¿Jaque mate?

El papelón de los plazos: cuando el tiempo es político

Después del papelón de no haber entrado en tiempo y forma -el plazo venció el 19 de julio, con prórroga hasta el 21- ahora todo se resuelve a las corridas: plazos de seis horas para presentar papeles, digitalización de apuro, DNI escaneados y firmas que brotan como si fueran figuritas difíciles.

Esta situación expone una constante de la política argentina: la flexibilización de las reglas cuando conviene a los grandes actores del sistema. Tras la prórroga dispuesta por la Junta Electoral bonaerense en la noche del sábado, hoy venció el plazo para la presentación de listas para las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Lo que debería ser un proceso ordenado y transparente se convierte en una carrera contra reloj donde la improvisación reemplaza a la planificación.

La ventanita express: seis horas para salvar la democracia

La Junta, obediente, les da una ventanita express: este viernes 22 de agosto, de 10 a 16, pueden cargar los papeles digitales; si cumplen, el sábado 23 ya les reciben las boletas. Una democratización exprés que deja al descubierto las falencias estructurales del sistema electoral provincial.

Esta decisión no es casual. Responde a la presión política ejercida por las distintas fuerzas y a la necesidad de evitar un escándalo mayúsculo que podría comprometer la legitimidad de todo el proceso electoral. Sin embargo, el mensaje que se envía es claro: en Argentina, las reglas son negociables cuando están en juego intereses políticos de peso.

El rol clave de los apoderados: los guardias del sistema

Y pone el foco en una cuestión central, el rol de los apoderados partidarios. Al respecto la Junta Electoral hizo ‘saber a los apoderados de la Alianza que toda presentación debe realizarse con la firma de los apoderados de la fuerza política debidamente designados en el acta constitutiva de la Alianza (art. 5°); además deberán acompañar las planillas de aceptación de cargo donde consten los datos filiatorios completos de los candidatos firmadas ológrafamente por los mismos, en las que además se indique el número de orden dentro de la lista respectiva; copia de los DNI de cada uno de los postulados de ambos lados, a fin de controlar el cumplimiento de los recaudos constitucionales y legales de las candidaturas, y toda otra documentación necesaria para acreditar la idoneidad para el cargo para el que se postula. Estas presentaciones deberán hacerse digitalmente en el expediente de la Alianza, adjuntando la documentación necesaria escaneada y con las firmas requeridas.’

Esta exigencia burocrática, que en condiciones normales sería rutinaria, se vuelve un obstáculo técnico en el marco de los plazos exprés. Los apoderados partidarios, tradicionalmente figuras de segundo plano en el armado electoral, se convierten en actores centrales de esta crisis institucional.

Ellos fueron los responsables del desbarajuste original, tal como denunciaron oportunamente las candidatas desplazadas, y la Junta dice que son ellos quienes deben arreglarlo.

El contexto provincial: un tablero complejo

Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo en Zárate, es fundamental analizar el panorama electoral provincial. El cierre de listas estuvo atravesado por tensiones internas, negociaciones de último momento y algunas sorpresas. Lo que sucede en nuestro distrito es apenas una muestra representativa de las tensiones que atraviesan al peronismo bonaerense en su conjunto.

‘Esta resolución excluye al peronismo nicoleño de la contienda electoral y vulnera el derecho a la libre elección de gran parte de la ciudadanía, en un contexto en el que nuestro movimiento tiene a su principal referente, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del PJ nacional’, se quejaron desde San Nicolás, evidenciando que los problemas de Fuerza Patria no son exclusivos de Zárate.

Las preguntas que nadie quiere responder

¿Cuáles serán los próximos pasos? ¿Qué harán los apoderados partidarios de Fuerza Patria respecto a las candidaturas legales? De acuerdo a lo que menciona la Junta Electoral deberían presentar la lista incorporando a ‘Ana Almirón, María Gabriela Moreyra, Natalia Desiree Ayala y Norma Carmen Pura, conforme fuera presentada por el apoderado del Partido Justicialista.’ ¿Lo harán?

