El empleo público en las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires está regido por la Ley 14656, promulgada por el entonces Gobernador Daniel Scioli el 9 de diciembre de 2014 y reglamentada posteriormente por la ex gobernadora María Eugenia Vidal. En su artículo 1, la norma establece que las relaciones laborales deben regirse por los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretarse a favor del trabajador.
Esta legislación busca proteger los derechos fundamentales de los trabajadores municipales, reconociendo la necesidad de garantizar condiciones laborales equitativas y justas. Sin embargo, la aplicación y cumplimiento de estas disposiciones han sido motivo de debate y controversia, especialmente en contextos de gestiones municipales cambiantes.
Uno de los aspectos destacados de esta legislación se encuentra en su artículo 95, que detalla las causales para que ‘el trabajador goce de licencia por razones particulares, con goce íntegro de haberes’. En su inciso c) especifica: ‘Por motivos de índole particular, el trabajador podrá inasistir hasta tres (3) días por año, en períodos no mayores de un (1) día’. Sin embargo, la aplicación de este derecho ha sido motivo de controversia.
Cambios en la gestión y tensiones laborales
Históricamente, este derecho se aplicaba con flexibilidad y sin la necesidad de aviso previo. No obstante, durante la gestión actual del municipio, liderada por Matzkin, y con la presunta pasividad de los gremios que representan a los trabajadores municipales, esta práctica se ha visto alterada.
Según denuncias de los empleados, el encargado de implementar estas restricciones fue el falsificador de decretos Juan Cruz Luna, quien no aplicaba lo normado y procedía a descontar los días correspondientes. Esta situación generó un perjuicio económico y moral para los trabajadores afectados, que se sienten desamparados frente a decisiones arbitrarias que no respetan el marco legal vigente.
Mientras los derechos de los empleados son cuestionados, los funcionarios municipales parecen disfrutar de privilegios adicionales. Se reportan casos de uso de vehículos oficiales para fines personales y la ausencia de licencias formales durante sus vacaciones, lo que les permite seguir cobrando bonificaciones como si estuvieran en funciones. Estas desigualdades reflejan un desequilibrio en el trato hacia los diferentes niveles de la estructura laboral del municipio.
Una documentación cuestionable
En respuesta a los reclamos de los trabajadores, el Secretario de Protección Ciudadana, Juan Manuel Iglesias, emitió un memorándum cuyo contenido y forma generaron aún más polémica. Aunque el documento no fue publicado oficialmente, sí se distribuyó entre los empleados como si tuviera validez legal. Sin embargo, presentó varios problemas:
- La firma de Iglesias aparece como ‘Secretario de Seguridad Ciudadana’, un cargo inexistente.
- El membrete utilizado menciona un área llamada ‘Secretaría de Prevención Ciudadana’, área también inexistente.
En este texto, se establece que, debido a un presunto ‘vacío legal’, los empleados deberán solicitar con 48 horas de anticipación el uso del artículo 95, inciso c. Esto contraviene directamente lo dispuesto por la Ley 14656, que en su artículo 1 prioriza la interpretación favorable al trabajador en caso de duda. Además, el supuesto vacío legal no tiene sustento, ya que la normativa es clara en la garantía de derechos y en las condiciones de su ejercicio.
Impacto en los empleados municipales
El memorándum también incluye directivas relacionadas con las licencias anuales, indicando que deberán solicitarse con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación y contar con la firma del inmediato superior. Sin embargo, esta disposición no tiene respaldo en la ley, ya que las licencias anuales están contempladas en el artículo 80 y siguientes, no en el artículo 95 como expresa el memorándum.
Hasta el momento, y habiendo pasado casi una semana desde su emisión, no ha habido pronunciamiento público de los sindicatos que dicen proteger los derechos de los trabajadores municipales, ni de los ediles que dicen defender los intereses de los vecinos, ni del propio Iglesias, que con su firma, porque damos por descontado que es su firma y no un garabato hecho por ninguna Directora de Administración, valida una nota plagada de errores y horrores.
A pesar de los errores formales y legales, algunos empleados firmaron la notificación del memorándum, lo que podría interpretarse como una aceptación tácita de las condiciones impuestas. Esto refuerza la desigualdad de poder entre los trabajadores y las autoridades municipales. Además, genera un precedente preocupante para futuros reclamos laborales, ya que las decisiones arbitrarias pueden seguir imponiéndose sin oposición significativa.
¿La habrá firmado Federico Doello quien sin cargo efectivo se pasea por el área y tiene acceso a información sin mayor inconveniente? ¿Cumplirá él los horarios que se exigen al resto del personal?
Silencio institucional
Hasta el momento, ni los sindicatos ni los representantes del Concejo Deliberante han emitido declaraciones públicas sobre esta situación. Tampoco lo ha hecho el propio Iglesias, cuya firma valida un documento plagado de inconsistencias.
El intendente Matzkin, quien en su asunción prometió mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales, ha permanecido en silencio ante estas irregularidades. Sus palabras, ‘Para que el Municipio sea el Municipio que queremos, tenemos que entender que eso que queremos que trabajen bien son los empleados municipales, y para que trabajen bien les tenemos que dar las condiciones para que eso pase’, parece lejos de convertirse en realidad.
Una lucha desigual
La situación en el municipio refleja una realidad donde los derechos de los empleados son vulnerados sistemáticamente mientras las autoridades ejercen su poder sin rendir cuentas. La falta de unión y acción colectiva entre los trabajadores permite que estas condiciones persistan, consolidando ‘la ley del más fuerte’.
Las autoridades locales actúa por la razón… o la fuerza.
Es imperativo que los gremios, los representantes municipales y la comunidad en general tomen conciencia de esta problemática y trabajen juntos para garantizar que las leyes se cumplan y los derechos de los trabajadores sean respetados.
¿Qué papel desempeñarán los sindicatos en los próximos meses? ¿Seguirán siendo actores pasivos o tomarán un rol activo en la defensa de sus afiliados? Estas preguntas quedan abiertas, pero el tiempo dirá si los trabajadores municipales podrán encontrar un respaldo efectivo en su lucha.
El caso del municipio no es aislado y pone en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de control y cumplimiento de las leyes laborales en todos los niveles de gobierno. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema más equitativo y justo para todos los actores involucrados.
‘Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información’.
RODOLFO WALSH – AGENCIA CLANDESTINA DE NOTICIAS
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