomar conocimiento de una serie de situaciones que, dada la falta u ocultamiento de estadísticas, no siempre hay acceso. La primera cuestión es que, tal como sabíamos hasta la instauración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, Zárate no pertenece al Área Metropolitana de Buenos Aires (queda demostrado que lo de la inclusión en el AMBA respondía a ciertos intereses), la segunda, que Zárate pertenece al selecto grupo de nueve municipios del interior bonaerense que tiene entre 200 y 1000 detenidos residentes en el Partido. Triste récord el de Zárate que claramente tiene relación, aunque no exclusivamente, con el aumento de la densidad poblacional del Municipio.
Aunque sin dudas la tercera cuestión, y que se encuentra íntimamente relacionada con la anterior, es la que más nos debe interesar a los zarateños puesto que el Plan presentado por el Ministro Alak, y que forma parte del Anexo de la Resolución 831 del Ministerio que él conduce, establece la ‘construcción de 30 Alcaldías, de 300 plazas cada una, en los municipios con mayor cantidad de detenidos de la Provincia’, y como se desprende del texto del texto del Plan difundido, Zárate es uno de esos 30 Municipios.
Curiosamente el citado texto no se condice con el mapa que acompañaba el párrafo que menciona la cuestión de las Alcaidías, el punto 3.2, y que aquí reprodujimos, puesto que en el mapa no están Pte. Perón, San Fernando; Hurlingham, Ezeiza, General Rodríguez, Zarate, que son mencionados como Municipios en los que se construirán Alcaidías y en el texto no aparecen Florencio Varela ni San Martín, que sin embargo sí aparecen en el mapa.
¿El Intendente Cáffaro estaba al tanto del proyecto presentado por el Ministro Alak? ¿Las legisladoras del oficialismo Patricia Moyano y Micaela Morán, que no participaron de la reunión virtual porque no forman parte de las Comisiones reunidas, están en conocimiento de lo que establece la Resolución 831? Los legisladores de la oposición, Sandra Paris y Matías Ranzini, que sí pertenecen a alguna de las comisiones reunidas, si bien se manifestaron sobre la presentación de Alak no mencionaron este tema, por lo que se deduce que no contaban con la documentación que aquí compartimos.
¿Qué opinará la ciudadanía zarateña al respecto? La cuestión es clara. Según anunció el Ministro Alak se construirá en Zárate una Alcaldía para 300 internos, aunque no se expuso el sitio concreto en el que se alzaría. ¿Está definido el lugar donde se emplazaría y no lo hicieron público o por ahora es una expresión de deseos y no hay claridad de donde podría afincarse la nueva construcción penitenciaria? Aun sin estas precisiones, sí queda en claro cómo sería su diseño porque así consta en el reporte presentado por el Ministro Alak.
¿El Intendente Cáffaro no sabía nada?
Si efectivamente no lo sabía es para preocuparse el ninguneo al que lo somete el gobierno provincial que lo obliga a enterarse de lo que éste va a hacer en el Municipio que gobierna una vez que las cosas están decididas.
Si en cambio sí lo sabía, la opción más probable, es vergonzoso el ocultamiento que se le hizo a la ciudadanía en un tema tan sensible.
Cuesta creer que Osvaldo Cáffaro no supiera sobre el tema. Sería bueno que lo explique porque las dos opciones son preocupantes.
Esto no se decidió el pasado 6 de octubre cuando el Ministro Alak firmó la Resolución 831. Estas cuestiones llevan, o al menos deberían llevar al menos, un tiempo de análisis y maduración, no se pueden hacer de manera intempestiva. ¿Qué ocurrió entonces en los tiempos previos? ¿Cuáles fueron las consultas que el intendente recibió sobre el tema, si las recibió, y lo ocultó a sus vecinos?
Una instalación como la que anunció Alak, requieren que antes se someta a un debate ciudadano que involucre a autoridades, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general, y hasta el momento se debatió entre pocos que lo mantuvieron oculto y se presenta ahora como una cuestión resuelta. Tiempo atrás hablábamos de todo lo que ocurre cuando uno cree que nada ocurre y de las cosas que nos iríamos enterando una vez que pasara la pandemia del COVID-19. La pandemia no pasó pero ya empezamos a enterarnos de cuestiones que se fueron fraguando a espaldas de la ciudadanía.
