Entre la legalidad dudosa y la ilegitimidad manifiesta: cómo Matzkin y Agostinelli juegan al límite del abismo

Cuando la transparencia se vuelve cortina de humo

 

Legalidad y legitimidad son dos conceptos que en Ciencia Política ocupan mucho espacio, puesto que permiten analizar el accionar gubernamental del Estado en base a dos conceptos complementarios y fundamentales para la salud democrática. La legalidad asegura continuidad institucional, en tanto que la legitimidad asegura gobernabilidad.

Esto es, la legalidad responde a la pregunta: ¿se ejerce el poder conforme a la norma?, mientras que la legitimidad responde a: ¿ese poder es aceptado como justo por la sociedad? Esta distinción teórica cobra vital importancia cuando analizamos el comportamiento de un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y termina ejecutando maniobras que, aunque formalmente aparecen correctas, moralmente son cuestionables.

Esta especificación conceptual es necesaria para analizar el último Boletín Oficial Municipal, publicado el pasado miércoles, en el que tras una semana sin firmar Decretos el Intendente Matzkin se despachó con siete. Uno de ellos, el Decreto N° 406/25 por el que el Intendente Matzkin junto a su fiel secuaz Sergio Agostinelli, autorizan ‘la contratación celebrada con la empresa AMERICAN VIAL S.R.L. representada por el señor Lucas Baumann (D.N.I. N° 27.728.328) para la realización de obra pública, por medio de la firma del contrato de “Trabajos de Construcción Vial – Etapa I – 2025″‘.

 

El arte de esquivar la transparencia con legalidad técnica

Nadie puede dudar de la legalidad formal del acto, puesto que se ajusta a lo normado para este tipo de acciones en el marco regulatorio vigente. Sin embargo, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿es legítimo? ¿Es esto lo que los zarateños esperaban cuando votaron por un cambio hacia la transparencia y la honestidad en la gestión pública?

¿A qué nos referimos con esta distinción? A poner la lupa sobre cómo el Ejecutivo Municipal hace uso y abuso de las herramientas legales con las que cuenta para avanzar en una dirección en la cual es profundamente cuestionable su proceder, especialmente cuando se contrasta con las promesas de campaña y los discursos sobre “gobierno abierto”.

Ya hemos sido testigos de cómo, abusando de las diferentes declaraciones de emergencia que el Concejo Deliberante avaló de forma irresponsable y cómplice, el Ejecutivo elude ciertas obligaciones legales de llamado a concurso de precio o licitaciones, ya que la ‘emergencia’ así lo amerita. Pero en aquellos ámbitos en los que no hay emergencia declarada, recurren a los vericuetos legales de manera completamente ilegítima.

La administración Matzkin, que prometió reducir la estructura municipal, ha hecho exactamente lo contrario: “A partir de enero de 2025, se han sumado nuevas categorías al organigrama municipal”, demostrando una vez más la distancia abismal entre el discurso y la práctica.

 

La contratación directa: un manual de cómo burlar el espíritu de la ley

Dicen Matzkin y Agostinelli que ‘corresponde autorizar a las áreas competentes a emitir la orden de compra global, y el pago correspondiente, encuadrando la presente en el artículo 133 del Decreto Ley 6769/58, de acuerdo a la actualización dispuesta por la Resolución 225/2025 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires‘ y por ello contratan a ‘AMERICAN VIAL S.R.L. (D.N.I. N° 27.728.328) por el importe de Pesos Treinta y Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Trece con 83/100 ($35.682.013,83) IVA Incluido, en concepto de realización de obra pública en el marco del contrato del expediente 4121-3344/2025′.

Ahora bien, ¿qué dice la citada Resolución 225/2025 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires? Que el monto máximo por el cual se puede contratar directamente es de $35.815.159, es decir, las autoridades locales armaron un contrato por el 99,6% de lo permitido por la ley.

¿Es legal? Sin dudas. ¿Es legítimo? No, sin ninguna duda también.

¿Por qué esta aparente contradicción? En primer lugar porque formalmente se ajusta a lo normado, pero en segundo lugar porque claramente se ‘utiliza’ la ley para esquivar el espíritu transparente que debería regir las contrataciones públicas.

 

La sospechosa precisión de los presupuestos

¿Alguien puede creer seriamente que la empresa presupuestó exactamente $35.682.013,83 porque eso era el costo real de la obra? La respuesta es evidente: No, pusieron ese monto específicamente para evitar tener que participar en un concurso de precio donde otros oferentes podrían competir en igualdad de condiciones.

Esta práctica genera una duda razonable sobre qué relación existe entre este tipo de contratos direccionados y las licitaciones públicas. Porque la empresa perfectamente puede ‘ajustar’ los montos cuando se presenta a una licitación pública si ‘sabe de antemano’ que luego contará con este tipo de contratos privados, que son sospechosos por demás debido a las justificaciones esgrimidas.

El mecanismo ya fue utilizado en otras oportunidades y como el Concejo Deliberante no se da por enterado, todo va para adelante.

