Había una vez una fuerza de seguridad que tenía secuestrados unos camiones, y como su predio está junto al río, allí los tenía estacionados. Pero a criterio del mandamás del lugar, esos camiones afeaban el paseo costanero por lo que propuso que se retiraran los camiones de allí y ofreció alojarlos en uno de los sitios que el gobierno municipal a su cargo tenía habilitados para tal fin. Un buen día los camiones desparecieron, lo que dio lugar a que quienes tenían derechos sobre los vehículos reclamaran a la justicia por ellos, y durante mucho tiempo estuvieron con paradero desconocido, hasta que un buen día, repentina y llamativamente aparecieron, aunque no completos, les faltaban partes importantes. Como la justicia estuvo investigando llegó un buen día en que decidió ir de visita al predio municipal para ver si los camiones estaban y, si era así, en qué condiciones se encontraban.
Este cuentito bien podría graficar la realidad de lo que antecedió al allanamiento que la Justicia Federal dispuso en el corralón municipal el día de ayer procurando información sobre unos camiones que habiendo sido secuestrados y estando bajo custodia de la Prefectura Naval, pasaron a estar ‘guardados’ en el predio municipal.
Como siempre el Municipio no dio ninguna explicación del porqué del allanamiento que realizó la Policía Federal en dependencias municipales, y como suelen ser bastante cuenteros respecto a las explicaciones que suelen dar a los problemas que nos aquejan, el cuentito inicial fue nuestro aporte a las autoridades municipales para comenzar a explicar qué fue lo que ocurrió.
Pero ya que estamos, aportamos también algunas dudas que quizás puedan ayudar a la explicación oficial.
¿Quiénes son los dueños de los camiones?
¿Por qué estaban en el Corralón Municipal?
¿Considera el Intendente que el Corralón Municipal es un lugar adecuado para un depósito judicial?
¿Es función del Corralón Municipal ser un depósito judicial?
¿Es cierto que durante un tiempo extendido los camiones en cuestión no estuvieron allí? ¿Por qué y quiénes los trasladaron? ¿Dónde estaban ‘secuestrados’?
¿Es cierto que cuando volvieron faltaban partes importantes de los mismos?
¿Es cierto que quien fuera el responsable del área, Pablo Giménez, tiene una denuncia en la Justicia Federal por esta cuestión?
¿Es cierto que dejó (en realidad lo hicieron dejar) su cargo en el Municipio por esta realidad?
¿Es cierto que ahora intenta ordenar sus ideas, y su defensa, en unas cabañas del sur?
A propósito, ¿Es cierto que el dueño de dichas cabañas es un alto funcionario municipal que lleva más de una década ocupando el mismo puesto en el Municipio?
¿Estarán los concejales a la altura de las circunstancias o seguirán siendo cómplices de Cáffaro?
La situación es de una gravedad institucional que amerita la comparecencia del Intendente municipal para brindar las explicaciones del caso que aporten a la ciudadanía transparencia ante esta situación.
Preferentemente sería interesante que hable con la verdad y evite los cuentitos, al fin de cuentas de eso se encargan los responsables de salud que cada día cuentan un cuento de hadas. Por ejemplo, ayer informaron 12.547 casos positivos de COVID-19 y 323 fallecidos por la misma causa, y la realidad es que hay 12.616 casos positivos de COVID-19 y 332 fallecidos por la misma causa… y el error no es haber tipeado dígitos al revés. El error es seguir manteniendo ineptos para las estadísticas y la comunicación.
Intendente Cáffaro tiene la palabra.
¿Puede dar las explicaciones que los vecinos merecen?
¿Quiere dar las explicaciones que los vecinos reclaman?
¿O seguirá contando el cuentito?

1 comentario
Pingback: La ¿caída? del Rasputín zarateño – Príncipe del manicomio