Y todo eso por 92 millones de pesos

Tras la última sesión del Concejo Deliberante de Zárate, expusimos públicamente lo que había ocurrido haciendo foco en lo irregular de la sesión, dado que no se había podido ver a través del streaming el desarrollo final de la misma. Los presidentes de bloque de Cambiemos y Juntos por el Cambio presentaron sendas notas a las autoridades del Departamento Deliberativo y, de acuerdo a lo que se conoce públicamente, aún no apareció el documento legal que acredite el desarrollo de la sesión ajustada a reglamento.

Sin embargo esa no fue la única crítica recibida tras la aprobación del boleto de compra venta que, justo es reconocerlo, no fue dado a publicidad por ningún concejal, como expusieron en la radio oficial el concejal Néstor Gerlo y la concejala Ana Laura Allemann, sino que estaba disponible en la propia página web del Concejo Deliberante, la que parece que no es visitada asiduamente por ninguno de los citados concejales, puesto que descartamos que no quisieron actuar con malicia mintiéndole a los vecinos.

Otra de las críticas estaba relacionada con una supuesta traba judicial para avanzar en el cambio de titularidad del terreno. Según informara el sitio Impacto Local ‘trascendió una medida cautelar que dispuso la Justicia en el terreno que prohíbe su venta y cualquier otra operación que busque ejecutarse. El predio en cuestión se encuentra ubicado en la Ruta Nacional N° 9 Km. 83,500 y el proyecto del municipio busca instalar un Centro de Tratamiento, valorización y disposición final de residuos industriales no especiales (RNE) y asimilables a domiciliarios provenientes de establecimientos comerciales e industriales del Partido de Zárate. Según se desprende de la medida judicial, la decisión se ampara entre otros puntos, y a raíz de denuncias de organizaciones ambientalistas, en “una serie de irregularidades que advierte en el procedimiento administrativo vinculado a la expedición del Certificado de Aptitud Ambiental”. En ese contexto detalla los resultados de un estudio de impacto ambiental que reveló “que el suelo y hasta un radio de 6 km2 se encuentra gravemente contaminado con amonio, manganeso, fenol, los cuales pueden estar vinculados con los lixiviados provenientes del basural existente desde hace varias décadas en el predio lindante”. Ante estos fundamentos el Juez dispuso “la prohibición expresa de innovar respecto del predio inmobiliario afectado, de modo de impedir la iniciación o continuación de obras, gestión de habilitaciones, permisos, concesiones, ejecución de actos de administración o disposición de cualquier naturaleza, destinados a la explotación del predio y/o cualquier actividad que tuviese como objeto el mismo”.’

Ante este planteo fue contundente el Secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray quien afirmó, según informara el Diario La Voz, que ‘la medida cautelar dictada por el Juez Terrier el 5 de agosto pasado “no es sobre el predio que compra la Municipalidad para hacer una planta de tratamiento sino otro que corresponde a la firma DELTACOM S.A.”. El predio de Concaro, aclararon, tiene una superficie de 70 ha., la cual se subdividió. La compra del Municipio es sobre 35 ha. que quedarían fuera de la afectación de este fallo judicial, como lo explicó el Secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray.’ Y Arroquigaray tiene razón, el fallo de Terrier era sobre una parte del terreno original, no sobre el total. De hecho la Justicia afirma que ‘El 6 de noviembre del 2018 se resolvió “circunscribir la clausura preventiva oportunamente ordenada en autos, a las 20 hectáreas que ocupa el área de disposición de diferentes tipos de residuos’. En sentido similar se pronunció la concejal, y durante la sesión a cargo de la Presidencia del Concejo Deliberante, Ana Laura Allemann quien afirmó que ellos habían hecho las averiguaciones del caso y que no había impedimento para avanzar en la aprobación del contrato. Es cierto, las trabas eran éticas, pero a ella no la trababa en nada.

Pero esta semana todo cambió porque la Justicia volvió a actuar y quedó en evidencia que lo que el Municipio intentó comprar no es un terreno donde emplazar una planta de tratamiento de residuos sino un problema… un problemón.

A expensas de saber a ciencia cierta si la sesión donde se habría aprobado el contrato de compra venta fue legal, y a la espera del documento que así lo pruebe que aún no fue hecho público ni ‘colgado’ de la página del Concejo Deliberante aunque descontamos aparecerá porque si hay algo que nos demuestra el tiempo es que los funcionarios de Nuevo Zárate no hacen cosas al margen de la legalidad, la Justicia resolvió ‘ordenar la clausura preventiva, desde el día de la fecha, de la totalidad del predio’ de Concaro… o del Municipio. Para lo que dispuso ‘dar intervención para el cumplimiento de la clausura preventiva dispuesta al Señor Jefe de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, y/o personal que aquel designe al efecto, oportunidad en la cual deberá asegurar el establecimiento en cuestión con franjado de estilo y las consignas que el particular imponga.’

Es decir, si las cosas son como los funcionarios oficialistas dicen que son, el Municipio compró un predio que, a los pocos días, la Justicia clausuró, por lo que no puede disponer del mismo. El Municipio compró un problema.

Porque la clausura se debe a que ‘del estudio pericial elaborado por el director del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la UNLP – CONICET se puede inferir que la extensión del daño producido por las actividades llevadas a cabo en dichos terrenos, no solo comprende las 20 hectáreas que ocupa el área de disposición de diferentes tipos de residuos a las cuales se ha circunscripto oportunamente la clausura del predio, sino que el daño ambiental se encuentra configurado en la totalidad del mismo’, es decir el Municipio compró a sabiendas un terreno contaminado.

Por eso, parafraseando una vieja canción de cuando éramos chicos, podemos decir que el Municipio tiene terreno, tiene contaminación, tiene imposibilidad de utilizar el predio, tiene que seguir enviando la basura al CEAMSE… y todo eso, por 92 millones de pesos.

El municipio tiene la palabra.