El péndulo

A finales del año pasado un turista extranjero fue robado en el barrio de la Boca, en Buenos Aires, y tras ser apuñalado se lo trasladó al Hospital Argerich donde llegó al borde de la muerte y logró recuperarse.

El turista en cuestión había recibido 10 puñaladas y el delincuente que le sustrajo la cámara fotográfica fue muerto por el accionar de un policía que se encontraba, de civil, paseando por la zona.

Hasta ahí, un hecho más de inseguridad que, en principio, había podido ser resuelto por el accionar de las fuerzas policiales según se informó oportunamente.

El policía en cuestión, Luis Chocobar, fue imputado judicialmente y embargado por su accionar, lo que a priori generó la repulsa ciudadana, que luego se morigeró al conocerse la prueba fílmica que lo exponía disparándole al delincuente por la espalda.

El Presidente de la República recibió a Chocobar en su despacho, y le dio un fuerte respaldo frente al accionar judicial, lo cual se contrapone con la independencia de poderes que tanto pregona la Administración Macri, pero no sólo eso, sino que expuso públicamente una forma de pensar que hasta el momento se exhibía de manera solapada.

Inicialmente se creyó que el Presidente había recibido a Chocobar sin haber tomado conocimiento del video que lo incrimina, pero esto fue rechazado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña tras la entrevista, y quedó mucho más claro tras las palabras de la Ministra de Seguridad, quien afirmó que ‘estamos cambiando la doctrina de la culpa de la Policía.’ Y ahondó en este sentido al sostener que ‘consideramos desde el Ministerio de Seguridad que la acción que realizó el policía no es legítima defensa. Está mal encuadrado el caso. Es una acción de cumplimiento de deber de funcionario público.’

Está claro que no se trata de un caso de legítima defensa puesto que el policía no estaba sufriendo ningún ataque, lo que no está tan claro es que sea ‘una acción de cumplimiento de deber de funcionario público.’ Pero el problema de fondo no es ese, sino que el caso de Chocobar no es más que un exponente del péndulo en el cual se mece la Argentina.

Frente a la propuesta del gobierno anterior, caracterizada como garantista (aunque el garantismo es el respeto de los derechos y garantías personales, y no lo que se pretendió catalogar como garantismo que en la mayoría de los casos no es más que el actuar en favor de los delincuentes por oposición a las fuerzas policiales, o por algún tipo de connivencia con el delito), el accionar del actual gobierno es un giro copernicano de 180° y, como afirmó Patricia Bullrich, ‘vamos a invertir la carga de la prueba. Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías.’. Lo que se olvida de decir Bullrich es que el policía tiene una pistola 9 mm en la cintura y tiene el derecho (y el deber) de utilizar la fuerza para reprimir un delito, lo cual lo pone en un estadio diferencial.

Es tan malo para una sociedad el desconfiar de sus fuerzas policiales como lo es para la sociedad argentina el creer que todos los policías actúan de acuerdo a la ley, y las pruebas de connivencia entre policías y delincuentes así lo prueba. Se trata entonces de encontrar un equilibrio que garantice que los ciudadanos podamos vivir en libertad, con seguridad y no al acecho de los delincuentes, pero con la seguridad de no estar a expensas de un mal policía y su gatillo fácil.

Como país tenemos una larga y triste historia de ejecuciones sumarias practicadas por los policías, fundamentalmente con quienes tienen menos recursos, y así lo prueba el Informe de la Situación Represiva Nacional elaborado por la CORREPI, y del cual ya hemos dado cuenta en estas páginas, el pasado 2 de enero en la columna ‘La grieta no existe’.

Dijo Bullrich que ‘nos enfrentamos contra delincuentes que no tienen ningún problema en matar policías’, pero obvió decir que en muchos casos nos enfrentamos a policías que no tienen ningún problema en matar (a quienes ellos catalogan como) delincuentes.

Y agregó que ‘si ese policía no hubiera hecho nada y ese delincuente hubiera matado a un comerciante a 15 metros, ¿qué hubieran dicho?’, en un ejercicio de historia contrafáctica que no tiene sustento, puesto que probablemente si el delincuente hubiese tenido otra vida, con mejor alimentación mientras fue un niño, un ejemplo de progreso social en su grupo de contención, con mejor educación, con mayor inclusión social, con posibilidades laborales, quizás no salía a delinquir. Hoy estamos pagando las consecuencias de todas estas faltas previas, que no son de ahora sino de décadas donde se privilegió construir un presente ‘lindo’ pero ficticio, que un mejor futuro con un presente más duro.

Como sociedad debemos hacernos cargo de lo que construimos durante tanto tiempo, de lo que esto no es más que su consecuencia, pero a su vez tener en claro que el hilo es muy delgado y que lo que separa al correcto accionar policial para reprimir y combatir el delito, de la justicia por mano propia y las ejecuciones extra judiciales es muy poca distancia. Lamentablemente nuestra historia no nos da garantías de tranquilidad y el péndulo vuelve a tomar fuerza, ojalá encontremos el punto de equilibrio en el cual logre detenerse, porque las consecuencias de sus movimientos las pagamos todos.

Publicada en Diario La Reforma, General Pico.
http://www.diariolareforma.com.ar/2013/el-pendulo/