El anuncio de una demanda colectiva por la tasa de caminos rurales y el alumbrado público en campos sin luminarias es mucho más que una disputa impositiva: es el síntoma de una representación que no funciona. Qué está documentado, qué no, y qué le corresponde a cada actor.
📰 Lo que se anunció (y que todavía no ocurrió)
Todavía no hay demanda presentada: hay una decisión anunciada. Según la nota de Mariana Reinke en La Nación (17–18/11/2026), propietarios y productores autoconvocados de Zárate resolvieron ir a la Justicia por dos cobros: el alumbrado público en campos sin luminarias y la tasa general que reemplazó a la tasa vial rural.
Los autoconvocados esperan, antes de presentar nada, conocer el presupuesto 2027 y la ordenanza complementaria, cuyo envío, según Ricardo Runza, el productor que expone el reclamo y como nosotros mismos expusimos, el Ejecutivo pidió prorrogar. Reclaman que se deje de cobrar alumbrado a quien no lo recibe, que vuelva una tasa vial con destino definido y control sobre los fondos, y la devolución de lo pagado.
🧾 De dónde viene el conflicto: del papel, no del enojo
El 5 de diciembre de 2024 el Concejo Deliberante sancionó las Ordenanzas Fiscal 5204 e Impositiva 5205; el Ejecutivo las promulgó el 12 de diciembre mediante los Decretos 868/24 y 869/24. Rigen desde el 1° de enero de 2025. Desde entonces, según La Nación, los propietarios y productores dejaron de pagar la tasa de red vial y pasaron a una Tasa de Servicios Generales que alcanza a contribuyentes urbanos y rurales. El Decreto 151/25 incluyó a los inmuebles que reciben servicios de conservación de calles y caminos rurales en la categoría ‘E’ del artículo 128 de la Ordenanza Fiscal.
Los números, en la versión de los propietarios y productores (La Nación, 24/04/2026): un lote de 30 hectáreas habría pasado de $14.000 cada cuatro meses a $30.000 por mes en 2025; luego llegó el componente ‘macrolote’, con boletas retroactivas a enero que habrían llevado ese lote a $250.000 en un solo mes, con casos de varios millones, y que hoy pagaría unos $60.000 mensuales. Estiman un aumento cercano al 400%. Son cifras expresadas por una de las partes: no pudimos contrastarlas con liquidaciones reales.
La versión del intendente, en la misma nota: Marcelo Matzkin negó cambios recientes en el esquema, afirmó que lo recaudado por la tasa de alcance individual de los inmuebles rurales va al consorcio caminero e informó que en 2025 se transfirieron $384.323.150,92. Defendió el alumbrado como una tasa por el servicio de todo el distrito y no por la luminaria frente a cada campo, y dijo que una consulta previa a la Justicia Federal lo habilitó a cobrarlo en la boleta eléctrica.
Sobre el alumbrado hay un dato que no se discute: según Runza, a los campos con medidor de la Cooperativa Eléctrica se les aplica un cargo equivalente al 13% del consumo, incluso donde el camino ni siquiera tiene postes. La discrepancia no es sobre si se cobra, sino sobre si corresponde.
🔍 El 70%: una promesa, un convenio y una cuenta que nadie puede cerrar
Acá está el nudo. Según Runza, el intendente dijo públicamente que el 70% de la nueva tasa iría a los caminos rurales, y ese compromiso no figura en la ordenanza (La Nación, 24/04/2026). Siete meses después, según la nota del 17/11, la Sociedad Rural pidió una ordenanza que fije ese 70% de lo recaudado por las partidas rurales. Si estuviera escrito en una norma clara, no habría hecho falta pedirlo, salvo que exista una norma que no encontramos y no pudimos leer.