Por ejemplo, en este caso se justifica la contratación directa argumentando que ‘se solicitó por parte de la Subsecretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos la ejecución de trabajos de mantenimiento urbano’ y que ‘aquella dependencia manifiesta que no cuenta con los recursos materiales ni humanos para hacer la tarea necesaria’.

 

La incapacidad como justificación: un Estado en crisis

¿Cuál era específicamente la tarea que supuestamente no puede realizar el Estado municipal? Nada más ni nada menos que la ‘reconstrucción de cordón cuneta y construcción de rampa para personas con discapacidad, en la intersección de calles Av. Anta y De La Torre’.

¿En serio la Subsecretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos no cuenta con los recursos materiales ni humanos para hacer una tarea tan básica como la construcción de una rampa para personas con discapacidad? Si realmente es así, entonces cierren y váyanse a casa. Si no es así, entonces están mintiendo descaradamente para justificar una contratación direccionada, con mucho olor a negociado.

Esta situación revela una de dos alternativas igualmente graves: o tenemos un Estado municipal completamente inoperante e incapaz de realizar las funciones más básicas para las que fue diseñado, o tenemos funcionarios que mienten sistemáticamente para favorecer contrataciones privadas cuestionables.

De hecho, resulta llamativo que existan casos documentados en los cuales por montos menores se realizaron licitaciones públicas… ¿por qué específicamente en este caso no se siguió el mismo procedimiento transparente?

 

El Concejo Deliberante: cómplices del silencio

No alcanza con actuar de manera técnicamente legal, también hay que hacerlo de manera éticamente legítima, y en este caso claramente no fue así. Pero más grave aún es el rol pasivo y cómplice del Concejo Deliberante, que sistemáticamente avala estas prácticas sin ejercer el control republicano que su función institucional exige.

El Concejo Deliberante zarateño se ha convertido en una escribanía de lujo del Ejecutivo, muy costosa, limitándose a convalidar decisiones ya tomadas en lugar de ejercer su función de contralor y debate democrático. Esta complicidad institucional es tan grave como las maniobras del Ejecutivo, porque elimina los frenos y contrapesos que el sistema republicano requiere para funcionar correctamente.

 

El segundo caso: cuando ni siquiera la legalidad se respeta

Sin embargo, la contratación con AMERICAN VIAL no es el único caso problemático del BOM 151. En el mismo boletín se incluye el Decreto N° 402/25, por el que se establece ‘el valor del módulo para la determinación de tributos municipales, a partir del 1° de Septiembre y hasta el 30 de Septiembre de 2025 será de pesos Trescientos Sesenta y Ocho ($ 368.-), conforme lo establecido en el artículo 29.3 de la Ordenanza N° 5205.’

En este caso ni siquiera es legal lo que hacen, porque evidentemente olvidaron leer (o decidieron ignorar) el párrafo siguiente del mismo artículo que ellos mismos citan en el texto, que fija en el punto 29.4 las reglas específicas de redondeo: ‘A efectos de establecer el valor equivalente del módulo en moneda de curso legal, se deberá considerar la unidad y aplicar a los centavos, el siguiente proceso de redondeo: a) Si la fracción es inferior a cincuenta (50), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los centavos. b) Si la fracción es igual o superior a cincuenta (50), el valor se ajustará a la unidad inmediata superior.’

 

¿Burros o Mentirosos? La matemática no miente

Afirman categóricamente Matzkin y Mazzola que ‘por aplicación del redondeo autorizado por el artículo 29.4 al porcentaje de inflación para el cálculo del módulo será del uno con nueve por ciento (1,9%), que aplicado sobre el valor del módulo anterior resulta en un incremento de pesos seis ($ 6,-)’ lo cual es matemáticamente falso.

¿Están mintiendo conscientemente o simplemente no saben hacer una cuenta básica de escuela primaria? ¿Burros o mentirosos? La pregunta no es retórica porque cualquiera de las dos respuestas es igualmente grave para funcionarios que manejan el dinero público. Se supone que con su dinero actuarán de forma diferente.

El 1,9% de $362 (que era el valor del módulo en Agosto) es exactamente $6,87. De acuerdo al punto b) del párrafo 4 del artículo 29, cuando la fracción es igual o superior a cincuenta centavos, se debe ajustar ‘a la unidad inmediata superior’, esto es $7 en lugar de $6.

Si sumamos estos $7 correctamente calculados a los $362 del valor anterior, ‘el valor del módulo a partir del 1° de Septiembre y hasta el 30 de Septiembre de 2025’ debe ser de $369 y no $368 como fraudulentamente mencionan los funcionarios.

Paradójicamente, en este caso es más legítimo que sea $368 en lugar de $369 (porque implica un menor costo para los contribuyentes), pero es completamente ilegal según su propia normativa.

 

El contexto de una gestión cuestionada

Estos episodios no son casos aislados sino que forman parte de un patrón sistemático de comportamiento que caracteriza a esta administración. “El 26 de diciembre pasado el Intendente Marcelo Matzkin anunciaba en sus redes sociales ‘La transparencia hace a un mejor gobierno, y nosotros vamos a dar el ejemplo'”, pero la realidad demuestra exactamente lo contrario.

