Ya hemos hablado en este mismo sitio de fiestas clandestinas en las que participaron funcionarios municipales, y de aquellas organizadas por familiares de funcionarios municipales… pero cuando creíamos que no se podía dar un paso más allá, el Gobierno Cáffaro nos volvió a sorprender, puesto que según denuncian comerciantes locales, funcionarios municipales autorizan fiestas que, más tarde, empleados municipales buscan evitar.
Este tipo de situaciones exponen como los empleados municipales quieren hacer las cosas bien, apoyándose en lo que sostiene la legislación vigente, y los funcionarios municipales se empeñan en hacerlas mal, apoyándose vaya uno a saber en qué o en quien.
Según carta documento fechada el pasado jueves 14 de enero de 2021, se acusa al departamento de inspección de comercio municipal de perseguir a los comerciantes que buscan poder recuperarse económicamente tras la realidad vivida durante casi todo el año pasado. En este texto se afirma que ‘en el primer show que realizamos en diciembre 2020 recibimos un gran operativo policial y municipal’ y ante el planteo de los empleados municipales, tal como se reconoce públicamente, no se labró ningún acta porque al ser consultado telefónicamente el Director de Cultura Ignacio Álvarez, éste mencionó que la actividad estaba amparada en la Resolución 136, que según se afirma en documento postal, los inspectores municipales desconocían.
Es curioso que sea el Director de Cultura quien habilite, en momentos de emergencia sanitaria, la apertura de un local comercial y la realización de una actividad en dicho sitio.
Esta situación se repitió durante dos días, en los que los comerciantes desarrollaron actividades amparadas en la ‘habilitación’ del Director de Cultura hasta que el 4 de enero se labró el acta 2140 por el que se solicitó la cancelación del show promocionado por estar en contravención de la Ordenanza 4212.
El problema en cuestión es la discrecionalidad con la que se actúa en el Municipio, puesto que esta es una de las actividades en las que la Provincia habilita un accionar y a nivel local no se actúa en concordancia. Como el caso de las reuniones sociales, en donde la Provincia habilita encuentros de hasta 10 personas, que llegaron a ser de 20 personas, y el Municipio publicita que se permiten encuentros de hasta 10 personas pero en simultáneo recuerda que están prohibidas todas las reuniones sociales. No queda en claro entonces qué se puede hacer y qué no.
Si a esto sumamos además que no se dan a publicidad la totalidad de las normas emitidas por el Gobierno local, la situación se hace más confusa aún.
Los inspectores municipales señalaron que no se cumplían muchos de los preceptos enumerados en la Resolución 136 y, fundamentalmente, ‘Al momento de las inspecciones no presentan el formulario enviado a Provincia de Buenos Aires, ni la correspondiente autorización (obligatorio para el funcionamiento de cualquier actividad cultural).’, lo que en palabras de los comerciantes ‘sentimos como una persecución’.
Qué cambiada está la escala de valores en Zárate si el pretender respetar las normas es vivido como una persecución, pero es dable suponer tal realidad si desde el propio Departamento Ejecutivo se habilitó el local para funcionar, inicialmente los días 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021, respetando los protocolos vigentes, como reconoce el propio Municipio, y días más tarde se afirma que no cumplía con dichos protocolos.
¿Qué se puede hacer y qué no en Zárate entonces? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales pueden volver a trabajar las diferentes actividades comerciales? ¿Quién autoriza a los diferentes comercios para que puedan volver a trabajar? ¿Cuál es el lineamiento del Municipio?
¿Qué ocurre en Zárate con la habilitación y clausura de locales durante la emergencia sanitaria? ¿Quién le da el poder al Director de Cultura para habilitar, según consta en la Carta Documento, el funcionamiento de un comercio? Ya ocurrió en el caso del supermercado Carrefour donde pese al repetido accionar de los inspectores municipales, siempre había un apoyo político que lograba desbaratar las clausuras, ¿Aquí también ocurre lo mismo?
Es propio del oscurantismo del proceder del Gobierno municipal, pero qué diferente sería la cuestión si uno pudiera consultar a través de la web cuál es la normativa vigente, qué comercios están habilitados para trabajar, qué protocolos se deben cumplir, en definitiva, cuáles son las reglas del juego que la ciudadanía debe respetar para poder vivir en comunidad. Si no, todo queda sometido a la discrecionalidad de oscuros funcionarios que actúan a espaldas de los vecinos.
Porque como decíamos antes, los empleados municipales quieren hacer las cosas bien, apoyándose en lo que sostiene la legislación vigente, y los funcionarios municipales se empeñan en hacerlas mal, apoyándose vaya uno a saber en qué o en quien.
El poder al Director de Cultura se lo da, inicialmente, el Intendente Municipal que es quien lo designa, y operativamente la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social.
¿Qué tiene para decir Darío Raffo? No dijo nada ni cuando los funcionarios a su cargo se fotografiaron con un vecino denunciado por violencia de género, cuando debiera velar por la protección de los derechos de las víctimas de violencia de género, ni cuando viajó a Bragado en un vehículo del Municipio.
¿Dirá algo ahora? Mientras tanto, quien calla, otorga.
