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    Siguen las fes de erratas…

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    By principedelmanicomio on 19 noviembre, 2026 Artículos periodísticos

    Hay correcciones administrativas y hay confesiones administrativas. La Fe de Erratas publicada el 16 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial Municipal de Zárate, Edición 325, rectificando el Decreto 412/26, pertenece a la segunda categoría. Porque cuando un gobierno necesita reescribir el considerando completo y el artículo principal de un decreto apenas un rato después de haberlo firmado, no está corrigiendo un error de tipeo: está admitiendo que lo que firmó no resistía el escrutinio jurídico mínimo. Y además que nadie lee nada y se firma la norma legal. Y lo hizo con una vecina que fue tomada como rehén el 31 de octubre pasado, con $2.550.000 en juego, y con una Ley 13.163 que, como vamos a demostrar, no dice lo que el Municipio necesitaba que dijera.

     

    📄 Los documentos, sin anestesia

    El Decreto 412/26, firmado en Zárate el 16 de noviembre de 2026 por el intendente Marcelo Matzkin y refrendado por el secretario de Desarrollo Humano, Ignacio Olivera, sobre el expediente EE-2026-000812-ZARA-SECDESHUM, autoriza a la Contaduría a abonar a la señora Ethel Isabela González, DNI 32.331.230, la suma de $2.550.000, ‘en concepto de subsidio no sujeto a rendición de cuentas, para ser afectados a gastos de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, dentro del marco de la Ley 13.163’ (art. 1º). El pago se fracciona en tres cuotas mensuales de $850.000, abonables en noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027 (art. 2º). El considerando deja claro el origen: la señora González ‘fue víctima de un hecho delictivo habiendo sido tomada como rehén en el evento delictual ocurrido en nuestra ciudad el día 31 de octubre de 2026’.

    La víctima en cuestión fue tomada como rehén durante un intento de robo a un local de venta de celulares en pleno centro de Zárate, en un episodio que incluyó tiroteo y terminó con dos detenidos, uno de ellos herido. El propio intendente Matzkin se expresó ese mismo día en sus redes, respaldó el accionar policial y sentenció: ‘Inadaptados así no merecen ninguna contemplación más que el castigo penal’.

    Hasta acá, una historia con la que cualquiera puede empatizar. El problema no es el destinatario: es el instrumento, su fundamento jurídico y, sobre todo, lo que la Fe de Erratas confiesa.

     

    ⚖️ Qué dice en realidad la Ley 13.163 (spoiler: nada de esto)

    El decreto invoca la Ley 13.163 de la provincia de Buenos Aires ‘dentro del marco’ de la cual se otorga el subsidio. Alguien podría suponer que se trata de una norma de asistencia a víctimas. No lo es. La Ley 13.163, sancionada en 2004, es una ley tributaria-financiera: establece que los municipios que actúan como agentes de recaudación de impuestos provinciales quedan sujetos a sus disposiciones y crea el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, alimentado con la recaudación municipal, cuyos recursos se distribuyen con el 80% destinado a servicios de asistencia social según un índice de vulnerabilidad. Su art. 6 contempla la distribución del fondo y su art. 10 faculta al Poder Ejecutivo a designar la autoridad de aplicación. No hay en toda la ley un catálogo de casos, un régimen de beneficiarios ni una referencia a víctimas de delitos. Lo que hay es una fuente de financiamiento.

    Esto explica el dato presupuestario del art. 3º del decreto: el gasto se imputa al ‘Fondo de Fortalecimiento de Programa Sociales’, partida 5.1.4.0 ‘Ayudas Sociales a Personas’, rubro 11.9.05.00. O sea: el Municipio no aplica una ley de víctimas porque no existe tal cosa en la Ley 13.163; lo que hace es gastar de una bolsa provincial de asistencia social, lo que en principio es legítimo. La invocación de la ley es decorativa: sirve para que el decreto suene a marco normativo cuando en rigor es una decisión discrecional de gasto fundada en un considerando, no en una norma que establezca requisitos objetivos, plazos ni criterios de acceso. Es un recurso al que apelan muchos Intendentes, Cáffaro por ejemplo lo utilizó para pagarle a una cantante.

    Y aquí conviene traer el contraste con el régimen que la propia provincia sí dictó para esto. El reglamento general de subsidios vigente en Buenos Aires (Decreto 124/2023) exime de la verificación posterior del destino de los fondos a las personas humanas solo hasta $250.000; por encima de ese monto, corresponde justificar la inversión, salvo exención por acto fundado.

    Un subsidio de $2.550.000 ‘no sujeto a rendición de cuentas’ es, en términos de control, la excepción y no la regla. No tenemos acceso al régimen de subsidios municipal vigente y no podemos afirmar que lo contradiga; pero tampoco el decreto exhibe un acto fundado de exención. Lo que el documento exhibe es una voluntad: pagar, en tres cuotas, sin rendición, sin programa, sin convocatoria y sin criterio público de selección.

