Todo se paga

Unos días atrás te contamos los obscenos haberes que perciben los principales funcionarios del gobierno encabezado por Osvaldo Cáffaro, amparados en la Ordenanza Complementaria votada por el oficialismo y sin que la oposición haya denunciado los abusos en los que se incurría.

Veamos un ejemplo concreto para tener en claro que lo que estuvo en marcha fue un plan de saqueamiento del Estado municipal en beneficio de unos pocos secuaces.

Tomemos como referencia el caso de Marta Lilian Burroni, la histórica Secretaria Privada del Intendente Municipal, lo que entre otras cosas le posibilitó ser una vacunada VIP en plena pandemia de COVID-19, y que desde hace un tiempo funge como Asesora A del propio Intendente.

El 19 de enero, a través del Decreto 42 firmado por Ariel Ríos, se le asignó un 40% de tiempo pleno. Lo mismo ocurrió el 21 de febrero a través de Decreto 142, aunque en esta oportunidad con la firma de Osvaldo Cáffaro. De igual manera fue con el Decreto 192 del 28 de marzo y el 255 del 20 de abril. También con el 312 del 13 de mayo y con el 422 del 21 de junio. Siempre el mismo tiempo pleno, siempre el 40%, como la mayoría de los Secretarios del Intendente. Y se repitió el 22 de septiembre con el Decreto 706, el 20 de octubre con el Decreto 790, el Decreto 867 del 10 de noviembre, y el Decreto 1004 de del 29 de diciembre. Siempre igual. Siempre el 40%. Y no hay error en las fechas, esto fue en 2022 y se repitió en 2023 con el Decreto 57 del 20 de enero, el 134 del 23 de febrero, el 197 del 21 de marzo, el 281 de vaya uno a saber cuándo porque no está fechado, algo ilegal, el 479 del 22 de junio… siempre igual, siempre el 40%, aunque haya pedido licencia para hacer las veces de concejal, nada importaba, siempre el tiempo pleno al 40%.

Y si analizamos la bonificación por ‘Disponibilidad Horaria en Días Inhábiles, Feriados y Asuetos Administrativos’, sí, parece joda pero cobraban un plus por ‘estar disponibles’, siempre, absolutamente siempre, cobró el 70%. No importaba cuántos días inhábiles, feriados o asuetos hubiera en el mes, supuestamente lo que el Intendente Cáffaro necesitaba es que ella estuviera dispuesta, y como nunca estaba indispuesta, siempre cobró una bonificación del 70% de su sueldo básico, el máximo posible.

Y si lo que consideramos es el ‘Adicional – Incentivo por Productividad’ del cual se desconoce medición objetiva alguna que contraste la productividad frente a los objetivos propuestos, siempre cobró un plus del 58% de su sueldo, vaya uno a saber cómo llegaban a ese número.

En realidad todo se parece a una alquimia en la cual compensar un monto de dinero tal que no fuera alcanzado de manera fuerte por los impuestos, dándole mayor porcentual de bonificación en aquellos listados de menos beneficiarios, y menor en aquellos más multitudinarios a fin de ‘pasar bajo el radar’.

Lo curioso de estos Decretos es que en la mayoría de los casos estaban refrendados por funcionarios que eran beneficiarios de los mismos. ¿Conflicto de intereses? ¿Excusarse de firmarlos? ¿Para qué? Entre bueyes no hay cornadas, y es gente que sabe mucho de cuernos.

Pero hay un tema que hasta aquí no hemos abordado y que tiene que ver con el caso que hemos elegido como ejemplo.

¿Lilian Burroni es funcionaria? ¿Un asesor es funcionario?

Cuando la Ordenanza Complementaria se refiere a los funcionarios, ¿lo hace respecto a quienes integran el organigrama aprobado por el Concejo Deliberante, con los bemoles del caso claro está, o a cualquiera que revista en un empleo público en el Municipio?

¿Cuáles son las características intrínsecas de un funcionario para ser catalogado como tal?

Queda claro que en Zárate, durante el gobierno de Osvaldo Cáffaro, lo que se necesitó para ser funcionario es obsecuencia, cobardía, complicidad y silencio… y todo eso se paga.