Javier Yagode, el líder local de la sucursal del Movimiento Evita, es un dirigente sobre el que se han cernido numerosas historias, desde la negociación con los alimentos que recibe el Movimiento y la connivencia con el Municipio para la explotación de los cooperativistas, al cobro de una ‘cuota’ del plan que reciben los ciudadanos, sin embargo no hay denuncias que con pruebas certifiquen esta realidad.
Muchos afirman que las denuncias no se hacen por temor a perder los escasos beneficios con que cuentan por ser parte de los planes sociales, sin embargo en el último tiempo hubo quienes sí se animaron a ponerle nombre y apellido a las denuncias. La primera de ellas ingresó en el Concejo Deliberante bajo el Expediente 119/23 y se trató de una denuncia de vecinos que responsabilizaban al concejal Yagode de estar tras la ocupación ilegal de tierras en los terrenos ubicados frente al Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro. Al respecto el Concejo Deliberante local no hizo NADA y todo siguió como si nada hubiera pasado.
Pero no fue el único planteo ciudadano, días atrás ingresó en el Concejo Deliberante una nueva denuncia contra el Concejal Javier Yagode, en esta oportunidad se pide una sanción al concejal y su remoción como edil por ‘haber promovido la instalación y puesta en funcionamiento de un Mercado Concentrador clandestino’.
La denuncia es mucho más que contra Yagode puesto que, si es como se enumera, pone en sospecha el accionar del Municipio que nada hace ante un hecho ilegal, más allá de quien sea su organizador ¿O acaso la inacción del Municipio tiene que ver con que efectivamente sea Yagode quien organiza el supuesto Mercado Concentrador?
Es llamativa, y preocupante, la cantidad de denuncias que se ciernen sobre el concejal Yagode y como sus pares, en un verdadero esprit de corps, no hacen nada al respecto.
Está claro que el Concejo Deliberante no tiene el rol de impartir justicia, pero debe hacer todo lo que esté a su alcance para no perder su honorabilidad. Si se demuestra que uno de sus miembros no cumple con dicho precepto, debe actuar en consecuencia.
Los fundamentos de la Ley 14836, que modificó la Ley Orgánica de Municipalidades, son por demás claros, allí se consigna que ‘los objetivos del sistema de incompatibilidades son:1) garantizar la dedicación exclusiva de los funcionarios al cargo público y sus exigencias a efectos de asegurar la máxima eficiencia en su desempeño; 2) lograr ordenar el mercado de trabajo (ya que con tal figura se procura permitir el acceso al empleo de otras personas); 3) impedir que el agente público ejerza otra actividad o profesión, que por su naturaleza, no se condiga con la función pública. Por ejemplo: existencia de intereses contrapuestos, tráfico de influencias, contravención de la moral o la ética pública. A las mencionadas, Fernando García Pullés agrega la protección y garantía del interés público y el resguardo de la integridad psíquica y física de la persona que ocupa un cargo público’.
Queda claro que el proceder denunciado contra Javier Yagode es incompatible con su función como concejal y no se condice con la ética pública.
¿Tendrán ética los concejales para accionar en consecuencia?
‘Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror.’
RODOLFO WALSH – AGENCIA CLANDESTINA DE NOTICIAS
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El responsable es osvaldo caffaro
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