La Universidad Católica Argentina y su rol de ‘influencer’ académico

¿Tiene que tener límites la libertad de expresión? Si así fuera, ¿cuáles deben ser estos?

Si bien uno a priori podría comenzar afirmando que no debería haber límites a la libertad de expresión, rápidamente reconsideraría tal opinión si se piensa en que, en pos de tal derecho, uno podría atentar contra el mismo.

La sociedad argentina acordó que, por ejemplo, no hay libertad de expresión para realizar apología de un delito o, por ejemplo, para atentar contra el sistema democrático. Queda claro, entonces que la respuesta a la primer pregunta es afirmativa, la libertad de expresión debe tener límites, y así lo hemos acordado, la segunda consulta es de más difícil resolución, ¿cuáles tienen que ser estos límites?

Está claro que los límites impuestos por la legislación son precisos y que tienen que ver con la autoprotección del propio sistema, pero más difícil es encontrar límites cuando se trata de cuestiones no impuestas por la normativa vigente. Aunque pueda parecer que huelga decirlo, nunca está de más dejar en claro que no debe haber censura previa al momento de emitir opiniones, el problema es cuando una opinión pretende ser enmascarada como una cuestión objetiva, el debate entre dato y relato.

Las opiniones son eso, meras opiniones, que deben basarse en hechos concretos. No debe valer lo mismo la verdad que la mentira y uno puede disentir respecto a las opiniones, pero los datos son objetivos y sobre eso no hay discusión posible, el problema se suscita, entonces, cuando se pretende hacer pasar una opinión como si fuera un dato objetivo. Esto adquiere mayor gravedad cuando quien apela a tal artilugio posee un prestigio que lo sitúa con una base de credibilidad tal que, cualquier crítica que reciba, es desestimada por la historia que se trae detrás. Ese capital lo hace ‘inmune’ a ciertas críticas y solo puede ser contrariado por quien posee, al menos, un capital similar.

Esto es lo que ocurrió recientemente con el informe de pobreza difundido en diciembre pasado por la Universidad Católica Argentina.

Resumidamente, el 5 de diciembre el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) anunció que la pobreza alcanzaba al 40,8% del país, es decir, unos 16 millones de personas. Sin embargo días atrás Martín González Rozada, del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella estimó que la pobreza en el tercer trimestre del 2019 ascendió al 33%, bastante menor que la anunciada por la UCA.

Ante esta crítica, realizada por alguien que podía ‘empardar’ el capital intelectual para establecer el debate, la UCA debió salir a dar explicaciones. Según comentó en las redes sociales, los resultados alcanzados por su Observatorio de la Deuda Social ‘sugieren un aumento de la brecha entre las estimaciones que surgen de la EPH-INDEC y las de la EDSA-UCA, posibles de ser atribuidas a diferencias muestrales y a los instrumentos de recolección’, datos que omitió comentar al momento de la presentación del informe.

Incluso afirmó la UCA que el ‘INDEC no dispone de una serie oficial de indicadores de pobreza antes del 3erT de 2016 por lo que el @ODSAUCA hizo su reconstrucción’ obviando reconocer las causas de dicha falta, siendo consciente que la deliberada omisión sesgaba el análisis efectuado.

Es decir, bajo un argumento científico de dureza de los datos, en realidad lo que se estaba haciendo era una exhibición de un relato que, dado el contexto en el que se efectuó (fin del gobierno de Mauricio Macri) y el respaldo con el que se contó (la propia Iglesia Católica), adquiere otros ribetes.

Uno puede diferir en la interpretación de los datos, pero ¿qué ocurre cuando lo que está en debate no es la interpretación de los datos sino los datos en sí mismos? ¿Puede ser tomado como un error de interpretación o, en realidad, la UCA actuó como una ‘influencer académica’ para fomentar la generación de un clima de opinión? Me inclino por la segunda opción. Evidentemente olvidaron el octavo mandamiento.

Puede que dado los acontecimientos, el Observatorio de la Deuda Social pierda parte del prestigio que supo tener, lo cual no es poco, pero ¿qué ocurre con el daño provocado? Decía mi abuela que muerto el chico María tapa el pozo…

¿Vale todo en pos de imponer una opinión?

Queda en claro que, pese a que pretenda mostrarse como imparcial, la Iglesia Católica tiene sus intereses en juego y actúa en pos del sostenimiento de su status quo y el mantenimiento de su poder. El accionar de la propia UCA así lo demuestra. ¿Habrá sido un pase de factura por la decisión de la Administración Macri de impulsar el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo?

Cabe preguntarse entonces, una vez más, ¿cuáles son los límites a la libertad de expresión?