Esta pregunta no es menor. Implica reconocer públicamente el error estratégico cometido inicialmente y aceptar que las maniobras para excluir a determinados candidatos fueron irregular. Para una fuerza política que busca proyectar unidad y fortaleza de cara a las elecciones, esta situación representa un golpe a su credibilidad.

¿Y las contradenunciantes?

¿Y qué harán quienes denunciaron que se fraguó sus firmas en las renuncias a las candidaturas? ¿Gabriela Trupia, Mónica Cabeza, Agustina Medina y Luciana Leiva militarán la lista de Fuerza Patria local si se las excluye de la lista?

Esta es quizás la dimensión más grave de todo el conflicto. Si se confirman las denuncias sobre falsificación de firmas, estaríamos ante un delito electoral que trasciende las disputas internas del peronismo. Las consecuencias podrían ser penales para los responsables y políticas para todo el espacio. ¿Habrán hecho la denuncia penal a las que las conminó el Juez?

La pregunta sobre si estas dirigentes van a militar la lista que las excluye toca el corazón de la lealtad partidaria versus la dignidad personal. ¿Pueden estas mujeres, que denunciaron haber sido víctimas de maniobras irregulares, sumarse al trabajo conjunto?

¿Cuán herido queda Fuerza Patria en Zárate tras este manoseo?

El síntoma de un sistema enfermo

El accionar de la Junta Electoral expone una muestra más de cómo en la política argentina los plazos son ‘relativos’ y las reglas se ajustan según la cara del cliente. Esta flexibilidad selectiva de las normas no es un fenómeno nuevo, pero adquiere particular relevancia en un momento donde la confianza ciudadana en las instituciones democráticas está en crisis.

La situación zarateña se inscribe en un patrón nacional de deterioro institucional donde las reglas del juego se modifican sobre la marcha para beneficiar a los actores con mayor poder de presión. Esto no solo afecta la equidad del proceso electoral, sino que socava las bases mismas de la competencia democrática.

El factor tiempo: política de urgencia

La política de urgencia que caracteriza esta resolución de la Junta Electoral refleja una cultura política donde la planificación estratégica queda subordinada a la gestión de crisis. Las seis horas otorgados para presentar documentación que debería haberse preparado con semanas de anticipación, son el símbolo perfecto de una dirigencia que improvisa más de lo que planifica.

Esta metodología no es inocua. Genera incertidumbre jurídica, desgasta la credibilidad institucional y, fundamentalmente, perjudica a los ciudadanos que tienen derecho a un proceso electoral ordenado y transparente.

El capítulo que nunca termina

Como en toda película taquillera, cuando uno cree que ya vio todo… siempre hay un capítulo más, y en esta oportunidad el capítulo lo aportó la Junta Electoral. ¿Será el último?

La pregunta no es retórica. En el contexto político actual, donde cada decisión electoral está sometida a múltiples presiones y donde los márgenes de maniobra son cada vez menores, es probable que surjan nuevos conflictos. La judicialización de la política y la politización de la Justicia han creado un círculo vicioso donde cada resolución genera nuevos recursos y apelaciones.

Ya se sabe, lo que mal arranca, mal acaba.

La democracia a prueba

Lo que está ocurriendo en Zárate con las listas de Fuerza Patria es un síntoma de problemas más profundos que atraviesan el sistema democrático argentino. La flexibilización de las reglas, la improvisación institucional y la presión política sobre los organismos electorales son fenómenos que trascienden las fronteras partidarias y que requieren una reflexión profunda sobre el funcionamiento de nuestras instituciones.

El ciudadano común, que observa desde afuera estas maniobras, tiene derecho a preguntarse si el sistema que elige a sus representantes está realmente diseñado para garantizar la transparencia y la equidad, o si simplemente responde a las correlaciones de fuerza del momento.

La respuesta a estas preguntas definirá no solo el resultado de las elecciones del 7 de septiembre, sino también el futuro de la democracia en nuestra región. Porque, al final del día, lo que está en juego no son solo candidatos o partidos políticos, sino la confianza ciudadana en el sistema que nos gobierna.

¿Será este realmente el último capítulo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, los zarateños y bonaerenses merecen respuestas claras y procesos transparentes. La democracia, después de todo, no es un espectáculo para ser consumido, sino un derecho para ser ejercido con plenitud y dignidad.a