Coautor Rodrigo Medeiros.
En su libro ‘A la sombra de las dictaduras: la democracia en América Latina’, editado por el Fondo de Cultura Económica, en 2011, el politólogo francés Alain Rouquié resume los grandes dramas de la región. Sin embargo, el afirma que la república prevalecía sobre la democracia desde el siglo XIX. La herencia colonial de jerarquía y de segregación étnica no se disipó en contacto con los valores liberales.
Brasil, a pesar de su colonización portuguesa, se asemeja con algún retraso a la evolución republicana de Latinoamérica. De acuerdo con Rouquié, ‘en un Estado donde la esclavitud no fue abolida sino en 1888, el negro se encuentra en la parte inferior de la escala social’, una vez que ‘la ideología oficial de la democracia racial camufló durante largo tiempo un racismo cordial’. La vía meritocrática sigue siendo una forma de acción. En su primera experiencia republicana (1889-1930), el coronel, el jefe político local, privatiza entonces el poder público en la orden oligárquica marcada por la violencia contra las minorías y el fraude electoral.
El ‘coronelismo’ (caciquismo) se modernizó y urbanizó al largo de la mitad del siglo XX. Hasta hoy se escucha la máxima de que la justicia es para los amigos, pero la ley es para los enemigos. Brasil fue un caso de democracia oligárquica, con recaídas a ciclos autoritarios a lo largo del siglo XX. Sus instituciones suelen funcionar de forma selectiva. Rouquié afirma que ‘en Brasil, el presidente Goulart fue derrocado, en abril de 1964, no tanto en virtud de las tímidas reformas básicas por cuales esperaba modernizar gradualmente la sociedad brasileña como por el hecho de que este ex ministro de Trabajo estaba sospechado de colusión con los sindicatos obreros y las ligas campesinas nacientes’. No debemos olvidar que el mundo vivía entonces el período de la Guerra Fría y el éxito de la revolución en Cuba (1959) había encendido la alerta en Washington, que no aceptaría más cambios de influencias en América Latina.
Las clases conservadoras brasileñas acusaban el presidente de ‘subversión del orden’ en el marco de una ‘guerra revolucionaria comunista’ y de buscar establecer una ‘república sindicalista’, todas razones más que suficientes para que las elites buscaran desplazar a Goulart del gobierno. No había bastado con recortar su poder tras la renuncia de Quadros implantando un sistema parlamentario, había que arrancar el problema de raíz, así que tras la vuelta al presidencialismo, la suerte de Goulart estaba echada.
En veintiún años la dictadura civil-militar brasileña censuró, exiló, mató y torturó ciudadanos, brasileños y sudamericanos, puesto que en los setenta fue parte activa del denominado Plan Cóndor que involucró a las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil, para el intercambio de información, represores y detenidos. Su larga vida se ha dado por cuenta del apoyo empresarial y de sectores de las clases medias cooptados con buenos empleos públicos y privados. La transición hacia la democracia siguió el modelo español del Pacto de la Moncloa. Una transición lenta y gradual, incluyendo una amnistía amplia e irrestricta, que incluyó también a torturadores, hizo que la democracia volviera gradualmente a la vida cotidiana.
Según Rouquié, las nuevas democracias en Latinoamérica siempre son herederas de los regímenes anteriores, ‘a veces sus prisioneras’. De acuerdo con los datos expuestos en su libro, se revelaron en Brasil, en 21 años de dictadura, 300 asesinatos políticos, 125 ‘desaparecidos’, 1.843 casos de tortura. En Argentina, con una población cinco veces menor, se contabilizó, entre 1976 y 1983, 8.960 ‘desaparecidos’ en los campos de detención clandestinos de la dictadura según los registros de la CONADEP. En Chile, posterior al 11 de septiembre de 1973, 3.014 personas fueron ejecutadas por las fuerzas de represión y 27 mil fueron torturadas en el período del general Pinochet.
La continuidad entre la dictadura brasileña y el régimen democrático puede ser notado en las policías militares de los Estados federados, que siguen como fuerzas auxiliares de las Fuerzas Armadas. La policía brasileña está entre las que más matan en el mundo. En una sociedad brutalmente desigual, donde la pobreza tiene color de piel, no se necesita mucho tiempo para entender quienes son los que más mueren precozmente en Brasil.
Actualmente, muchos intelectuales brasileños consideran que la democracia está bajo la tutela militar y jurídica. El golpe jurídico, parlamentario y mediático que derrocó a la presidenta Dilma Roussef en 2016 reveló sentimientos de revisionismo histórico en relación a la dictadura de 21 años, y quizás el ejemplo más claro sea el del actual presidente que al momento de votar sobre la destitución de Dilma, él era diputado federal en ese momento, afirmó ‘perdieron en 1964, perdieron en 2016. Por la familia, la inocencia de los niños en las aulas, que el PT nunca tuvo, contra el comunismo, por nuestra libertad en contra del Foro de Sao Paulo, por la memoria del Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por el pavor de Rousseff, el ejército de Caxias, las Fuerzas Armadas, por Brasil encima de todo y por Dios por encima de todo, mi voto es sí’.
Recurrentemente el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, hace elogios a la dictadura y a torturadores notorios. Bolsonaro es el producto del desgaste del sistema político brasileño y de la recesión económica que se inició en el segundo trimestre de 2014. No se debe olvidar que la operación policial Lava Jato reveló esquemas de corrupción suprapartidistas en el período coincidente con la recesión, algo que estresó los ánimos contra la política y los políticos. El discurso populista de derecha no tardaría en emerger.
El punto cúlmine de este accionar lo dio el vocero presidencial, general Otavio Rego Barros, cuando días atrás expresó que ‘El presidente no considera al 31 de marzo de 1964 un golpe militar, sino que la sociedad civil y los militares, percibiendo el peligro que vivía el país en aquel momento, se unieron para recolocar el rumbo’, y agregó que ‘Sin eso tendríamos un gobierno que no sería bueno para nadie’, por lo que informó a la población que el Presidente Bolsonaro ‘ya determinó al Ministerio de Defensa que haga las conmemoraciones debidas en relación al 31 de marzo de 1964, incluyendo una orden del día”. Pero no es solo el Presidente, la Diputada Joice Hasselmann, que se presenta en Twitter como ‘A PARLAMENTAR MAIS VOTADA DA HISTÓRIA DA CÂMARA. Jornalista, biógrafa do Sergio Moro, criadora do maior canal de política no YouTube do Brasil’, quien pretende demostrar eso de ‘o maior do mundo’, se pronunció en la misma línea al afirmar que la propuesta presidencial ‘Es retomar la narrativa verdadera de nuestra historia. Orgullo brasileño’.
Pasados 55 años del golpe civil-militar que implantó una dictadura de 21 años en Brasil, cabe la reflexión de cómo el pasado está vivo en el presente. Al final, la retirada del Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno federal fue operada por políticos involucrados en denuncias de corrupción, por los que algunos están respondiendo ante la Justicia y otros fueron arrestados en los últimos tiempos. El PT se equivocó al aceptar bailar según las reglas del juego de la política brasileña y al no haber buscado profundizar políticas progresistas en el período de bonanza de la economía. Hubo timidez por parte de sus líderes, como si el partido hubiera encontrado una fórmula capaz de vencer elecciones y ejecutar gradualmente políticas sociales necesarias. Desgraciadamente, enclaves autoritarios permanecieron desde el proceso de redemocratización en los años 1980, así como la histórica insensibilidad social de las élites brasileñas.
Aún queda mucho por hacer, por la democracia, por Brasil y, fundamentalmente, por los brasileños y brasileñas.
