Tres decretos y un veto: el manual zarateño de gobernar sin Concejo y en favor de los amigos

Hay gestiones municipales que gobiernan. Y hay gestiones municipales que decretizan. La diferencia es sutil, pero en Zárate se ha vuelto tan visible que duele. En apenas una semana de julio de 2026, el Ejecutivo de Marcelo Matzkin firmó cuatro actos administrativos, los Decretos 220, 221, 227 y 228 que, leídos en conjunto, no son una agenda de gobierno. Son un manual. Un manual de cómo desarmar el equilibrio de poderes, cómo regalarle el territorio a los privados, cómo convertir al Concejo Deliberante en un mueble de decoración y cómo hacer todo esto con la naturalidad de quien firma una planilla de insumos de oficina.

Por supuesto que con la anuencia de quien se supone damnificado: Concejo Deliberante de Zárate.

La verdad es que, vistos uno a uno como los vimos en los últimos días en las diferentes notas, cada decreto ya era un escándalo. Pero vistos juntos, revelan algo mucho más inquietante: un patrón de conducta deliberado, sistemático y profundamente antidemocrático. No son errores de novatos. Son decisiones de una lógica de poder que entiende la municipalidad como un feudo administrativo donde la ley es lo que el Intendente dice que es, no lo que está escrito, donde la oposición es un ruido de fondo y donde el interés público se mide, sobre todo, por cuánto le conviene a los amigos del poder.

Vamos a recorrerlos juntos. No por morbo. Porque entender la trama es la única forma de saber que no estamos locos, ni exagerando, ni viendo fantasmas donde hay solo mala gestión. No. Lo que hay es mucho peor que mala gestión.

🗑️ El patrón de la desaparición: cuando una ordenanza se vuelve ‘inoperante’ porque sí

Empecemos por lo que ya contábamos: los Decretos 220/26 y 221/26, firmados el 6 de julio de 2026 y publicados en el Boletín Oficial Municipal. El primero habilita provisoriamente por un año a Qualita Servicios Ambientales S.A. para operar un relleno sanitario en la Ruta 9, km 83.500. El segundo, más jugoso, autoriza a ese mismo relleno a recibir residuos sólidos urbanos de la Municipalidad de Campana.

El problema no es que haya un relleno. El problema es cómo se justifica. Porque el Concejo Deliberante de Zárate había sancionado la Ordenanza 3462, que establece una prohibición genérica de ingresar residuos de otros municipios. No es una recomendación. Es una ordenanza vigente, promulgada, publicada. Es de cumplimiento obligatorio y nunca fue derogada por el cuerpo legislativo.

Entonces, ¿cómo se la salta el Ejecutivo? Con una frase que parece escrita por un mago de la jerga jurídica: ‘el régimen jurídico instaurado a través de la Ordenanza 3060 no se encuentra vigente, razón por la cual las normas complementarias a ésta, y que siguen su suerte, han perdido vigencia’.

Por decreto se establece si las normas legales se encuentran vigentes o no.

Es decir: como el Ente Regional de Residuos se desintegró hace años, la Ordenanza 3462, que ni siquiera creó ese Ente, sino que prohibió el ingreso de la basura ajena, quedó ‘sin piso’. Muerta por inanición. Enterrada viva por decreto.

Pero la lógica no resiste ni cinco minutos de lectura atenta. La Ordenanza 3462 derogó el artículo 2° de la 3060 y estableció una prohibición autónoma. Que se disuelva un consorcio no anula una ley posterior que prohíbe explícitamente algo. Es como decir que si se cierra una empresa, los contratos que firmó después de su cierre dejan de valer. No. Eso no es derecho. Es alquimia.

Además, el Decreto 221/26 invoca la Ley Nacional 25.916 y la Ley Provincial 13.592 para sostener que la regionalización ‘impone y promueve’ recibir basura de otros. Pero el artículo 10 de la Ley 13.592 dice que la Autoridad Ambiental Provincial ‘propiciará’ acuerdos regionales entre municipios. Propiciará. No impondrá. No autorizará a un Intendente a saltarse una ordenanza local por decreto. Y el artículo 7° de la Ley Nacional 25.916 habla de que las autoridades ‘podrán’ suscribir convenios bilaterales. Podrán. No que el Ejecutivo municipal puede autorizar por decreto unilateral lo que la ordenanza local prohíbe.

Y acá viene lo que duele más. No hay convenio intermunicipal publicado. No hay acuerdo regional aprobado entre Zárate y Campana. No hay nada. Solo un decreto unilateral, una firma, y la puerta abierta para que el territorio zarateño se convierta en el depósito regional preferido.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante, que debería ser el guardián de la normativa local, mira para otro lado como si nada.

🏗️ El patrón del regalo: del 30% al 0,5% como si nadie lo fuera a notar

Si el primer caso es sobre hacer desaparecer una ordenanza incómoda, el segundo es sobre crear privilegios donde las normas legales no los prevé. El 8 de julio de 2026, el Intendente firmó el Decreto 227/26. Según el análisis documentado en este medio, ese decreto estableció una contribución por desarrollo urbanístico de hasta el 30% del valor del inmueble para todo el Partido de Zárate, pero de hasta el 0,5% para la Costanera. Sesenta veces menos. Un borrón. Un regalo o negociado en beneficio de los amigos disfrazado de ‘estímulo al desarrollo’.