    A esto nos referimos cuando venimos escribiendo desde 2025 sobre los subsidios que se otorgan en Zárate: una herramienta sin reglas claras es una herramienta arbitraria. Ya lo documentamos en ‘Subsidios fantasmas, opacidad y circo’ y en ‘A Matzkin se le perdieron $683.496.280,10’, donde señalamos que un 35,6% de los fondos asignados a una partida se fue en subsidios.

    El Decreto 412/26 no es una excepción a ese patrón: es su versión más refinada.

     

    🩺 La pregunta incómoda: ¿por qué el Estado paga el tratamiento en vez de darlo?

    Fijémonos en lo que el decreto original asumía como natural: que una vecina víctima de un hecho delictivo necesita pagarse un tratamiento psicológico. Que la salud mental es un servicio que se solventa con dinero en efectivo, como si fuera un electrodoméstico.

    El art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a la protección de la salud y la Ley Nacional 27.610 de Salud Mental establece que el Estado debe garantizar el acceso a la atención en salud mental como parte del sistema de salud. Zárate tiene hospital municipal, secretaría de Salud, y un gobierno que se jacta públicamente de sus políticas de salud mental. Si la señora González requiere ‘tratamiento psicólogo paliativo de la incidencia de dicho suceso’, frase literal en el considerando, la primera pregunta no es cuánto subsidio se le da, sino por qué no recibe la atención directa del sistema público de salud que su gobierno local administra y presume en múltiples gacetillas. Que conste: no sabemos si se le ofreció y no alcanzaba, o si directamente no hubo oferta. El expediente citado en el decreto no lo dice, y eso ya es parte del problema. Pero el diseño del acto habla solo: el Estado municipal eligió convertir su deber asistencial en una transferencia de dinero sin control, y espera aplausos por eso.

    Hay además un matiz jurídico serio: un subsidio municipal destinado a pagar un servicio que la propia organización estatal puede prestar roza lo que el derecho administrativo llama desnaturalización del fin. Por eso la Fe de Erratas es tan reveladora.

     

    🎭 La Fe de Erratas como confesión

    Comparen. El art. 1º original: subsidio ‘para ser afectados a gastos de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico’. El texto rectificado: subsidio ‘no sujeto a rendición de cuentas, con naturaleza de ayuda económica, en razón de su situación de vulnerabilidad’. Los considerandos originales: la beneficiaria ‘carece de recursos para solventar y afectar a tal tratamiento’. El texto rectificado agrega párrafos enteros: que la ayuda funciona ‘como un ingreso que permita atender al tratamiento referido con la prioridad requerida’, que es ‘tarea del Estado velar por brindar las condiciones adecuadas’ para que retome sus actividades laborales, y que no está ‘en condiciones de solventarse por sus propios medios mientras afronta los tratamientos’.

    ¿Qué pasó acá? Alguien, un asesor jurídico, la Subsecretaría General de Intendencia, alguien que leyó el decreto con ojos de control, debió advertir que fijar como destino explícito el pago de un tratamiento de salud convertía el acto en un cheque directo a un servicio privado, difícil de justificar bajo la partida de ‘ayudas sociales’ y expuesto a observaciones de los organismos de contralor. La solución: reescribir el pasado. Que el subsidio ya no sea ‘para tratamiento’ sino ‘por vulnerabilidad’, una categoría tan elástica que cabe todo. La fe de erratas no corrige una fecha o una cifra; sustituye la fundamentación jurídica del acto, cosa que, técnicamente, una fe de erratas no puede hacer: rectifica errores materiales de transcripción, no rehace la ratio del decreto. Lo que Zárate publicó en su Edición 325 del 16/11/2026 es, jurídicamente, un decreto distinto firmado con la misma fecha. Que el Tribunal de Cuentas o quien audite el gasto tome nota. Por ejemplo los concejales podrían citar a Ignacio Olivera al recinto, sí al recinto y no a una reunión entre cuatro paredes, y pedirle explicaciones.

    Y noten la ironía: el gobierno que no puede redactar un decreto válido a la primera, con todo su equipo jurídico, con la Subsecretaría General interviniendo ‘estimando que la solicitud resulta procedente’, es el mismo que pide confianza ciega para administrar $8.044 millones en Aguas de Zárate, como mostramos en ‘La canilla de oro’.

