El doble discurso municipal en materia de propaganda electoral expone la hipocresía del gobierno de Matzkin
La farsa oficial: cuando la gacetilla se convierte en autoincriminación
El pasado domingo, el gobierno municipal difundió una gacetilla de prensa que rápidamente muchos salieron a reproducir sin siquiera analizar, en la que mencionaban ‘El Municipio retiró pasacalles de diversas agrupaciones políticas (sin distinción alguna, incluyendo los de LLA), que participarán de las elecciones del próximo 7 de septiembre.’
Sí, tienen el culo tan sucio que aclara el Municipio que entre la propaganda que retiró se incluye la de la coalición de gobierno. Parecen Bart Simpson diciendo ‘Yo no fui’… e incriminándose.
Esta aclaración no es casual ni inocente. La necesidad imperiosa de explicitar que también removieron propaganda propia delata la conciencia culposa de quienes saben que su accionar selectivo en el pasado ha sido cuestionado. Es el reflejo de una administración que se ve obligada a justificar cada movimiento porque su historial de parcialidad manifiesta la precede.
El marco normativo como herramienta de control político
Y agrega la gacetilla oficial: ‘De esta manera, el Departamento Ejecutivo da cumplimiento a la normativa que lo regula, teniendo en cuenta que la cartelería y pasacalles que fueron retirados no poseen estructuras seguras, y varias de ellas interfieren en la normal operatividad de cámaras de seguridad enlazadas al COZ para las tareas preventivas en eventuales situaciones sospechosas o delictivas en la ciudad.’
¿Qué dice la normativa en cuestión? Es la Ordenanza 5292, en su artículo 4 modifica el artículo 5 de la Ordenanza 4507, que es la que regula la propaganda política en el Distrito, y a partir de su sanción quedó redactado de la siguiente forma: ‘El municipio podrá proceder al retiro inmediato de cualquier elemento de propaganda política que a su criterio obstaculice el funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, afecte la visibilidad en las intersecciones, semáforos o señalética vial y que presente riesgo para la seguridad de las personas o bienes. Los elementos retirados serán puestos a disposición del partido o frente correspondiente por un plazo de 7 días hábiles. Transcurrido dicho término, el Municipio podrá disponer su tratamiento conforme a las disposiciones vigentes.’
La redacción de esta norma es una carta blanca para el autoritarismo municipal. La expresión “a su criterio” otorga una discrecionalidad absoluta que convierte al Ejecutivo en juez y parte de lo que considera obstaculizante o riesgoso. No hay parámetros objetivos, no hay mediciones técnicas, no hay protocolos claros. Solo el criterio unilateral de una administración que ha demostrado ser cualquier cosa menos imparcial.
La información asimétrica como instrumento de poder
Ahora bien, ¿las fuerzas electorales conocen la ubicación de las cámaras de video vigilancia? ¿Conocen su radio de acción? ¿Cómo saber que lo que se está haciendo no está mal? La norma sancionada da un radio de acción inconmensurable al Municipio para hacer lo que se le ocurra.
Esta asimetría informativa no es casual. El gobierno municipal mantiene en secreto la ubicación exacta y el radio de acción de las cámaras de seguridad, creando un escenario donde cualquier colocación de propaganda puede ser considerada “obstaculizante” según el humor político del momento. Es un diseño perverso que permite la aplicación selectiva de la norma según convenga a los intereses del oficialismo.
Basta que saquen una foto descolgando un pasacalle propio y decir que se quitaron ‘sin distinción alguna, incluyendo los de LLA’ para poder decidir qué se dice, quién lo dice y dónde lo dice. Una vergüenza institucional que convierte la regulación electoral en una herramienta de censura.
El desconocimiento conveniente del propio marco normativo
A propósito, ¿Rodríguez Schatz desconoce la normativa municipal que su campaña electoral viola? Esta pregunta no es retórica. O bien la candidata oficialista desconoce las normas que el propio gobierno del cual forma parte sancionó, lo que hablaría de una impericia preocupante, o bien las conoce y las viola conscientemente, lo que sería aún peor.
La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, reza un principio jurídico básico. Pero en Zárate parece que este principio solo aplica para la oposición, mientras que el oficialismo goza de una impunidad que se ha vuelto estructural en la gestión de Matzkin.