La excusa oficial fue que la Costanera está ‘subaprovechada’ y que hacía falta la ‘puesta en valor’. Suena a poema de campaña. Pero la letra chica es demoledora. El decreto cita como fundamento la ‘convalidación provincial por Decreto 70/2015’, cuando la norma correcta es el Decreto Provincial 71/2015. Un error material que, en cualquier tribunal administrativo, puede invalidar el acto entero. Pero acá pasó como si nada.

Además, fijar alícuotas tributarias por decreto es un exceso de potestad que viola el principio de reserva de ley tributaria. La Constitución Nacional y la Constitución Provincial exigen que los elementos esenciales del tributo, hecho imponible, base, alícuota, sean fijados por ordenanza, no por una firma en un despacho. Y si el decreto, en la práctica, crea o modifica una contribución para un sector específico, debió pasar por la aprobación del Concejo Deliberante y de una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, como manda el artículo 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58). No se hizo. Se saltaron el paso. Como si no existiera.

Y es que esto no cae en un vacío. Ya lo habíamos advertido. El 12 de diciembre de 2023, Matzkin designó como director de la SAPEM Costanera Zárate a Julián Guelvenzú, a quien agradeció públicamente su labor para que llegara a ser intendente. Luego lo reemplazó por Mariano Gallegos. Y el 14 de diciembre de 2023 designó a Matías Ranzini, quien como diputado provincial presentó el Expediente 720/24 pidiendo tierras de la zona ribereña sur ‘para que se pueda integrar de una forma acorde a lo integral y al desarrollo planeado por la SAPEM Costanera’. Es decir: Ranzini, como diputado, pedía tierras para Ranzini, como director de la empresa municipal que controla el desarrollo de esas mismas tierras.

¿Casualidad que ahora salga un decreto que reduce la contribución al 0,5% exactamente en ese sector? En Zárate las casualidades no existen. Solo hay patrones de funcionamiento. Y el patrón es claro: el Ejecutivo usa los decretos para crear regímenes tributarios paralelos que benefician a los desarrolladores inmobiliarios amigos, mientras el Concejo Deliberante sigue sin pronunciarse.

🤖 El patrón del veto: cuando la democracia es ‘redundancia técnica’

El mismo 8 de julio de 2026, con la misma naturalidad con la que se tacha un ítem de la lista del supermercado, Matzkin firmó el Decreto 228/26 y vetó por completo la Ordenanza 5352, sancionada apenas veinte días antes por el Concejo Deliberante.

La ordenanza, aprobada el 18 de junio de 2026, era un intento de ponerle frenos a la inteligencia artificial municipal. Creaba un Programa Municipal de Innovación en IA, un Registro Público de sistemas, un Comité de Ética con participación del HCD, y, lo más importante, prohibía expresamente designar IA como funcionaria o autoridad, y prohibía la firma automática de actos administrativos por parte de la IA.

La excusa del veto fue que la ordenanza era una ‘reproducción’ de la Resolución Provincial 9/2025 y que no aportaba nada nuevo. Pero eso es FALSO. La resolución provincial es una norma de alcance general que no puede crear comités locales ni limitar las funciones de ZARA, el chatbot que Matzkin había designado como ‘Directora General de Atención al Vecino No Humana’ por Decreto 532/2025.

La ordenanza local regulaba específicamente a ZARA, limitando su tarea a orientación y derivación, prohibiéndole emitir decisiones con efectos jurídicos. El veto dejó a ZARA regulada únicamente por el decreto del propio Intendente. Sin contrapeso normativo del Concejo. Un bot que firma actos, sin norma que le ponga límites.

Y hay un detalle que no cierra. La Ley Orgánica de las Municipalidades le da al Ejecutivo diez días hábiles para vetar, contados desde la notificación de la ordenanza. La Ordenanza 5352 fue sancionada el 18 de junio. El veto se firmó el 8 de julio. Entre esas fechas hay catorce días hábiles si contamos desde el 19 de junio. Si el veto fue legal, la notificación al Ejecutivo no pudo haber ocurrido antes del 24 de junio, es decir, al menos cuatro días hábiles después de la sanción. ¿Por qué demoró la Presidencia del Concejo Deliberante cuatro días hábiles en notificar algo que según sus propios considerandos era de ‘interés público y urgente’? ¿O fue el Ejecutivo quien demoró en reconocer la notificación para ganar tiempo? No lo sabemos. Y eso, en sí mismo, ya es un problema. Porque cuando el control del tiempo se vuelve opaco, el control del poder debería volverse absoluto.

🔍 La síntesis: cuatro decretos, tres patologías, una sola enfermedad

Leídos en conjunto, estos actos no son episodios aislados. Son síntomas de una misma enfermedad institucional. Y los síntomas se repiten con una precisión que ya no da lugar a la duda.

