Más derecha, menos derechos

El Ente Municipal de Desarrollo de Zárate (ENDEZA) acaba de comunicar, con la solemnidad que le queda grande, que a partir del miércoles 17 de junio comenzaría a aplicar medidas contra quienes registren deudas del servicio de agua y cloacas. Lo dijo así, sin anestesia: reducción de caudal, reparaciones y acciones de cobro judicial. Y por si quedaban dudas, aclaró que todo eso será aplicado ‘sin excepciones’.

Sin excepciones. Qué valentía. Qué firmeza. Lástima que la firmeza no alcance para explicar cómo, exactamente, van a hacer lo que dicen que van a hacer. Y tampoco para explicar si lo que van a hacer es, siquiera, legal.

Pero no adelantemos. Vayamos por partes, porque en política local lo básico es, curiosamente, lo que más se pasa por alto.

📜 La Ordenanza 4524 dice exactamente lo contrario de lo que ENDEZA sugiere

Arranquemos por casa. La normativa zarateña que regula el servicio de agua es el Anexo Único de la Ordenanza 4524, y conviene leerla con atención porque dice cosas muy específicas. El artículo 3.5.3.3, titulado ‘Cortes y Restricción del Servicio de Agua’, establece lo siguiente:

‘La Municipalidad-Prestataria y/o el Concesionario podrá suspender temporalmente por restricción en el ingreso de agua, o cortar el suministro en el caso de usuarios con actividad comercial y/o industrial, que se hallen en mora por falta de pago. No podrá suspenderse el suministro del servicio de agua potable a usuarios residenciales.’

Leámoslo de nuevo, por si había alguna duda: ‘no podrá suspenderse el suministro a usuarios residenciales’. Lo dice la ordenanza zarateña. La propia. La local. La que ENDEZA debería conocer de memoria porque es la que regula su actividad.

Y aquí viene una pregunta que se impone sola: ¿reducir el caudal de agua es o no es una suspensión del suministro?

La respuesta jurídica no es tan simple como ENDEZA quisiera. Un suministro que se reduce a la mitad, o a un tercio, no es un suministro pleno: es un suministro parcial. Y un suministro parcial, en tanto priva al usuario de una porción del servicio al que tiene derecho, puede ser válidamente considerado como una suspensión parcial del mismo. La lógica es la siguiente: si la ordenanza prohíbe suspender el suministro a usuarios residenciales, ¿bajo qué argumento podría permitirse una suspensión parcial? ¿Acaso la letra chica del derecho dice ‘no podrás cortarle el agua, pero sí podrás convertirla en un hilo’?

La trampa semántica es evidente. Llamar ‘reducción de caudal’ a lo que en los hechos es una restricción del derecho al servicio no cambia la naturaleza del acto. Cambia la etiqueta, no el contenido.

⚖️ El derecho al agua: lo que la ley nacional y la jurisprudencia dicen con claridad

Más allá de la ordenanza local, el agua potable no es una mercancía. Es un derecho humano reconocido internacionalmente y protegido en el ordenamiento jurídico argentino con una robustez que ENDEZA parecería desconocer, o directamente ignorar.

La Ley 26.221, que aprobó el Marco Regulatorio del servicio de agua potable y desagües cloacales en Argentina, es taxativa en su preámbulo: ‘El carácter de Derecho Humano de acceso al agua que se contempló en el Decreto 303/06 es el principio que ilumina el presente Marco Regulatorio. La interpretación y aplicación de cualquiera de sus normas no podrá implicar el conculcamiento de tal derecho.’ En otras palabras: ninguna norma, ni siquiera las del propio marco regulatorio, puede ser usada para violar el acceso al agua. Eso incluye las medidas de cobro por mora.

A nivel internacional, la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 30 de julio de 2010, declaró el derecho al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. Argentina votó a favor de esa resolución. No es un dato menor.

Los fallos que ENDEZA debería haber leído antes de publicar el comunicado

La jurisprudencia argentina es, en este punto, inequívoca. El fallo más citado es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses y otros s/ amparo’, del 2 de diciembre de 2014. Allí, el tribunal máximo reconoció de manera explícita el derecho humano al acceso al agua potable, afirmando que dicho acceso ‘incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, por lo que debe ser tutelado por los jueces’ con carácter urgente.

Y no es el único. En agosto de 2025, la jueza federal de San Martín Martina Forns suspendió la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia nacional 493/25, que habilitaba el corte del servicio de agua por falta de pago. La magistrada dictaminó que era ‘improcedente el cese del suministro de agua potable cuando la morosidad del usuario obedezca a una situación de vulnerabilidad social’, con especial protección para adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Señaló además que la medida implicaba ‘una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios’.

