Una nota ‘curiosa’… o una maniobra más del poder local
Días atrás, los equipos directivos de las escuelas públicas de Zárate recibieron un sorprendente correo electrónico proveniente del Consejo Escolar. En él, las autoridades autorizaban a un tal Daniel Rebasa a ingresar a las instituciones educativas para ofrecer ‘asesoramiento’ en materia de seguros.
A simple vista podría parecer un simple trámite administrativo. Pero bajo la superficie late una irregularidad grosera. Y lo que se presenta como una formalidad, esconde -una vez más- la habitual confusión entre lo público y lo privado que reina en las decisiones del oficialismo local.
Autorización con fecha vieja y silencio llamativo
El correo adjuntaba una nota firmada por Ricardo Suruaga y Liliana Cerrini, fechada en diciembre de 2024, es decir, con más de tres meses de antigüedad. ¿Por qué se envía recién ahora? ¿Por qué ese desfase temporal? ¿Fue parte de una operación planificada?
Además, resulta llamativo el silencio absoluto del cuerpo de consejeros escolares, quienes no emitieron ninguna declaración pública sobre el tema. No hubo aclaraciones, no hubo explicaciones, no hubo nada. Y el silencio, como siempre, hace ruido.
Lo que dice la ley (y lo que el Consejo parece ignorar)
El ingreso de agentes comerciales a las instituciones educativas no solo es irregular, es directamente ilegal. Así lo establece con claridad el Decreto 2299/11, también conocido como el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires.
El artículo 41 de dicho reglamento es categórico: ‘En su desempeño los docentes no deberán: […] 3. Hacer uso en beneficio particular, de sus familiares, allegados o personas ajenas a su función docente de los bienes, instalaciones y servicios de la institución. […] 6. Permitir o estimular durante la actividad escolar, la acción de agentes comerciales o vendedores de productos. 7. Facilitar el ingreso de personas ajenas a la Institución, salvo razones fundadas. […] 10. Promover, permitir o realizar suscripciones de bonos, beneficios o colectas salvo las organizadas por la Institución respetando la normativa vigente.’
Entonces, la pregunta directa es: ¿Por qué el Consejo Escolar promueve una práctica que contradice abiertamente la normativa provincial que reglamenta su funcionamiento?
¿Un asesor o un vendedor? ¿Un servicio o un negociado?
El caso del señor Rebasa genera inquietudes que no se agotan en lo administrativo:
- ¿Por qué se habilita el ingreso de un promotor comercial a las escuelas?
- ¿Qué tipo de ‘asesoramiento’ brinda?
- ¿A quién está dirigido el asesoramiento?
- ¿Quién se hace responsable si ocurre un incidente dentro de la institución durante su presencia?
- ¿Por qué Sancor Seguros y no otra empresa?
- ¿No podría atender a los interesados fuera del ámbito escolar?
Del interés público al interés privado
La clave parece estar en una lógica que atraviesa muchas de las decisiones del gobierno municipal y sus satélites institucionales: la de usar los recursos públicos -en este caso, las instalaciones escolares- para beneficio particular o de allegados.
No se trata de un hecho aislado. Como bien se desprende de investigaciones periodísticas recientes, hay un patrón de conducta que se repite: funcionarios que confunden su rol institucional con el de gestores de intereses privados, sin controles ni consecuencias.
Y cuando esa lógica se impone en áreas tan sensibles como la educación pública, lo que está en juego es la confianza social en las instituciones.
¿Qué dice la comunidad educativa?
Hasta ahora, los sindicatos docentes, las familias y el resto de la comunidad escolar no se han expresado formalmente sobre esta situación. Pero varias voces comienzan a manifestarse en privado con preocupación y malestar.
‘Nos piden que cumplamos las normas, pero ellos las violan sin consecuencias’, nos decía una directora que prefirió mantenerse en el anonimato.
¿Y si esto es solo la punta del iceberg?
Este episodio no puede analizarse como un hecho menor. Es necesario investigar si existen vínculos entre el promotor de seguros y los consejeros escolares o el gobierno municipal, si hubo algún tipo de contratación encubierta, y si se trata de una práctica que se repite en otras escuelas o con otros servicios.
Desde el periodismo independiente y la ciudadanía organizada debe exigirse transparencia, explicaciones y, si corresponde, sanciones.
Porque si lo público es utilizado para fines privados, y nadie se hace cargo, entonces estamos ante un sistema de impunidad institucionalizado.
‘Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información’.
RODOLFO WALSH – AGENCIA CLANDESTINA DE NOTICIAS
2 comentarios
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Y que dicen las inspectora de esta situación anómala ??
Ya han actuado ? Se han pronunciado ??