La organización Reporteros Sin Fronteras acaba de publicar su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026. Argentina ocupa el puesto 98 sobre 180 países, en situación ‘difícil’. No es una caída accidental. Es una trayectoria. Un desplazamiento calculado, ejecutado con frialdad libertaria y disfrazado de libertad de mercado.
El tobogán que nadie frenó
En 2022, Argentina estaba en el puesto 29. Éramos, al menos en materia de prensa, un país que todavía podía mirarse al espejo latinoamericano con cierta dignidad. Hoy estamos en el puesto 98. Un descenso acumulado de 69 posiciones en apenas cuatro años. Para que quede claro: no nos corrimos un par de casilleros. Nos fuimos prácticamente a la mitad del tablero global.
En 2025, el informe de RSF ya señalaba que el presidente Javier Milei había estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política, y que el país se había desplomado 47 posiciones en dos años. En 2026, la caída fue de once puestos más, con Argentina en el puesto 98, vinculada al auge de la hostilidad institucional hacia la prensa y los actos de violencia contra los periodistas que cubren las manifestaciones.
La tendencia es tan clara que casi no necesita explicación. Casi.
La motosierra también llegó a la redacción
El desguace no fue solo del Estado. Fue también del ecosistema informativo. El cierre de Télam en marzo de 2024 fue el punto de inflexión más visible. La agencia, segunda en importancia en el mundo hispanohablante, garantizaba la cobertura federal y plural de la realidad argentina. Su desaparición implicó la pérdida de cables informativos, archivos documentales y la desconexión de vastos territorios del país del debate nacional.
Pero el símbolo no fue solo eso. A esto se sumó el silenciamiento de otros medios públicos y la concentración de la pauta oficial en manos del Ejecutivo, que la distribuyó de manera discrecional, favoreciendo a medios afines y castigando a los críticos. Radio Nacional vaciada. La Televisión Pública en el freezer. Las señales culturales, a media máquina.
El argumento oficial es conocido: ‘no hay plata’ y ‘el Estado no tiene que financiar medios’. Lo que omite el relato es que la pauta oficial nunca desapareció del todo, solo se redistribuyó discrecionalmente, con opacidad deliberada. El anuncio de la eliminación de la pauta tenía una trampa: solo la Administración Pública Nacional tenía prohibido pautar, pero las empresas públicas podían destinar dinero a publicidad sin rendir cuentas ni dar explicaciones. La motosierra, ya se sabe, tiene diferentes velocidades según a quién apunta.
El manual de Trump, edición argentina
RSF vinculó la situación argentina con el fuerte lazo que el presidente Milei mantiene con Donald Trump, cuyos países retroceden igualmente en la lista. El informe habla de ‘fervientes defensores’ que ‘reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios de comunicación’. Milei no inventó nada. Copió el guion. Lo que sí hizo fue aplicarlo con la intensidad propia de quien descubrió tarde que el poder también se ejerce controlando la narrativa.
El repertorio es conocido y probado: estigmatización pública de periodistas (los famosos ‘ensobrados’, ‘basuras inmundas’, ‘comunistas’), trolls digitales que amplifican cada señalamiento presidencial, acreditaciones discrecionales, y el cierre simbólico, e inédito en democracia, de la sala de prensa de Casa Rosada.
El informe de RSF dice que el presidente Javier Milei ‘alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política’, y que ‘sus partidarios reproducen ampliamente esta conducta’. No es retórica. Es una estrategia. Con nombre, apellido y cuenta de X.
El acrónimo con el que el Presidente Milei suele finalizar sus posteos contra el periodismo es más que elocuente. ‘NOLSALP’ No odiamos lo suficiente a los periodistas.
Los aprietes del siglo XXI: sin sangre pero con efecto
No hay periodistas presos. No hay periódicos cerrados a la fuerza. Pero hay algo más sofisticado: el apriete institucional. El que no necesita celda porque usa el Poder Judicial, las patotas digitales y la precarización económica como sustitutos igual de eficaces.
Según datos de FOPEA, el número de acciones judiciales civiles o penales contra periodistas y medios en Argentina aumentó de 11 en 2024 a 30 en 2025. Treinta causas en un año. Muchas de ellas iniciadas por el propio Poder Ejecutivo. La herramienta no es la bala. Es el expediente. La citación judicial a un periodista que publicó algo incómodo tiene el mismo efecto disciplinador que cualquier amenaza explícita, solo que con toga y mención en el boletín oficial.
Para Francisco Rabini, de SiPreBA, desde hace dos años la libertad de expresión y de prensa están siendo atacadas de forma constante y planificada en Argentina: las patotas digitales, el doxeo y las denuncias judiciales del propio presidente contra periodistas tienen el único objetivo de acallar. Aunque este proceder no se limita al proceder del Ejecutivo nacional, nosotros mismos lo hemos y estamos sufriendo.
Las periodistas mujeres cargan con una doble vulnerabilidad. Un dato preocupante es que el 80% de las periodistas censadas considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo. Eso no es libertad de prensa. Es censura de mercado, ejecutada por trolls en nombre del presidente.
El caso más extremo quedó grabado en piedra el 12 de marzo de 2025: un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un policía impactó la cabeza del fotógrafo independiente Pablo Grillo mientras cubría una protesta de jubilados en Buenos Aires, en lo que el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires calificó como ‘sin precedentes en la historia de Argentina’.
El mapa regional que incomoda
El ranking regional es un baldazo de agua fría. Uruguay aparece mejor posicionado en el puesto 48, seguido por Brasil en el 52 y Paraguay en el 88. Bolivia figura en el 91. Argentina, que en 2022 lideraba la región, hoy está por debajo de Paraguay y apenas por encima de Bolivia.
La ironía es brutal: el gobierno que más habla de libertad, libertad económica, libertad de mercado, libertad de empresa, es el que más retrocede en los índices que miden la libertad de informarse.
El derecho a saber también cae
Porque de eso se trata, en definitiva. La libertad de prensa no es un derecho corporativo de los periodistas. Es el derecho de la ciudadanía a estar informada. Cada medio vaciado, cada periodista silenciado por un troll oficial, cada pauta retirada como castigo, es un agujero más en la red informativa que le permite a la gente tomar decisiones con datos reales.
Los obstáculos a la libertad de prensa debilitan la democracia: sin circulación de ideas, sin pluralidad de voces y sin acceso a la información, el espacio público se reduce y la ciudadanía pierde capacidad de control sobre el poder.
El gobierno podrá decir, y de hecho lo dice, que ‘nunca hubo tanta libertad de expresión’. Puede. Tiene el derecho de decirlo. Pero Reporteros Sin Fronteras, el Sindicato de Prensa, FOPEA, el Comité para la Protección de Periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nosotros mismos decimos otra cosa.
Argentina está en el puesto 98. Cayó 69 lugares en cuatro años. Y el indicador no miente.
‘Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información’.
RODOLFO WALSH – AGENCIA CLANDESTINA DE NOTICIAS
