Decía Antonio Gramsci que “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos. Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza.”
Y en eso estamos inmersos, en ese cambio de gobierno que no tiene que ser sólo el cambio de gobernantes y que debe convertirse en un cambio de paradigma respecto a cómo se gobierna y al rol de los ciudadanos que, temporariamente, se ponen al servicio de sus conciudadanos para regir los destinos de la sociedad.
Para ello es necesario que el Gobierno Macri actúe rápida, y drásticamente, en ciertos ámbitos en los cuáles tiene que quedar claro que el 10 de diciembre no sólo llegó una nueva fuerza política a conducir el Estado, sino que está dispuesta a hacerlo en todos los ámbitos de éste y con todas las herramientas a su alcance.
Una de las políticas donde se debe actuar ya es la que concierne a las fuerzas de seguridad y su accionar para con la población.
En el imaginario popular está instalado que la represión y la violencia institucional van de la mano de un gobierno de derecha, y pese a su máscara de gobierno progresista y popular, durante el kirchnerismo aumentaron los casos de violencia institucional de manera dramática, mientras hasta 2003 estos ascendían a 1508, en 2015 alcanzaban a 4644, teniendo el triste honor la ex Presidente Fernández de tener la mayor cantidad de casos registrados, con 291 denuncias en 2009, incluso por encima de las denunciadas en el año 2001. Por lo que estamos en una disyuntiva, o el imaginario popular es un tanto restrictivo ideológicamente, o su definición de progresista y popular era tan sólo un galimatías.
De hecho, si uno desagrega las presidencias del matrimonio Kirchner-Fernández observa que durante el cuatrienio liderado por Néstor Kirchner hubo 0,6 casos de violencia institucional denunciados por día, cifra que se eleva significativamente a un 0,7 caso diario durante el octenio encabezado por Fernández. El Gobierno Kirchner había significado un 14% de aumento de casos denunciados frente a su antecesor pero fue apenas un pequeño aumento frene al aumento del 20% que supusieron las denuncias realizadas durante el Gobierno Fernández.
Cuando uno se adentra en el análisis de este frío número que expone el informe Antirrepresivo 2015 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) ve que los violentos se ceban con los más jóvenes, puesto que más de la mitad de las víctimas de ellos son menores de 25 años y que la mayor cantidad de casos se nuclean en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque al hacer un desagregado estableciendo un índice por millón de habitantes, vemos que Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza o Chubut tiene un nivel de repetición superior al del AMBA.
En los últimos doce años, de una u otra manera, las fuerzas de seguridad se manejaron de manera autónoma, y es necesario acabar con esta situación.
Sin embargo tras el cambio de gobierno no hubo en este área cambios que pusieran de manifiesto que, como decía Benedetti, “El mango vayan soltando, ya no existe la sartén”, y que sometieran a quienes pretenden seguir funcionando con autonomía y poder independiente por fuera del legalmente constituido.
Los primeros hechos acontecidos en el área no han sido muy auspiciosos, y podemos tomar como ejemplo paradigmático lo ocurrido con la fuga del Penal de General Alvear de los condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez. Resulta sospechosa la facilidad con la que se movilizaron a lo largo de quince días los tres fugados, y aunque aún resta saber mucho del hecho en cuestión, si es auspiciosa la medida adoptada por el gobierno bonaerense de desplazar rápidamente a las autoridades penitenciarias involucradas.
Pero no ocurrió lo mismo con las diversas denuncias públicas de abusos en el accionar de las fuerzas de seguridad tras la asunción del Gobierno Macri. Desde la represión violenta en La Plata o en el Barrio Illia de la ciudad de Buenos Aires, a los casos de intimidación a ciudadanos por la “portación de cara” como ocurriera en el barrio de Flores porteño, se suceden las denuncias que ponen de manifiesto que nada cambió, y como hemos dicho, es necesario que cambie.
Pero no cualquier tipo de cambio. No alcanza con cambios de maquillaje o sólo de forma, es necesario aprontar cambios de fondo. Como decíamos al inicio al citar a Gramsci, los que mencionamos son ejemplos que ponen de manifiesto que el nuevo mundo tarda en aparecer y que en ese claroscuro surgen los monstruos. Es necesario entonces no perder de vista por lo que se lucha, que no es ni más ni menos que un mejor presente y futuro para nuestros conciudadanos, y para ello es preciso denunciar todos y cada uno de estos accionares, de estos excesos, para que no se conviertan en “modus operandi”, para que no volvamos a tener como durante la década pasada más de 200 denuncias anuales de violencia institucional, porque parafraseando a León Gieco, como en el Barrio Illia, debemos exigir que “bajen las armas, que aquí sólo hay pibes murgueando”.
Publicado en El Estadista, Buenos Aires.
http://elestadista.com.ar/?p=9997