Seguridad laboral: cuando la foto vale más que la vida del trabajador
De la seguridad laboral de los trabajadores ni hablar. Parado sobre el techo del vehículo municipal sin ninguna medida de seguridad y prevención. Las imágenes hablan por sí solas: un empleado municipal expuesto a riesgos innecesarios para cumplir con una orden que tiene más de marketing político que de aplicación seria de normativas.
Seguramente ATE ya hizo una presentación al respecto y el concejal Norberto Toncovich, Licenciado en Seguridad e Higiene, ya presentó un proyecto de solicitud de informes y censura sobre la temática. Pero conociendo el historial de pasividad tanto del sindicato como del Concejo Deliberante zarateño, es probable que estas iniciativas duerman el sueño de los justos en algún cajón.
Esta imagen sintetiza la gestión Matzkin: propaganda antes que protección, marketing antes que derechos laborales, pose antes que responsabilidad institucional. El trabajador arriesga su integridad física para que el intendente pueda mostrar que “cumple” supuestamente con normativas que él mismo viola sistemáticamente.
La doble vara: propaganda oficial que perdura en el tiempo
Pero si esto no fuera suficiente, la vergüenza se agrava porque al pasar por Pinto y Justa Lima se ven propagandas electorales de la elección anterior que la fuerza del Intendente Matzkin no retiró y que el Secretario de Gobierno, y autoridad de aplicación de la Ordenanza, Ignacio Suárez Ogallar, no mandó a retirar con tanta celeridad.
¿Qué autoridad moral tienen para exigir el cumplimiento de las normas si ellos mismos las incumplen? Esta pregunta atraviesa toda la gestión municipal y se extiende al comportamiento del Concejo Deliberante, que con su silencio cómplice valida todas estas prácticas contrarias a la normativa que ellos mismos sancionaron.
El caso emblemático: cuando el local partidario es una excusa
Podrían argumentar, en nuestra opinión de manera errónea, que se trata del local partidario… aunque los carteles no lo identifican como tal sino que se trata de propaganda electoral y claramente está en infracción. Esta diferenciación es crucial: una cosa es la identificación institucional de un local partidario y otra muy distinta es mantener propaganda electoral fuera de los plazos legales. Porque la ordenanza no distingue lugares donde se puede dejar instalada la propaganda electoral
La creatividad para encontrar justificaciones jurídicas a los incumplimientos propios contrasta notablemente con la rigidez interpretativa que aplican cuando se trata de fiscalizar a la oposición. Es el derecho a la carta, aplicado según convenga al color político del infractor.
La arqueología electoral zarateña: vestigios de campañas pasadas
Pero ¿qué dirán del cartel ubicado en 10 y 13? Un cartel de la campaña electoral de cuatro años atrás, esa que Marcelo Matzkin lanzara fotografiándose junto a un pozo. (Sí, Tano, ¿viste que criticás tanto esa práctica?, tu Jefe la estrenó en Zárate).
Este cartel es un monumento a la desidia institucional. Pasó el plazo de 2021 y Juan Manuel Arroquigaray, el mismo que no puede ser funcionario público pero en Caffarolandia lo fue y a fin del año pasado fue condenado a prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, no cumplió la Ordenanza. Pasó el plazo de 2023 e Ignacio Suárez Ogallar tampoco lo hizo.
La continuidad en el incumplimiento de las normas legales atraviesa gestiones y funcionarios, evidenciando que no se trata de errores puntuales sino de una política sistemática de aplicación selectiva de las normas. El cartel de Matzkin de hace cuatro años es la prueba material de que las reglas son para otros, nunca para el poder de turno.
El mapa de la impunidad: propaganda ilegal por toda la ciudad
Pero no son los únicos lugares. Lo que mencionamos son simples botones de muestra. Cuando uno camina las calles de Zárate y Lima encuentra propaganda electoral antigua por doquier. Y el Estado municipal no hace nada. Lo alertamos un año atrás y solo buscan donde se les señala… porque lo que les preocupa no es cumplir la norma sino que se les señale su incumplimiento.