     

    ⚖️¿Y los otros rehenes? Sobre la igualdad que no llega

    El 31 de octubre de 2026 no fue la primera vez que un zarateño sufrió un hecho delictivo violento. Tampoco es el primer vecino que, producto de un robo, una agresión o un episodio traumático, necesita atención psicológica y no tiene recursos. Zárate tiene décadas de estadística delictiva y cientos de víctimas que enfrentan el mismo cuadro: licencia por estrés postraumático, tratamiento que no pueden pagar, trabajo que se complica. ¿Todos reciben $850.000 mensuales por tres meses sin rendición? No tenemos los datos, ni siquiera el Municipio los publica con ese nivel de detalle, como reclamamos en ‘La realidad y LA realidad’, y por lo tanto no podemos afirmar que no lo hayan recibido. Pero lo que sí podemos afirmar es que no existe un programa, una convocatoria abierta ni criterios objetivos que garanticen que cualquier víctima en idénticas condiciones acceda a este beneficio. Y cuando no hay reglas, la decisión es discrecional, y lo discrecional, arbitrario. El art. 16 de la Constitución Nacional es taxativo: ‘la igualdad es la base del impuesto y de las prestaciones públicas’. Una prestación pública que depende de que tu caso llegue al escritorio correcto no es una prestación: es un favor.

    ¿Cuál fue la diferencia en este caso? Todo apunta a la exposición mediática. El tiroteo y la toma de rehén del 31 de octubre tuvieron difusión nacional, con videos, cubrimiento de medios de alcance federal y una movida política inmediata: la respuesta del intendente en X el mismo día, el relato policial cuidadosamente armado (‘rápido y responsable’, los detenidos ‘no eran de Zárate’).

    En 16 días, el caso pasó del escándalo mediático al decreto firmado. Esa velocidad no se explica por la burocracia: el expediente EE-2026-000812 recorrió solicitud, encuesta socio-ambiental, dictamen de Secretaría, intervención de Subsecretaría y firma de intendencia en dos semanas… con múltiples feriados y asueto en medio, cuando la gestión habitual de un expediente social en cualquier municipio y en Zárate se mide en meses. La hipótesis, que formulamos con la cautela del que no tiene acceso al expediente completo: el subsidio funciona como capítulo de un relato, no como política pública. El gobierno necesitaba cerrar la semana del tiroteo con una escena redentora: no podía ofrecer más policía sin autonomía, ni más justicia sin competencia, ni salud mental sin sistema. Podía, eso sí, firmar un cheque y comunicarlo.

     

    📱 El relato como forma de gobierno

    Esta hipótesis no nace hoy. Lo venimos sosteniendo con documentos desde hace más de un año: en ‘Matzkin gestiona marcando agenda’ mostramos el patrón, el tema bueno es sistémico y propio, el tema malo es puntual y ajeno; en ‘De qué se habla en Zárate’ documentamos cómo dos piezas comunicacionales perfectamente afinadas desplazaron del debate la reapertura incumplida del Hogar de Ancianos, prometida según La Voz en octubre de 2023 y aún pendiente a octubre de 2026, y un subsidio de $67.383.285 a una obra privada sin debate público.

    Y allí escribimos una frase que este decreto vuelve a demostrar: lo que se repite sin contradicción se vuelve realidad de facto.

    El Decreto 412/26 es un caso de manual de esa forma de gobierno. El daño real de la víctima es genuino y merece respuesta; pero la respuesta elegida no escala, no se institucionaliza, no convoca: se decreta a medida y se comunica a medida. La Fe de Erratas completa el cuadro: ni siquiera el instrumento de la respuesta estaba bien construido, porque en esta forma de gobernar lo que importa no es que el papel resista el escrutinio sino que el titular circule antes de que alguien lea el papel. Es la realidad y LA realidad, como titulamos en mayo: hay una ciudad gobernada y una ciudad comunicada, y el Decreto 412/26 vive entera en la segunda.

     

    🧾 Cierre: lo que la Fe de Erratas no pudo corregir

    La Fe de Erratas pudo borrar ‘gastos de tratamiento psicológico’ y escribir ‘situación de vulnerabilidad’. No pudo borrar tres cosas. Primera: que la Ley 13.163 no prevé los casos que el decreto pretende encajar en ella, porque es una ley de financiamiento, no de beneficiarios. Segunda: que la atención en salud mental que el gobierno presume dar es, al menos en este caso, tan deficiente que la solución fue darle a la víctima dinero para que se atienda por fuera del Estado, y encima sin rendición. Tercera: que la señora González, su domicilio en Gral. Pinto 2300 y su DNI ahora figurarán para siempre en el Boletín Oficial como protagonistas de un acto que necesitó ser reescrito para ser jurídicamente presentable, mientras cientos de víctimas anónimas de hechos delictivos siguen esperando que alguien les abra un expediente.

    El subsidio no es el escándalo. El escándalo es que en Zárate la única vía garantizada de acceso a una ayuda del Estado sea aparecer en los medios. Y eso no lo corrige ninguna fe de erratas.

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    RODOLFO WALSH – AGENCIA CLANDESTINA DE NOTICIAS

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