Finalmente y ante el imparable aumento de casos, el gobierno nacional decidió hacer como que hace algo. Diez días después de la cadena nacional en la que transmitió mucho más de lo que dijo, el gobierno decidió mover ficha y anunciar una serie acciones de cara a la contención de la segunda ola de contagios de COVID-19 en el país, para prevenir que haya transmisión comunitaria de las cepas de Manaos y el Reino Unido, transmisión que fue confirmada menos de 24 horas después de los anuncios.
Lo curioso del caso es que poco más de un año después de las primeras medidas anunciadas sobre la pandemia, los anuncios del pasado domingo, que ni siquiera fueron realizados por el Presidente de la República, demostraron el retroceso del poder presidencial. Bien podríamos decir que se trata de un presidente pobre… y el tiempo dirá si además no es un pobre presidente.
De más está decir que esta apreciación no es en términos económicos sino de capital e ideas políticas, porque un año después el Presidente propone avanzar en medidas de la misma índole que las ya aplicadas y que no trajeron buenas soluciones, porque falto de respaldo, no adopta las medidas que se deben adoptar.
Según anunciaron desde la cartera de Salud, ‘ante la preocupante situación epidemiológica en 45 municipios de 12 provincias que han mostrado un aumento de los indicadores de riesgo, [el Gobierno nacional] recomendó a las jurisdicciones y municipios implementar medidas intensivas, localizadas y transitorias, teniendo en cuenta las actividades definidas como de alto, mediano y bajo riesgo’. Y definió ‘que desde el lunes 29 hasta el miércoles el sector público quede eximido de asistir al lugar de trabajo y cumpla sus tareas de modo remoto o por teletrabajo’. Es decir, el Gobierno no decide nada porque deja en manos de las jurisdicciones subnacionales el adoptar medidas que alteren el humor social, porque carece del capital político que supo tener y despilfarró por aplicar una cuareterna de la que no supo salir.
Así entonces insiste en aplicar los mismos parámetros de riesgo definidos en el artículo 4 del DNU 167/2021, que no son más que una repetición de los que se habían anunciado a principios de año, y que refieren que cuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20, y cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150, las autoridades provinciales quedarán habilitadas para tomar medidas restrictivas por la noche. En esta nota se enumeran los distritos más afectados por el avance del COVID-19. Sin embargo es notorio y evidente que aun cuando son muchos los lugares en los que estos criterios están sobrepasados ‘nadie le pone el cascabel al gato’.
En consecuencia el Gobierno reconoce sus propias limitaciones y delega en las diferentes circunscripciones la responsabilidad de asumir los costos políticos de adoptar medidas que, a diferencia de un año atrás, no son en previsión de un situación posible sino las consecuencias de no haber hecho lo suficiente para prevenir una realidad que hoy por hoy aparece como inexorable, porque estos criterios ya estuvieron vigentes desde principios de año y en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fueron muchos los Distritos que cumplían con los requisitos para restringir los desplazamientos pero no se aplicó la normativa porque nadie quería asumir el costo de hacerlo.
Pero no es la única acción en la que el Gobierno nacional expone su propia incapacidad, puesto que mientras públicamente anuncian que habrá trabajo remoto en los días hábiles de esta semana, la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros resolvió establecer ‘la estricta y prioritaria prestación del trabajo remoto para las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional a los que refieren los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, que incluyen la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social y a las entidades públicas no estatales, respectivamente, hasta el 9 de abril de 2021 inclusive’. Es decir, no hacen lo que tienen que hacer, y cuando hacen algo mienten descaradamente.
Queda en claro entonces la incapacidad del gobierno de poder implementar medidas coordinadas de cara a prevenir un crecimiento acelerado de casos de COVID-19 en los tiempos próximos.
Como a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler desplazaba ejércitos inexistentes en un mapa que él se empecinaba en ver cuando la realidad marcaba que sus órdenes eran desoídas por su ineficiencia e ineficacia, Alberto Fernández plantea acciones que su gobierno no puede garantizar. El Gobierno Nacional no puede garantizar el ‘quedémonos en casa’ de marzo de 2020 porque su estrategia no funcionó el año pasado y la ciudadanía no permitirá su repetición. En consecuencia, como no hay peor norma que la que es inaplicable e ignorada por la ciudadanía pretende dejar esa responsabilidad, y el precio de ejercerla, en otros actores políticos, algunos de los cuales ya han anunciado que no seguirán los lineamientos planteados por el Gobierno nacional.
Es evidente que Fernández es un tipo pobre de capital político para poder llevar adelante sus ideas, el tiempo dirá si como canta Tabaré Cardozo es un tipo pobre o un pobre tipo.