Primero: el desprecio sistemático al Concejo Deliberante. En los cuatro casos, el Ejecutivo hace a un lado al órgano legislativo. Declara ordenanzas inoperantes sin que el Concejo las derogue. Fija alícuotas tributarias sin que el Concejo las apruebe. Veta una ordenanza de control democrático porque le estorba. Y cuando el Concejo no actúa con la velocidad que el Ejecutivo quiere, Matzkin mismo lo critica: ‘El Concejo Deliberante un mes y medio no decide nada’, dijo en una entrevista. Como si el trámite legislativo fuera una traba burocrática y no una garantía republicana. Como si el Ejecutivo tuviera derecho a saltear al Deliberativo cuando se cansa de esperar.

Segundo: la creación de beneficios a medida para privados. Qualitá recibe una habilitación y una autorización para recibir basura de Campana sin convenio, sin tasa, sin control municipal real. Los desarrolladores inmobiliarios de la Costanera pagan una contribución sesenta veces menor que la del resto del distrito. ZARA sigue operando sin los límites que el Concejo intentó ponerle. En los tres casos, el decreto no regula para el bien común: regula para el negocio particular de alguien o varios.

Tercero: la opacidad como método. No se sabe cuánto pagará Campana por usar el relleno de Zárate. No se sabe quién controlará que los residuos sean aptos para ser enterrados. No se sabe por qué la Costanera paga de contribución el 0,5% y no el 30%. No se sabe cuántos sistemas de IA opera el municipio, con qué datos, ni con qué impacto. No se sabe cuándo fue notificado el Ejecutivo de la sanción de la Ordenanza 5352. La opacidad no es un defecto de esta gestión. Es su característica principal.

Cuarto: los argumentos jurídicos forzados por el intendente. La Ley 13.592 ‘promueve’ regionalización, pero el decreto dice que ‘impone’. La Resolución Provincial 9/2025 establece principios generales, pero el veto dice que ya regula todo lo local. El Decreto 227/26 cita una norma provincial que no existe (el 70/2015 en vez del 71/2015). La Ley Nacional 25.916 habla de convenios bilaterales, pero el decreto autoriza unilateralmente. No son interpretaciones. Son distorsiones deliberadas del texto legal para que el resultado sea el que el Ejecutivo quiere.

Quinto: el silencio cómplice del Concejo. En los tres casos, la reacción del Deliberativo es inexistente o tardía. No hay pedido de informes. No hay denuncia de exceso de potestad. No hay exigencia de derogación formal de la Ordenanza 3462 antes de autorizar basura de Campana. No hay reclamo por la reducción de la contribución 30% al 0,5% en la Costanera. No hay resistencia al veto de la ordenanza de IA. El Concejo no es un contrapeso. Es un espectador cómplice. A veces, ni siquiera eso.

🎯 La pregunta que no se hace en los despachos

El problema no es que Matzkin use decretos. Los decretos del Ejecutivo existen para: reglamentar, administrar, actuar en emergencias. El problema es que en Zárate los decretos se han convertido en sustitutos del legislativo. En una democracia municipal sana, el Ejecutivo propone, el Concejo Deliberante sanciona, la Justicia controla y los vecinos participan. En Zárate, el Ejecutivo propone, el Ejecutivo sanciona por decreto, el Ejecutivo controla a su manera y los vecinos se enteran por el Boletín Oficial cuando todo ya está decidido.

Y la pregunta que queda flotando, incómoda, es simple: ¿estamos dispuestos a seguir aceptando que nos gobiernen así? No es una pregunta retórica. Es una pregunta práctica, concreta, que define si Zárate sigue siendo un municipio republicano o si se convierte en un territorio donde las decisiones se toman en despachos, donde la letra chica se esconde en decretos, donde la participación ciudadana es una formalidad de veinte días en carnaval, y donde el Concejo Deliberante sirve para aprobar lo que el Ejecutivo manda o para devolver a comisión lo que la oposición intenta frenar.

Porque lo que está en juego no es solo si Zárate se convierte en el basural regional, o si la Costanera se regala a los desarrolladores, o si un bot firma actos administrativos sin control. Lo que está en juego es si Zárate sigue siendo un distrito donde las normas legales se respetan, no se declaran inoperantes por decreto. Donde la transparencia no es un folleto de Punto Verde mientras detrás se entierran toneladas de basura, se regalan alícuotas y se vetan controles democráticos.

Zárate necesita algo que hoy no tiene: una alternativa política sólida que ofrezca a los ciudadanos una alternativa de poder real y creíble. Un equipo de trabajo serio y responsable. No solo para ganar una elección. Para hacer las cosas de otra manera. Para hacer las cosas bien. Para entender que la gestión de residuos no es un negocio privado con tasa de liquidación, que el territorio no se alquila al mejor postor, que los algoritmos no son objetivos ni neutrales, y que una IA sin control democrático es solo una herramienta más de concentración de poder.

La ley no es lo que el Ejecutivo dice que es. La ley es lo que el Concejo sanciona, el pueblo controla y la Justicia garantiza. Todo lo demás es decreto. Y en Zárate, ya tenemos demasiados decretos y muy poca democracia.

¿Te quedaste con ganas de seguir desarmando la trama?

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