La distancia entre el discurso y la práctica se ha vuelto un abismo insalvable. Mientras en campaña prometía “un proceso de transparencia en lo que son las compras y contrataciones del Municipio, para que más empresas puedan participar en licitaciones”, en la práctica vemos todo lo contrario: contrataciones direccionadas que esquivan la competencia y maximizan los beneficios para empresas específicas.

 

La transparencia como marketing electoral

La administración Matzkin ha convertido la transparencia en una herramienta de marketing electoral más que en una práctica de gobierno real. Se anuncian adhesiones a sistemas de transparencia que luego no se implementan efectivamente, se prometen controles que no se ejercen, y se establecen mecanismos que funcionan más como cortinas de humo que como verdaderos instrumentos de rendición de cuentas.

Esta manipulación del concepto de transparencia es especialmente grave porque traiciona la confianza de los ciudadanos que votaron esperando un cambio real en las prácticas de gobierno. En lugar de eso, obtuvieron más de lo mismo que teníamos con Cáffaro, pero con mejor packaging comunicacional.

 

El problema estructural: Legalidad vs. Legitimidad

La legalidad y la legitimidad, entonces, son dos nociones fundamentales para entender el ejercicio del poder en un sistema democrático, pero evidentemente no siempre van de la mano. La primera se inscribe en el plano jurídico-formal; la segunda, en el plano político, ético y social.

Ambas deben complementarse mutuamente, puesto que no pueden aceptarse una sin la otra, salvo situaciones sumamente específicas y excepcionales. Un gobierno que actúa legalmente pero de manera ilegítima genera desconfianza, descrédito y erosiona las bases mismas del contrato social democrático.

Lo deseable en democracia es que las decisiones de gobierno reúnan ambos atributos: que sean legales, porque se ajustan al marco normativo vigente, y legítimas, porque cuentan con el respaldo ciudadano y respetan el espíritu de transparencia y honestidad que debe caracterizar la gestión pública.

Cuando esa convergencia se rompe, como claramente está ocurriendo en Zárate, aparece inevitablemente la desconfianza ciudadana, el descrédito institucional y el mal gobierno que erosiona la calidad democrática y la cohesión social.

 

Las preguntas que exigen respuestas

Frente a esta situación, surgen interrogantes que Sergio Agostinelli y Marcelo Matzkin deben responder ante la ciudadanía zarateña:

¿Qué explicaciones darán sobre estas maniobras que, aunque técnicamente legales, moralmente son cuestionables? ¿Las darán o seguirán escudándose en el silencio y la complicidad de los medios oficialistas?

¿Cómo justifican que una empresa presente un presupuesto que casualmente coincide con el 99,6% del máximo permitido para evitar licitaciones? ¿Es esto la transparencia que prometieron?

¿Cómo explican que no sepan hacer una cuenta básica de matemática primaria cuando se trata de fijar tributos municipales? ¿O acaso sí lo saben pero prefieren aplicar criterios discrecionales según convenga?

 

Una nueva sospecha en el patrón de irregularidades

Estos episodios constituyen una nueva sospecha de irregularidad en un gobierno que llegó al poder haciendo de la transparencia supuestamente un eje central de su gestión, frente a la oscuridad del caffarismo, y que en la práctica ha demostrado sistemáticamente que los negocios, aunque legales pero ilegítimos, son su verdadero norte.

El patrón es claro y sistemático: usar las herramientas legales disponibles no para garantizar transparencia y competencia, sino para direccionar contratos y favorecer intereses particulares. Todo esto mientras el Concejo Deliberante mira para otro lado y convalida con su silencio cómplice estas prácticas antidemocráticas.

 

El costo de la desilusión democrática

En definitiva, lo que estamos presenciando en Zárate es un manual de cómo erosionar la confianza ciudadana manteniendo formalmente la legalidad pero abandonando completamente la legitimidad democrática.

Esta administración está escribiendo el prontuario perfecto de cómo traicionar las expectativas ciudadanas usando las herramientas legales no para servir al interés público sino para beneficiar intereses particulares, todo esto mientras construye un relato comunicacional de transparencia que la realidad desmiente sistemáticamente.

Los zarateños merecen explicaciones, no excusas. Merecen transparencia real, no marketing electoral. Y sobre todo, merecen un gobierno que entienda que ser legal no alcanza: también hay que ser legítimo, honesto y transparente.

Hasta que eso no ocurra, seguiremos documentando cada irregularidad, cada contradicción y cada traición a las promesas que llevaron a esta administración al poder. Porque el periodismo independiente existe precisamente para esto: para poner luz donde se prefiere que haya sombras, para hacer las preguntas incómodas que otros no hacen, y para recordar que la democracia requiere vigilancia ciudadana permanente sobre el gobierno.

La transparencia no es un slogan de campaña: es una obligación democrática. Y cuando esa obligación se traiciona, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de exigir explicaciones.