El pasado jueves el Municipio informó en sus redes que Juan Manuel Arroquigaray y Gustavo Maidana, Secretario de Gobierno y Subsecretario de Seguridad municipal, mantuvieron una reunión de coordinación junto a autoridades de la Prefectura Naval Argentina. Al día siguiente hubo una puesta en escena frente al Palacio Municipal con presencia de los funcionarios y móviles y personal de la fuerza de seguridad. En aquella oportunidad Arroquigaray afirmó que ‘Tendremos el acompañamiento de móviles, motos y canes para reforzar las medidas que se vienen cumpliendo. Tenemos personal de Infantería y de Caballería de la Policía en zona céntrica y Prefectura viene a acoplarse a ellos, con lo cual vamos a cubrir la mayor cantidad de territorio posible en el marco de los operativos que llevaremos adelante’ y Gustavo Maidana agrego que ‘Todos somos conscientes de que la ciudad está siendo azotada por la inseguridad, así que vamos a trabajar en la prevención y de tratar de ayudar y ponernos como auxiliares de las fuerzas federales y provinciales. También estamos prestando nuestros móviles a los oficiales que no tienen movilización, patrullando con uno de ellos. Estamos conversando con todas las autoridades necesarias para que el ciudadano se sienta seguro, nos merecemos una ciudad segura’. Con pocos días en el área de seguridad el pastor ya entendió que con que dios cuide la ciudad no alcanza y que la oración no siempre impide el delito. Además confunde los roles ya que son la policía y las fuerzas de seguridad las auxiliares del gobierno municipal.
Ahora bien ¿Cómo es que la municipalidad tiene que proveer ‘los móviles a los oficiales que no tienen movilización’, quiso decir que las fuerzas de seguridad carecen de los móviles necesarios? Estamos en el horno, los delincuentes están mejor equipados que las fuerzas del orden.
Como era de esperar el foquerío local de medios salió raudo a darle publicidad al show municipal sin cuestionar ni cuestionarse nada al respecto.
Pero los funcionarios no dijeron todo ni los ‘periodistas’ publicaron todo. Nada dijeron respecto al primer operativo que realizaron juntos tras los anuncios. ¿Por qué será?
¿En qué consistió el procedimiento del cual hablamos? En desalojar una ocupación. No, no es que desalojaron a Morino de la presidencia del Concejo Deliberante, ni al Municipio de los terrenos de la Costanera, no, se desalojó (y demolió) a quien había construido en un predio de lotes con servicios de Barrio Bosch sin ser adjudicatario porque los habían ‘desadjudicado’. Un proceder muy diferente al que se siguió con las casas construidas para la relocalización de las familias del ‘cañadón del Urquiza’, sobre las que ya hablamos medio año atrás. ¿Por qué?
¿Había orden judicial para el desalojo? Porque no se conoce que haya habido participación de miembros de la Justicia. ¿De esto fue a hablar el Intendente Osvaldo Cáffaro con el Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández? ¿Necesitaba mano de obra para poder avanzar con sus intereses?
Karina Sforza, abogada del área de Hábitat, había pedido la semana anterior que se verificara si había gente ocupando los terrenos de Barrio Bosch, la DPU tomó el recado y envió un móvil que no logró observar ningún ocupante, sin embargo menos de una semana después el propio Municipio estaba demoliendo la construcción denunciada.
¿Cuál era el rol de Prefectura Naval allí? ¿Para eso se la convocó? ¿Por qué no se mencionó para nada el procedimiento? ¿Hubo, hay o habrá más procedimientos de este tipo? ¿Se hacen al amparo de la ley? Demasiadas dudas para algo que debiera tener solo certezas.
Karina Sforza sigue la línea de su antecesora y ex concejal Mariana Conturbi que en su gestión también desarrolló este tipo de ‘trabajos’ con el apoyo logístico y político de conspicuos funcionarios caffaristas como el ex Intendente putativo Ariel Ríos, quien tiene una causa judicial por desalojos realizados en Villa Florida.
Como queda expuesto, no siempre ante los mismos hechos el accionar es el mismo, pero ya se sabe que para muchos el fin justifica los medios.
