Argentina dictó en 2009 la ley 26.571 que estipula que todos aquellos partidos políticos que quieran participar de los comicios deben participar inicialmente de esta suerte de elecciones primarias para resolver la conformación de sus listas de candidatos. Fue la ley que estipuló la implementación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En aquel lejano 2009 nos oponíamos a esta propuesta, entre otras cuestiones, porque entendíamos que los partidos políticos debían tener la potestad de decidir internamente, tan sólo con la participación de sus afiliados, quiénes representarían mejor sus ideas. Y además porque quienes se presentaban como los adláteres de la transparencia y la participación política eran los mismos que habían hecho uso y abuso de la ley electoral para beneficio propio. Como ejemplo tan sólo basta con recordar lo ocurrido en la elección presidencial de 2003, dónde el peronismo, que por cierto no es muy afecto a dirimir sus diferencias internas de manera democrática, presentó tres candidaturas. Pero en aquella época la debilidad de los partidos políticos era notoria, y esta ley que se decía serviría para fortalecerlos con la participación ciudadana los condenó a muerte.
Hoy Argentina no tiene una democracia de partidos, aunque el artículo 38 de la Constitución Nacional indique que ‘Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático’, sino que se reemplazó por una democracia de candidatos que dicen representar a partidos políticos… que a su vez se subsumen en coaliciones electorales. De plataformas políticas, planificación, programación, discusión política, relación entre representantes y representados, nada de nada. Se trata de verdaderas PyMES electorales que se han transformado en tan solo una inversión económica y salida laboral para algunos ciudadanos.
Así entonces un candidato puede representar a diferentes partidos políticos en diferentes elecciones y sin pudor presentarse como mandatario de proyectos que, al menos en sus postulados básicos, sean incompatibles entre sí. Lejos quedaron los tiempos en que los partidos debatían internamente quién era el mejor candidato que podían ofrecer a la ciudadanía para defender sus ideales y cuáles serían los postulados de su Plataforma Política. Hoy no existen las plataformas políticas, el camino se invirtió y los partidos políticos, porque pese a todo la única vía permitida para presentar una candidatura electoral es a través de los partidos políticos, deciden sus candidatos en función de quién es mejor recibido por la ciudadanía, quién es el ‘conocido’ en la ciudadanía, quien aparece mejor posicionado en las encuestas… y en esa lógica entraron todos, incluso quienes decían aborrecerla. En una verdadera ruleta electoral se ponen en juego las diversas candidaturas en debate, y da lo mismo ser candidato a diputado, senador o intendente, y entonces se evalúa la candidatura a que cargo genera más votos, o si presentarse por el distrito donde se nació o dónde se tiene fijado el domicilio… mientras tanto las ideas y el debate político brillan por su ausencia.
Por lo tanto es compleja la construcción de consensos para la implementación de políticas de Estado, puesto que lo que caracteriza a los ‘proyectos’ no son las ideas que se pregonan y defienden sino la elegibilidad de quien encabeza una boleta electoral. Así pues las proclamadas políticas de Estado no son más que acuerdos dirigenciales que tienen la vida útil de los propios impulsores, que no es poca puesto que la renovación de candidatos es sumamente limitada, pero no trasciende ni convence a otros ciudadanos puesto que estos ciudadanos ya no debaten proyectos sino tan sólo candidaturas. Y en muchos casos se defienden proyectos personales del candidato.
Por si fuera poco, y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón quienes eran los campeones de la transparencia política y la participación ciudadana dinamitaron toda lógica de funcionamiento colectivo en pos de sus intereses personales. Primero lo hicieron con la presentación de candidaturas virtuales o testimoniales, ubicando en las boletas electorales a ciudadanos que nunca tuvieron intenciones de asumir la responsabilidad de cumplir con el deber cívico de representar a la ciudadanía, sino que era una mera acción de marketing político con la que se procuraba vender un producto, pero con una deslealtad desmedida, luego de la venta ni siquiera se entregaba lo prometido.
Uno creía que no había forma de superar semejante ejemplo de trampa legal, pero el peronismo es capaz de eso y mucho más.
Y tras ir por partes, ahora van por todo. Como las PASO ya no les son útiles a sus intereses sectoriales pretenden eliminarlas ya que se dieron cuenta, en las elecciones de 2019, que podían ser un elemento ordenador, y hasta de imposición de una realidad, para la oposición. El peronismo, que había encontrado en las PASO la forma de poder ordenar su amplio abanico de pensamiento e intereses políticos, es ahora víctima de su propio remedio, y entonces pretende eliminarlo de cuajo.
Las definiciones del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque al respecto son claras. Afirma que ‘su espíritu original no resultó como se había previsto’, lo cual es falso, sirvió para ordenar al entonces Frente para la Victoria, y hoy es un impedimento para volver a hacerlo, y reclamó a la oposición opinar sobre el tema sin evaluar ‘la conveniencia del momento’, sino teniendo en cuenta ‘que es lo mejor para el sistema político’, lo cual es un accionar tramposo a todas luces. No se puede reformar un sistema electoral a meses de las elecciones, cómo mínimo debe pasar un ciclo electoral entre la reforma y su implementación, caso contrario no es más que la utilización partidaria de la herramienta que se intenta instaurar.
Afirma Larroque que ‘No veo bien que quien hace un tiempo despotricaba ante las PASO hoy parece poner un grito en el cielo’, siguiendo su lógica no podrían pedir la suspensión de las PASO quienes la defendían, el problema es que en el fondo lo que está en discusión es la manipulación y utilización partidaria de las reglas electorales para beneficios personales y sectoriales.
Eso es lo que está en juego en la Argentina.
En 2009 el entonces Frente para la Victoria tuvo la fortaleza política para imponer un sistema tramposo y mañoso que lo beneficiaba bajo la excusa de ‘democratizar la representación política’. El tiempo demostró que era falso.
¿En 2022 | 2023 contarán con el respaldo político para su suspensión?