Esta observación es clave para entender la lógica del gobierno municipal: no hay una política proactiva de cumplimiento normativo, sino una estrategia reactiva de control de daños mediáticos. Solo actúan cuando la denuncia pública los obliga a hacerlo, y aun así, lo hacen de manera parcial y selectiva.
La ciudad se ha convertido en un museo de propagandas electorales vencidas, un testimonio visual del desorden institucional que caracteriza a esta gestión. Cada cartel fuera de término es una bofetada a la ciudadanía que espera que las autoridades cumplan y hagan cumplir las normas.
La paradoja de los plazos: menos tiempo para más incumplimiento
Los concejales sancionaron, y el Intendente promulgó, una Ordenanza que señala en su artículo 2°: ‘Modificar el Inciso 20° del Artículo 9° de la Ordenanza 4199/13 que quedará redactado de la siguiente manera: “Establecer que los partidos políticos y/o frentes electorales dispondrán de un plazo máximo de siete (7) días corridos posteriores a la realización del acto electoral para retirar la cartelería, pasacalles, pancartas y todo tipo de elemento de difusión política ubicado en espacios públicos del Partido de Zárate’ reduciendo drásticamente el plazo.
La lógica es perversa: incumplieron el plazo de 15 días hábiles y pretenden que se haga en 7 días corridos. Es como si un conductor que maneja borracho propusiera endurecer las penas por alcoholemia. No es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad, de decisión.
El Concejo Deliberante: socios del silencio
En todo este entramado de incumplimientos e irregularidades, el Concejo Deliberante cómplice brilla por su ausencia. Los ediles que sancionaron estas normas son los mismos que hoy miran para otro lado cuando el Ejecutivo las viola sistemáticamente. Su silencio no es neutralidad, es complicidad.
El rol de control que la Constitución y las leyes les asignan a los concejales se ha convertido en una ficción jurídica en Zárate. En lugar de ejercer la fiscalización que la ciudadanía espera, prefieren el confort de la complicidad con el oficialismo, traicionando su función institucional y el mandato popular que los llevó a sus bancas.
La herencia del caffarismo: las continuidades en el cambio
Esta gestión prometía ser diferente, romper con las prácticas del caffarismo, traer transparencia y respeto institucional. Sin embargo, lo que vemos es una continuidad preocupante en los vicios de la política zarateña. El cambio de personas no implicó un cambio de métodos.
Las mismas prácticas de aplicación selectiva de normas, el mismo desdén por la legalidad cuando no conviene, la misma utilización del aparato estatal para fines político-partidarios. Matzkin demostró que se puede cambiar todo para que nada cambie, parafraseando al Gatopardo de Lampedusa.
Reflexiones finales: la moral con la bragueta abierta
Como decía el pelado, predican la moral con la bragueta abierta. Esta frase, más allá de su crudeza, sintetiza perfectamente la hipocresía que caracteriza al actual gobierno municipal. Exigen a otros lo que ellos mismos no cumplen, predican virtudes que no practican, reclaman respeto a normas que sistemáticamente violan.
La ciudadanía zarateña merece algo mejor que este espectáculo de doble moral e incumplimientos sistemáticos. Merece funcionarios que respeten las normas que juran defender, autoridades que den el ejemplo antes de exigirlo a otros, representantes que entiendan que el poder es una responsabilidad, no un privilegio para tener una paga mensual.
Mientras tanto, los carteles de propaganda ilegal seguirán decorando la ciudad como monumentos a la impunidad y desidia municipal, recordándonos todos los días que en Zárate hay ciudadanos de primera y de segunda: los que deben cumplir las normas y los que pueden violarlas sin ninguna consecuencia.
La próxima vez que vean a un funcionario municipal retirar propaganda electoral, recuerden que esa misma mano que descuelga carteles ajenos es la que deja intocables los propios. Y que esa misma boca que habla de cumplimiento normativo es la que calla cuando las violaciones vienen del propio oficialismo.
En Zárate, la ley se aplica según el color político. Y mientras el Concejo Deliberante siga aplaudiendo desde las gradas en lugar de controlar desde las bancas, esta triste realidad seguirá siendo la norma más respetada de todas.
‘Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror.’
RODOLFO WALSH – AGENCIA CLANDESTINA DE NOTICIAS
2 comentarios
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