Legalidad versus Legitimidad

Como imaginábamos antes de su elección, la llegada al gobierno de Javier Milei suponía un desafío dada la limitadísima estructura de poder institucional en la cual se sostenía. Lleva apenas un mes como Presidente y esta realidad comienza a pasar factura.

Nadie duda de la legalidad y legitimidad de la que goza Milei, pero hay que hacer un alto en el análisis, puesto que el 56% de apoyo no solo es heterogéneo sino que, además, es producto de una elección en segunda vuelta, lo cual hace que quien triunfe siempre supere el 50%. El problema radica en que Milei y muchos de quienes lo apoyan dudan de la legitimidad de la que gozan los legisladores argentinos.

El sistema se renueva por mitades en la Cámara de Diputados y por tercios en el Senado cada dos años, por lo que la configuración actual es un mix de la realidad (y el humor) político actual y de dos años atrás, en la Cámara Baja, y similar y hasta de 4 años atrás en la Cámara Alta. Eso hace al equilibrio de poder, necesario para que una mayoría circunstancial no pueda barrer con el país.

Ante este contexto, el Presidente Milei optó por emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia, algo previsto para la excepcionalidad y que en los últimos 40 años el único que así lo entendió fue Raúl Alfonsín, de más de 600 artículos en los que aborda las más diversas temáticas, muchas de ellas ni necesarias ni urgentes de tratar bajo esta forma. Esto trajo como consecuencia el accionar de la Justicia, que ya puso en suspenso ciertas partes de la norma, y el reclamo de los legisladores que ven como son ninguneados por el titular del Ejecutivo.

La segunda medida fue la remisión al Congreso de una ley ómnibus que también abordaba múltiples áreas, desde cesión de competencias parlamentarias, que según muchos expertos traería como consecuencia la suma del poder en manos de una persona, algo que impide la Constitución Nacional, a privatizaciones de todas las empresas públicas, absolutamente todas, la reforma electoral para quitar el principio de representatividad de mayorías y minorías para mutar en un sistema de circunscripción uninominal, o la liberalización de la explotación pesquera en el espacio económico exclusivo de la Argentina.

Tal como era de esperar, al tocarse tantos intereses, los debates son arduos, máxime aún cuando el Presidente propone un tratamiento exprés de 10 días, y una aprobación a todo o nada, salvo pequeñas concesiones, como por ejemplo retirar un artículo que exigía un permiso previo de las autoridades para cualquier reunión de 3 o más personas en el espacio público.

Porque lo que está en discusión, en última instancia, es si el Presidente goza de la legitimidad para avanzar en este plan de reformas. Quienes las apoyan están convencidos que el 56% obtenido en la segunda vuelta, luego de haber finalizado en segundo lugar en la primera, basta para avanzar en ese sentido y que el resto de las fuerzas políticas y legisladores tienen que saber leer la nueva realidad social y obrar en consecuencia. Sin embargo en la elección en la que se dirimieron los 127 diputados que ingresarían este año a la Cámara, La Libertad Avanza, partido del Presidente, obtuvo apenas 34 diputados, por lo que el discurso se reduce a ‘exigir’ el acompañamiento al obrar del Presidente.

Sin embargo los diferentes legisladores cuentan con igual legalidad pero diferentes legitimidades, puesto que representan a diferentes porciones de la sociedad, varias de ellas enfrentadas al pensamiento del Presidente, y su función es ser la voz de sus representados en el Parlamento. Los legisladores de la oposición, incluso de aquellos que se describieron opositores y hoy se autoperciben pseudo oficialistas, deben representar a los electores de la oposición, no deben ser furgón de cola de un proyecto ajeno que no representa a sus representados.

Esto, tan claro y tan sencillo de entender en la Ciencia Política, pretende ser anulada por la prepotencia de los hechos.

De como se resuelva esta disyuntiva dependerá mucho el futuro de la Argentina.