Y la documentación oficial agrega capas, no claridad. El Boletín Oficial Municipal Nº 188 (5/12/2025) publica el Decreto 570/25, que menciona el convenio entre el Municipio y la Sociedad Rural firmado el 22/12/2023 (ratificado por Ordenanza 5062) y una adenda (Ordenanza 5222) que adaptó el esquema a la Tasa de Servicios Generales ‘para mantener la correcta afectación de los fondos’. El Boletín Nº 189 (11/12/2025) incluye un artículo que autoriza prorrogar ese contrato hasta el 31/12/2026.
Existe, entonces, un andamiaje normativo para afectar fondos al consorcio. Lo que no pudimos leer es el texto del convenio, porque no es público, ni verificar si fija el 70% u otro porcentaje, ni saber cuánto se recauda sobre la base rural. Si quien investiga con los boletines a la vista no logra reconstruir la cuenta, un productor mucho menos.
Una cuenta de almacenero: $384.323.150,92, que es lo publicado para caminos rurales, repartidos en unos 400 kilómetros de caminos son algo más de $960.000 por kilómetro en el año. La cifra existe, pero sin la base de recaudación no se puede saber si es el 70%, el 100% o el 30% de algo.
Hay además un reloj corriendo: el contrato con la Sociedad Rural está prorrogado hasta el 31/12/2026 y, según Runza, el Ejecutivo pidió más tiempo para enviar el presupuesto 2027. No sabemos si hay una nueva prórroga en trámite. Sí sabemos que la discusión tiene que darse ahora, no después.
🪑 Tres lugares de representación, tres silencios
El Concejo Deliberante. Los propietarios y productores hicieron lo que se supone que se debe hacer: nota al intendente en abril, banca abierta con 76 firmas ante los 20 concejales y presentación de dos proyectos de ordenanza. Uno obliga a publicar mensualmente la recaudación por circunscripción catastral y tipo de tasa; el otro elimina el macrolote y excluye del alumbrado a quien no lo recibe. Según Runza, tanto el peronismo como La Libertad Avanza manifestaron su apoyo, pero desde mayo ‘los proyectos están dormidos en las comisiones’.
No pudimos consultar los expedientes: tenemos la versión del productor, y por eso mismo cada bloque debería explicar en qué estado encuentrany por qué. Hay además un dato estructural incómodo: dos concejales integran el consorcio caminero, según La Nación. El cuerpo que debería controlar el destino de los fondos es, en parte, quien los administra. Y publicar un cuadro mensual de recaudación es el tipo de proyecto que se despacha en una sesión cuando hay voluntad de hacerlo.
Sobre la capacidad de control real, ya documentamos en ¿Y la transparencia? (28/10/2026) que la Ordenanza 4342 garantiza a los concejales el acceso al sistema RAFAM y que, según esa nota, el Ejecutivo lo restringe. Si eso sigue así, la pregunta es con qué datos controlan los dos concejales del consorcio.
La Sociedad Rural. En abril, su vicepresidente Fernando Boracchia reconoció que la entidad se había manifestado ‘absolutamente en contra’ del cambio de tasa (La Nación, 24/04/2026). En noviembre, según Runza, no respondió a la invitación para sumarse a la demanda colectiva que le hicieron la semana anterior, y ante La Nación prefirió no hablar. En abril, los propios propietarios y productores le habían reprochado no haber impulsado un amparo colectivo.
Hay que decirlo con cuidado: no sabemos por qué calla, y puede tener razones jurídicas, contractuales o económicas. Pero la estructura es difícil de ignorar: la entidad es parte del convenio con el Municipio y administra fondos junto a él. Quien comparte la mesa con la contraparte tiene, como mínimo, una tensión difícil de resolver cuando se trata de demandarla. Y los propietarios y productores que esperan que los represente quedan sin quién lo haga.
El Ejecutivo. Según los propietarios y productores, prometió en voz alta un porcentaje que no está escrito. Para cotejar dichos con normas ya tenemos un método: lo que dicen y lo que hacen.
🧑🌾 Cuando los canales se agotan, la sociedad civil se organiza
La secuencia, según La Nación (24/04 y 17/11/2026), es esta:
- Abril de 2026: unos 50 propietarios y productores se autoconvocan ante la falta de respuesta institucional, presentan una nota al intendente y piden banca abierta.
