Has lo que yo digo, pero no lo que yo hago

Tempranito en la mañana del 1 de enero, a las 9:52 de un día feriado, el Presidente de la República Alberto Fernández nos desayunó con una carta publicada en Twitter en la que nos contaba que, en su opinión, ‘En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado.’ y que por ello ‘He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal. También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo.’

Por ello dos días después, y tras reunirse con algunos gobernadores el Presidente nos anoticiaba que ‘He firmado, junto a los gobernadores y gobernadoras, el pedido de juicio político al presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el art. 53 de la Constitución’, y no solo ello sino que además ‘Asimismo, solicitamos que se inicie el proceso de juicio político a los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.’

Pero la iniciativa no tuvo la fuerza que se creía que tendría, fueron pocos los gobernadores que se sumaron y ninguno de la diáspora, y curiosamente ninguno de ellos se quejó cuando el dinero que se le quitó a la Ciudad de Buenos Aires se le otorgó solo a la Provincia de Buenos Aires, sino que hubo casos en los que los propios firmantes desconocieron el haber sido parte de la iniciativa, como el caso del gobernador entrerriano Gustavo Bordet, quien apoyaba solo el Juicio Político al Presidente de la Corte, no al resto de los miembros, y que había pedido explícitamente la separación de esta cuestión de las denuncias que pesan sobre los funcionarios porteños, algo que finalmente no ocurrió.

Así entonces fueron solo 11 los gobernadores que apoyaron el accionar presidencial y en general de escaso peso político, dado su poca población que se traduce en pocos legisladores, con la excepción de la Provincia de Buenos Aires, aunque con más de un tercio del total de los senadores de la Nación, por lo dispuesto por la Constitución Nacional de otorgar dos senadores al ganador de la elección y uno a la primera minoría.

Esto provocó que más allá del impacto inicial la iniciativa se fuera ‘desinflando’, y más allá que en el transcurso de la semana se haya comunicado que ‘El Presidente les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo’, el Ejecutivo Nacional anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias para el debate de esta cuestión. ‘Será en la segunda quincena de enero, la semana que viene va a estar saliendo la convocatoria’, informó Gabriela Cerruti en conferencia de prensa en Casa Rosada.

En este contexto el Gobierno salió a buscar sellos de goma que puedan mostrarse ante la ciudadanía como coauspiciantes del proceder y pretender dotar de caudal político a la iniciativa que, dada la conformación actual de las cámaras legislativas nacionales, parece no correr con los apoyos necesarios.

Uno de estos sellos fue la Federación Argentina de Municipios (FAM), un ente de escasísimo, por no decir nulo, accionar público que se utiliza en función de las necesidades políticas del momento, sean estas el auspicio de un programa televisivo o contrariar los dictámenes judiciales.

En su comunicado la FAM afirma que ‘Las provincias argentinas y de igual manera los municipios nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de manera antojadiza sin ningún tipo de fundamentos y argumentos, que sin ninguna duda afectarán las transferencias a nuestras comunidades para la mejora de la calidad de nuestros vecinos y vecinas’, realidad que se desdice en los hechos, puesto que no hubo mejora alguna en dicha calidad de vida a partir de la reducción de la partida de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la partida adicional que se le otorgó a la Provincia de Buenos Aires.

Pero en lo que compete a Zárate, lo llamativo del comunicado es que lo emite una entidad integrada por el Intendente Municipal Osvaldo Cáffaro, donde funge en calidad de vocal, y critica un accionar que el propio Intendente ejerce al interior de la Municipalidad local, y al respecto baste ver el proyecto de Presupuesto Ejercicio Año 2023 enviado al Concejo Deliberante y aprobado por el HCD de manera irregular.

¿En serio el Intendente Cáffaro piensa y comparte lo que dice el comunicado de la FAM? Dado que la postura no es una cuestión menor e involucra al Municipio en su totalidad, ¿Evaluó con los miembros del Concejo Deliberante su contenido? ¿Comunicó esta realidad a los miembros de la oposición?

Dicen que los miembros de la Corte Suprema se ‘arrogaron facultades del Poder Legislativo’, ¿Tiene Cáffaro la autoridad moral para señalar la violación de una norma cuando sistemáticamente viola leyes y ordenanzas desde hace años?

¿Tiene la autoridad moral una persona que por ocupar un cargo público forma parte de una organización corporativa que lo nuclea junto a sus pares y que utiliza esa posición para beneficio propio como lo es publicitar su programa de televisión? ¿O era un programa municipal y no lo sabíamos? Si era así, ¿Cuánto le costó al Municipio cada emisión? ¿Quién la realizaba? ¿Quién pagaba a los intervinientes? Bueno, en este caso sabemos que a la conductora Yanina Vázquez se le pagaba en especies.

Como dice el dicho, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago.

Y por si esto no fuera suficiente, esta movida gubernamental roza a Zárate por otra cuestión, más alá del impacto que tiene para todos los ciudadanos del país, Micaela Morán es una de las 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinará al respecto? No se le conocen declaraciones públicas, no adelantó nada en sus redes sociales donde solo se limita a hacerle la claque a Sergio Massa, no sabe no contesta.

‘Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información’.

RODOLFO WALSH – AGENCIA CLANDESTINA DE NOTICIAS