Coautora María Florencia Deich
Desde la academia hay quienes hoy insisten en categorizar el caso venezolano como el de un ‘autoritarismo competitivo’, entendiendo como tal a aquel régimen en el que ‘las instituciones democráticas formales son ampliamente vistas como medios principales para obtener y ejercer la autoridad política.’, donde ‘Los funcionarios violan estas reglas con mucha frecuencia, hasta el punto que el régimen no logra tener los estándares mínimos convencionales para la democracia’, donde ‘los funcionarios abusan constantemente de los recursos del Estado, no ofrecen a la oposición un cubrimiento adecuado de los medios y manipulan los resultados de las elecciones’, y donde ‘las reglas democráticas simplemente sirven para legitimar un liderazgo autocrático existente’. Utilizan para esta descripción el concepto acuñado por los politólogos Steven Levitsky y Lucan A. Way.
Ahora bien, hace ya bastante tiempo que Venezuela ha dejado de serlo. Tras la muerte del Comandante, todo cambió. De hecho hace ya bastante tiempo que Venezuela no tiene elecciones, y cuando las tuvo triunfó la oposición. La senda del socialismo del Siglo XXI que promovía el Comandante Hugo Chávez también parece haber pasado a mejor vida. Ahora bien, el régimen de Maduro ¿es la continuidad del chavismo, o muy por el contrario, es su antítesis?
Más allá de las opiniones que se puedan tener sobre la política y las políticas implementadas por Chávez, uno de los principales argumentos que no podían rebatir sus críticos era el aval electoral con el que contaba, puesto que elección tras elección, supervisadas por veedores internacionales, el pueblo venezolano acompañaba a su líder.
Ya no se puede seguir hablando, entonces, de autoritarismo competitivo en el caso venezolano. Venezuela hoy es una dictadura, aunque no en el sentido clásico de las dictaduras que conocimos en América Latina a finales del siglo pasado, ya no es necesaria la intervención militar porque, como se ve en el caso venezolano, las Fuerzas Armadas son parte importante del gobierno y del Estado.
En este sentido, podemos encontrar algunas similitudes entre los comienzos de la dictadura en el Uruguay de Juan María Bordaberry quien como presidente democrático decidió disolver el Parlamento, prohibió los partidos políticos y creó un Consejo de Estado liderado por militares como órgano superior de su gobierno. Así el presidente uruguayo abrió las puertas para la ruptura del régimen. Nicolás Maduro ejerce un rol similar y carga con el costo político ante un respaldo de la milicia venezolana.
Durante la conmemoración del día del trabajador decidió hacer uso de un artilugio electoral y anunció el llamamiento de una Asamblea Nacional Constituyente amparándose en el artículo 347 de la Constitución Nacional el cual prevé que el presidente en ejercicio en Consejo de Ministros puede convocarla, pero en este caso con la particularidad que no quedó establecida la forma de elección de esos constituyentes. Esa Asamblea debería estar constituida por unos 500 miembros para los cuales sólo se refirió a la posibilidad que por lo menos unos 250 serían electos por la base de la clase obrera y factores de poder popular, fascismo puro y duro. La oposición no tardó en manifestarse contra este anuncio y una vez más denunció el atropello a las instituciones democráticas.
En la noche del domingo se preveía el anuncio oficial de la convocatoria a la Asamblea Constituyente y mayores precisiones sobre la forma de elección de sus miembros, ya que los artículos 348 y 349 de la Constitución bolivariana plantean taxativamente que ninguna institución puede oponerse a la Constituyente, por lo que la Asamblea Nacional perdería su razón de ser.
Por otro lado, para tener en cuenta, hoy en día están al frente de casi un tercio de los Ministerios nacionales, varios Gobernadores son ex militares y conducen empresas claves del devenir económico venezolano. En consecuencia, las Fuerzas Armadas bolivarianas son el gobierno venezolano, pero con una salvedad, quien es la cara visible del gobierno es un ex colectivero, no un ex militar.
Afirman Levitsky y Wayque ‘aunque los funcionarios en los regímenes autoritarios competitivos puedan manipular frecuentemente las normas democráticas formales, no pueden eliminarlas o reducirlas a una mera fachada’, pues bien, en Venezuela sí. Y así quedó de manifiesto en el rifirrafe vivido entre la Asamblea y el Tribunal Supremo de Justicia, cuando este último decidió dejar sin competencias a aquella, luego intentó desaforar a los representantes y tras la presión internacional, e incluso interna de actores del propio bolivarismo, decidió dar un paso atrás y evitar la obscenidad del gesto, aunque no la utilidad de las acciones.
Hoy ciertas instituciones de la República no son más que meros hologramas de lo que supieron ser, y así lo entienden los restantes países de la región cuando convocaron una reunión de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Esto, que no contó con el apoyo de Venezuela, provocó que su canciller la elocuente Delcy Rodríguez anuncie que iniciará el retiro de su país del organismo continental, convirtiéndose así en el primer Estado que en los 65 años de existencia de la OEA, decide retirarse voluntariamente. Sólo había hasta ahora los antecedentes de la exclusión de Cuba en 1962 y la suspensión temporal de Honduras en 2009.
Si bien en el seno de la organización hubo quienes apoyaron decididamente a Venezuela, Bolivia por ejemplo, y quienes lo hicieron con matices, Ecuador y Nicaragua como así también algunas de las pequeñas naciones que tienen más relación económica con Venezuela por los intercambios petroleros, la mayoría del organismo sigue dando pasos en pos de acorralar al gobierno de Maduro.
Sin embargo estos Estados aún no logran el acuerdo para aplicar la Carta Democrática, e insisten con el diálogo diplomático. En ese contexto Venezuela decide huir hacia adelante, se va antes que lo echen. Y acusa de poco democrático al organismo que, a su vez, acusa de poco democrático al país caribeño. Y ambas realidades son ciertas.
Es momento entonces de decir las cosas por su nombre. La OEA no es democrática y necesita actualizar su funcionalidad para dotarse de más democracia. Venezuela es una dictadura y debe recuperar la senda democrática para beneficio y bienestar de sus ciudadanos.
Mientras todo siga siendo una lucha sin cuartel por política nada cambiará, es necesario que la lucha sea por políticas, sólo así los venezolanos podrán vivir un poco mejor cada día.
Publicado por Telam, Buenos Aires.
Publicado por Nuevos Papeles, Buenos Aires.
www.nuevospapeles.com/nota/3365-la-dictadura-de-maduro
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