- Entre abril y mayo: banca abierta en el Concejo con 76 firmas y entrega de dos proyectos de ordenanza. Desde mayo, sin avances en comisión, según Runza.
- Semana previa al 17 de noviembre: reunión de los productores con la Sociedad Rural para invitarla a la demanda. Sin respuesta.
- 17–19 de noviembre: se anuncia la vía judicial, a la espera del presupuesto 2027.
Un reclamo así no nace de un exceso de militancia: nace de un déficit de representación. Los autoconvocados no reemplazan a nadie por vocación; ocupan un lugar que queda vacío. Y lo que piden es modesto: publicar números. Cuánto se recauda, por zona, por tipo de tasa, y cuánto llega a los caminos.
Nada de esto es solo un asunto del campo. La tasa es general: alcanza a urbanos y rurales. La transparencia que reclaman los propietarios y productores beneficia a todos los contribuyentes del distrito. El propio Boracchia planteó en abril que, con la lógica del Municipio, también el vecino urbano debería aportar a los caminos rurales. La grieta entre ‘el campo’ y ‘la ciudad’ es, en este caso, una distracción: el problema de fondo es que quien paga no puede ver, y quien debería mirar no mira. Sobre la opacidad como método ya escribimos en ¿Qué están esperando? y en Una semana de silencio.
Judicializar, además, tiene costo: tiempo, dinero e incertidumbre. Que los vecinos tengan que llegar a tribunales para conocer una cuenta pública no es una victoria de la ciudadanía: es la prueba de que fallaron los otros canales. Los canales públicos que ocultan lo básico para los contribuyentes.
Y para entender qué significa representar, y cuándo la representación deja de significar algo, hay otra lectura en La política como vocación, como trabajo y como negocio.
📣 Qué corresponde exigir
- Al Ejecutivo: publicar mensualmente, a mes vencido, la recaudación por circunscripción y tipo de tasa, publicar el texto del convenio con la Sociedad Rural y las transferencias realizadas con fecha y monto real realizadas al consorcio.
- Al Concejo: dictamen sobre los dos proyectos antes de tratar el Presupuesto 2027, con votación nominal de cada bloque, para saber quién es quién dentro del HCD.
- A los dos concejales del consorcio: un informe público de que vieron y controlaron sobre este tema.
- A la Sociedad Rural: decir si se suma a la demanda y, si no se suma, explicar por qué.
- Al Municipio: publicar la norma y aclarar el alcance de la autorización judicial que invoca para cobrar el alumbrado.
🛣️ Cierre
Hay unos 400 kilómetros de camino rural en Zárate. Hay, también, una distancia que no se mide en kilómetros: la que separa a quien paga de quien decide, y a quien decide de quien debería controlarlo. Cuando esa distancia crece, la sociedad civil hace lo que hizo: junta firmas, presenta proyectos, pide la palabra y, cuando nadie contesta, se presenta ella misma.
El corazón de la cuestión planteada por propietarios y productores es que una tasa general es un impuesto disfrazado de tasa y los municipios no pueden cobrar impuestos, por eso sostienen que el sistema fiscal zarateño es inconstitucional.
Ya hemos hablado en variadas oportunidades al respecto y la verdad está del lado de los ruralistas.
El segundo punto es que una tasa para exigirse su cobro debe tener una contraprestación. Cuando no hay alumbrado público en el frente de una propiedad, por ejemplo, no se le puede cobrar alumbrado público al vecino, independientemente del sistema de cobro, que por otro lado el vigente en Zárate ahora es también inconstitucional ya que según el fallo reciente de la CSJN los municipios no pueden cobrar tasas por intermedio de boletas de servicios provistos por terceros.
Que la Justicia resuelva si la tasa es válida. Que la política explique, antes, por qué hizo falta llegar hasta ahí.
‘Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información’.
RODOLFO WALSH – AGENCIA CLANDESTINA DE NOTICIAS
