Una vez más la violencia institucional se ceba con quienes tienen menos recursos, con los más invisibilizados, con quienes gritan pero sus gritos no se oyen.
El sábado 24 de septiembre ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, la misma de los barrios ricos y con recursos de ciudades del primer mundo, cuando en la Villa 21 dos jóvenes fueron secuestrados por miembros de fuerzas de la Prefectura Naval Argentina por ser jóvenes, pobres y villeros.
Durante largo rato de la noche fueron golpeados, robados, torturados y sufrieron simulacros de fusilamientos, y tras escapar de sus captores denunciaron en la Procuraduría contra la Violencia Institucional lo acontecido y posteriormente se presentaron en la fiscalía de Pompeya para prestar declaración. Porque pese a sus miedos, con 15 años tuvieron la valentía de dar la cara y denunciar lo que había ocurrido, por ellos y por todos los jóvenes que día a día sufren las consecuencias de fuerzas de seguridad autoritarias, prepotentes y violentas que, al margen de la ley, pretenden imponer su propia ley.
Lo curioso es que cuando fueron a radicar la denuncia en la Fiscalía uno de los prefectos que iban a denunciar estaba ahí, el prefecto Leandro Adolfo Antúnez estaba ahí. Lo vieron, lo señalaron y lo denunciaron. Acto seguido, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que integraban el móvil de Prefectura ese sábado.
El hecho se conoció por la denuncia pública del colectivo Garganta Poderosa, pero tuvo escasa repercusión en los grandes medios de comunicación, como no la tienen casi ninguno de los casos de violencia institucional contra quienes no son el público objetivo de esos medios de comunicación.
Este acontecimiento, que por la falta de visibilidad de los restantes, parece un hecho aislado, lamentablemente es mucho más cotidiano de lo que la mayoría de la gente cree, y debemos entonces hacer una autocrítica sobre lo que hacemos al respecto, puesto que la sociedad es cada vez más insensible a estas realidades, las que invisibiliza, creyendo que por ello el problema deja de existir.
Pues no, no se puede tapar el sol con un dedo ni acallar los gritos por taparse los oídos. Y quienes no sufrimos en carne propia esta realidad y tenemos la posibilidad de hacer escuchar nuestras opiniones debemos alzar la voz para denunciar estos hechos perpetrados por unos delincuentes vestidos de uniforme, que creen que porque la sociedad los ha elegido para dichas funciones y les ha puesto una pistola en la cintura estiman que están por sobre la propia sociedad. Error, están a su servicio, no ésta a su merced.
Por ello, es fundamental qué realizan las autoridades al respecto. Esto no es un caso de ‘mano de obra desocupada’, estos son delincuentes que a sueldo del Estado, realizan accionares propios de grupos de tareas o escuadrones de la muerte, y si se quiere construir un país inclusivo con todos y para todos, debe ser sin estos sujetos y sin este tipo de prácticas.
El objetivo de pobreza cero planteado por el Presidente debe conseguirse a partir de mejorar la realidad cotidiana de quienes como Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro, quienes a sus 15 años ya viven la crudeza de la pobreza y la vergonzosa reacción de la sociedad frente a ella. No alcanza con climas y anuncios de inversiones que no terminan de concretarse. Se debe actuar en serio con cambios concretos y se deben hacer ya. Sólo entonces se podrá construir el país por el que el Presidente Macri dice trabajar, y para ello hay que dejar de hacer timbreos y trabajar duro por quienes no tienen timbre, entre muchos otras cosas que no tienen, pero que tienen la dignidad de pelear por sus sueños y sus derechos.
Publicado en La Reforma, General Pico.
http://www.diariolareforma.com.ar/2013/cuando-los-delincuentes-usan-uniforme/