Ese decreto fue del Gobierno Nacional. Lo suspendió una jueza. ¿Qué chances tiene una ordenanza municipal de resistir el mismo escrutinio?

La doctrina jurídica también es clara. Un especialista en la materia lo pone en estos términos: ‘La falta de pago no habilita a dejar al usuario sin algo que resulta tan imprescindible para la vida humana como lo es el agua, más aún si tenemos en cuenta la diversidad de medios que ofrece nuestro derecho para el cobro de una deuda.’ Es decir: hay otras herramientas legales para cobrar. El agua no puede ser una de ellas.

🔧 El problema técnico que nadie quiere mencionar: no hay medidores

Ahora viene la parte más jugosa. La pregunta que debería haberse formulado antes de redactar cualquier comunicado: ¿cómo van a reducir el caudal de agua si en Zárate no hay medidores domiciliarios?

Para reducir el caudal a un usuario específico, hay dos opciones. La primera es tener un medidor instalado que permita regular el flujo individualmente. La segunda es enviar un operario a manipular la conexión domiciliaria en la vía pública, con todo el costo operativo, logístico y técnico que eso implica.

La primera opción requiere infraestructura que no existe para ENDEZA. La segunda requiere recursos humanos, tiempo y dinero que, casualmente, son los mismos recursos que ENDEZA dice no tener porque la gente no paga.

El propio intendente Marcelo Matzkin había anunciado que colocarían medidores a los deudores. Sobre eso ya escribimos en este sitio, y la pregunta sigue en pie desde entonces: ¿por qué medidor a quien no paga, y no medidor a quien tiene una pileta y la llena con agua de la red? El cobrar una tasa adicional a los poseedores de piletas de natación que no posean sistema de captación de agua subterránea, es una vieja propuesta a la que la mayoría de concejales se opuso (¿y opone?) cíclicamente.

Porque esa es la gran paradoja zarateña. El vecino moroso, ese al que se le va a reducir el caudal y mandar intimación judicial, quizás deba tres meses de boletas. Pero el vecino que llenó su pileta de diez mil litros en verano, con agua potable de la red pública, a tarifa plana, sin que nadie lo controle y que quizás renueva semanalmente, ese sigue tan campante. Sin medidor. Sin penalidad. Sin una carta documento.

¿Por qué privilegiar, una vez más, lo que conviene por sobre lo que se debe hacer?

🏊 La pileta y la inequidad: cobrar más a quien más consume

Hay algo que en otros países y en ciudades con gestión seria, no como en Zárate, es moneda corriente: cobrar más a quien más consume. Se llama tarifa progresiva, y es tan razonable que cuesta entender por qué aquí no existe.

Una familia humilde que apenas llena un balde paga la misma tarifa per cápita que el vecino del barrio privado que riega su jardín, llena su pileta y lava tres autos. Y en la lógica de ENDEZA, el primero es el peligroso, el deudor, el que hay que intimar. El segundo es un contribuyente ejemplar, siempre y cuando pague la boleta.

La pregunta es tan obvia que da vergüenza tener que hacerla: ¿por qué no empezar por cobrarle más a quienes más consumen? ¿Por qué no medir primero a las casas con pileta, a los locales comerciales con consumos elevados, a los grandes usuarios? ¿Por qué no hacer un estudio serio de la morosidad para determinar quienes no pagan porque no pueden? ¿Por qué el primer apriete siempre le cae al eslabón más débil?

La respuesta, en el Zárate que conocemos, probablemente tenga que ver con que los vecinos con pileta son los que votan, los que hablan, los que tienen abogado. Pero eso, claro, es solo una hipótesis.

🏢 El misterio de los edificios: cuando la amenaza choca con la física

Hay otro problema que ENDEZA no menciona en su comunicado, y que conviene señalar antes de que alguien se lleve una sorpresa desagradable. Zárate tiene edificios de varios pisos. Muchos edificios. Edificios donde hay una sola entrada de agua al inmueble pero donde el pago de la boleta es por unidad funcional.

Traducido al castellano: si en un edificio de veinte departamentos tres propietarios tienen deuda, ¿qué hace ENDEZA? ¿Le reduce el caudal a todo el edificio, castigando a los diecisiete que pagaron? ¿Manda a un operario a identificar qué cañería corresponde a qué deudor dentro de un sistema hidráulico compartido? ¿Pone un cartelito? Insólito por lo absurdo.

