Matzkin propone discutir que se viole la Constitución Nacional

Y acá es donde el argumento se cae solo, con una elegancia casi involuntaria.

Porque resulta que quien viene a estudiar, viene a vivir. Alquila un departamento. Compra en el almacén de la esquina. Paga el colectivo. Consume en el bar de enfrente de la facultad. Sostiene la economía local con sus reales, sus pesos colombianos o sus bolívares. No es una abstracción que flota sobre el campus universitario: es una persona que duerme, come, se enferma y gasta en este país, aunque sea durante los cuatro o cinco años que dura la carrera.

La distinción que traza Matzkin no existe en la realidad. Es una frontera conceptual sin correlato empírico. Ningún estudiante extranjero vive en el limbo: todos tienen residencia, pagan impuestos indirectos, contribuyen a la economía del sistema del que son parte. Pretender que alguien ‘viene a estudiar’ sin ‘venir a vivir’ es como pretender que uno puede respirar sin ocupar espacio. Es física, no política.

Y hay más. Una parte significativa de los estudiantes extranjeros ni siquiera llegó al país con el propósito de estudiar: son migrantes económicos o forzosos, venezolanos, paraguayos, peruanos, bolivianos, etc., que en algún momento de su vida en Argentina decidieron hacer una carrera universitaria. ¿También a ellos habría que cobrarles? ¿O la distinción tiene otra vuelta de tuerca que todavía no nos contaron?

Los números que el debate ignora (a propósito)

Argentina es el 12° destino mundial de estudiantes extranjeros, con más de 117.000 alumnos internacionales. El 95% viene de América del Sur. En las universidades públicas estudian alrededor de 79.000 extranjeros, el 3,9% de la matrícula total, concentrados sobre todo en medicina, pero distribuidos en decenas de carreras.

Ahora viene la parte que nadie de los que agitan el debate quiere decir en voz alta: ¿cuántos de esos 79.000 serían efectivamente alcanzados por un eventual arancel? Solo los residentes temporarios con menos de dos años en el país. Descontando brasileños (acceso directo a residencia permanente por tratado), venezolanos (excluidos explícitamente por el propio gobierno como migrantes forzosos) e inmigrantes económicos que estudian, la estimación más razonable da unos 17.000 estudiantes. Eso es el 0,9% de la matrícula universitaria nacional. Menos del uno por ciento.

Y si alguien se pregunta si al menos el impacto económico justifica el esfuerzo: un arancel equivalente al costo por alumno de una universidad pública (unos 1.500 dólares anuales) sobre ese universo rendiría, en el mejor de los casos, el 1% del presupuesto universitario. Nada.

Mientras tanto, los estudiantes internacionales gastan en Argentina alrededor de 600 millones de dólares por año. El costo de formarlos en las universidades públicas ronda los 100 millones. La cuenta es tan simple que da vergüenza ajena tener que explicarla: los estudiantes extranjeros le dejan al país 500 millones de dólares netos, al año, todos los años.

La Constitución que todos citan y nadie lee

Acá viene la parte incómoda. Porque no es solo que la propuesta sea inconveniente económicamente, o discutible políticamente. Es que choca, de frente y sin esquivar, con la Constitución Nacional.

El artículo 20 de la Carta Magna es meridianamente claro: ‘los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano’. No dice ‘los extranjeros con residencia permanente’. No dice ‘los que vinieron a vivir y no los que vinieron a estudiar’. Dice todos los derechos civiles, sin distinción de tipo de residencia, sin asteriscos al pie. Y agrega, por si quedaban dudas, que tampoco se les pueden cobrar ‘contribuciones forzosas extraordinarias’ para ejercer esos derechos.

El artículo 75, inciso 19, completa el cuadro: el Congreso debe garantizar ‘los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal’. Tampoco hay ahí ninguna excepción para extranjeros.

La Ley de Migraciones 25.871 cierra el círculo sin dejar escapatoria: el Estado ‘asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales’, incluyendo expresamente la educación.

Y la Corte Suprema de Justicia, por si todo eso parecía poco, ha sostenido de manera consistente que cualquier distinción entre nacionales y extranjeros en materia de derechos civiles está afectada por una presunción de inconstitucionalidad. No es opinión de un jurista de izquierda: es jurisprudencia consolidada que viene de 1988.

La propuesta que Matzkin avala, la misma que el gobierno nacional intentó meter en la Ley Bases, no podría sobrevivir un control judicial serio. No porque los jueces sean progresistas o conservadores, sino porque la norma superior es inequívoca. Alberdi fue mucho más generoso con los extranjeros que Milei, y eso hoy parece un dato casi subversivo.

Defender la educación pública no es un deporte de palco

La verdad es que el debate sobre la gratuidad universitaria para extranjeros no es ingenuo. Sirve para algo muy concreto: instalar un ‘sentido común’ que asocie al extranjero con el aprovechador, con el que viene a sacarle algo a los argentinos. Es el mismo mecanismo que se usó para hablar de la ‘salud pública para extranjeros’ hace unos años. Se siembra la idea, se naturaliza el recelo, y después, cuando el terreno está preparado, la restricción ya no escandaliza a nadie.

Que un intendente bonaerense que se dice defensor de la educación pública reproduzca ese relato sin cuestionarlo es un problema. Porque la educación pública no se defiende a medias. No se defiende diciendo ‘sí, pero no para todos’.

Nosotros lo sabemos. Lo supimos cuando éramos estudiantes y lo sabemos tras graduarnos y seguir luchando. El derecho a la educación no tiene pasaporte. Nunca lo tuvo. Y si ahora alguien cree que debería tenerlo, que al menos tenga la honestidad de decir que no está defendiendo la educación pública, sino una versión recortada, conveniente y con asterisco de ella.