Es una pregunta técnica sin respuesta técnica. Porque la arquitectura de los edificios, la realidad de las instalaciones hidráulicas colectivas y el sistema de facturación individual son incompatibles con la medida anunciada. Al menos tal como fue descripta, con la vaguedad suficiente como para no comprometerse con ningún detalle operativo.

Reducir el caudal en un edificio de propiedad horizontal es imposible o injusto. O las dos cosas a la vez, que en la gestión zarateña suele ser la opción más frecuente.

📋 El comunicado como performance

Leamos de nuevo lo que dijo ENDEZA: que avanzará con la reducción de caudal, reparaciones y acciones de cobro judicial ‘sin excepciones’, e instó a los vecinos a regularizar su situación y evitar inconvenientes, recordando que dispone de distintos métodos de pago.

Bonito. Muy ordenado. Muy oficial. El problema es que un comunicado no es un plan. Es una declaración de intenciones. Y las declaraciones de intenciones sin respaldo técnico, sin infraestructura adecuada y sin sustento legal sólido no son política pública: son teatro para la tribuna. Más de lo mismo.

Zárate tiene una larga historia de anuncios que no se ejecutan, de medidas que se anuncian con pompa y se diluyen en silencio. Lo hemos documentado en esta web más veces de las que nos gustaría. El patrón se repite.

Y la verdad es que anunciar que se achicará la provisión de agua es mucho más fácil que achicársela realmente a alguien. Sobre todo cuando no tenés los medidores para hacerlo selectivamente, no tenés los recursos humanos para hacerlo operativamente, no tenés el marco legal para hacerlo sin que un juez te frene, y además tu propia ordenanza te lo prohíbe respecto de los usuarios residenciales.

🙋 ¿Y el que de verdad no puede pagar?

Seamos honestos: hay gente que no paga el agua porque puede y no quiere . Y hay gente que no paga porque no puede, aunque quiera. Son dos poblaciones completamente distintas, con realidades completamente distintas, y que merecen respuestas completamente distintas.

Para los primeros, está bien apretarles las tuercas. El que tiene trabajo y plata, y simplemente ‘nunca encontró el momento de pagar la boleta’, tiene que pagar la boleta.

Pero para los segundos, los que viven en barrios donde las calles son pozos, donde la iluminación es un recuerdo, donde la inseguridad es rutina, la respuesta no puede ser ‘venga al mostrador de Esmeralda 710 de lunes a viernes de 9 a 15 y los sábados de 9 a 13’. Porque esa respuesta supone que el vecino que no puede pagar tiene tiempo libre, movilidad y la energía vital para ir a hocicar ante el ente municipal.

Y además, la propia jueza Forns lo dijo con todas las letras al suspender el decreto nacional: el cese del suministro es ‘improcedente cuando la morosidad obedezca a una situación de vulnerabilidad social’. Dicho por la Justicia. No por nosotros.

¿Por qué el vecino debe ir a hocicar al Municipio y no el funcionario salir a buscar a quien necesita ayuda? En otro contexto eso se llama trabajo social. En Zárate se llama tarea pendiente y todavía no se enteraron.

🎭 Conclusión: la amenaza que no cierra por ningún lado

ENDEZA anunció una medida que:

• viola la propia Ordenanza 4524, que prohíbe suspender el servicio a usuarios residenciales, y cuya prohibición aplica también a las suspensiones parciales como la reducción de caudal;
• contradice el derecho humano al agua reconocido por la Ley 26.221 y por la jurisprudencia de la Corte Suprema desde el fallo ‘Kersich’ de 2014;
• ignora que una jueza federal ya suspendió una medida equivalente dictada por el mismísimo Gobierno Nacional, con exactamente los mismos argumentos;
• es técnicamente inviable en ausencia de medidores domiciliarios;
• es logísticamente absurda en los edificios de propiedad horizontal;
• es éticamente reprochable mientras los grandes consumidores sin medidor siguen sin penalidad alguna;
• y llega de la mano de una gestión cuya incoherencia entre discurso y acción está más que documentada en estas páginas.

El agua es un derecho. No es una zanahoria que se otorga a quien se porta bien y se retira al que se porta mal. Y gobernar un servicio esencial con esa lógica no es gestión pública: es extorsión institucional con membrete.

Ojalá que alguien en ENDEZA lea esto y se tome el trabajo de explicar, con números, planos y procedimientos, cómo van a hacer exactamente lo que dijeron que van a hacer. Y sobre todo, bajo qué norma legal. Nosotros, mientras tanto, seguimos mirando. Y escribiendo.