Un viejo debate en la Ciencia Política es la relación entre legalidad y legitimidad, y cuando ambas están en contradicción, a cuál de ellas debe dársele prioridad.
Aunque este parezca ser un debate que excede el acontecer diario de quien escribe y quienes leen estas líneas, está mucho más cercano de lo que se cree.
Muchos de quienes hoy dirigen, desde diferentes puestos y diferentes ámbitos, los destinos del Municipio han sido amonestados y multados en sucesivos fallos del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Al analizar la Rendición de Cuentas Municipal, dieciocho de ellos han sido amonestados por diversos incumplimientos, en tanto otros seis fueron multados por diversas infracciones a la normativa vigente.
Esta Rendición de Cuentas, que fue aprobada en el Concejo Deliberante local sin observaciones, y que aun siendo aprobada por el HTC mereció numerosas observaciones, exhibe como, una vez más, las autoridades locales son sancionados por los órganos de contralor provincial por no ajustarse a la legislación vigente, y sin embargo no ha habido manifestaciones públicas de los involucrados al respecto.
Ninguno de los veinticuatro funcionarios públicos mencionados en el fallo 201/2016 del 28 de abril del corriente año ha dado explicaciones de la situación ni, mucho menos, pedido disculpas por los errores y los horrores cometidos a la luz de lo resuelto por el HTC.
Cierto es que algunos de los servidores públicos mencionados han recobrado cierta legitimidad a través del apoyo popular en los comicios del año pasado, pero eso no es ni un borrón y cuenta nueva ni mucho menos un olvido de su accionar reñido con la ley, aunque mucho peor es la situación de quienes aún siendo sancionados por el Tribunal de Cuentas siguen contando con el beneplácito y el apoyo del Intendente Municipal, quien no sólo ha sido multado en diversas oportunidades sino que, además, apaña que ciudadanos multados por el ente de control provincial sigan prestando servicios en el Estado municipal, con lo cual es cómplice de su accionar.
Esta situación, que de por si es cuanto menos cuestionable, adquiere ribetes de incredulidad cuando el resto de los dirigentes políticos del Distrito hacen como que no pasó nada, y siguen adelante sin importarles el grado de ilegitimidad y de violación a las normas de los interlocutores gubernamentales, y se reúnen con ellos y comparten actividades. No hay institucionalidad ni protocolo posible con quienes están al margen de la ley.
¿Es posible enfrentar a quienes incumplen las normas estando a su lado? Estoy convencido que no, a menos que no se lo quiera enfrentar y en realidad es una puesta en escena para mantener el status quo, el viejo ‘no hagan olas’.
La forma de lograr que las cosas dejen de hacerse mal es comenzar a hacerlas bien… no hay alternativa. Decía Leandro Alem ‘en política, como en todo, se hace lo que se debe, y cuando lo que se puede hacer es malo, ¡no se hace nada!’ y de eso se trata.
Es necesario decir lo que pasa y en voz alta. El Concejo Deliberante, como órgano de control del Departamento Ejecutivo (aunque en este caso no controló nada en forma adrede) debe convertirse en una verdadera caja de resonancia de discusión política, donde además de aprobar numerosos proyectos por sesión (como en la última donde trató 72 proyectos en 71 minutos) y repetir lo que se indica desde despachos de fuera del Concejo.
Es necesario hacerse cargo de la situación, que para eso han sido electos, para ser representantes de la ciudadanía. En consecuencia, deben representarla para pedir las explicaciones necesarias de por qué quienes son sancionados por el HTC siguen en el gobierno municipal como si nada pasara.
Es necesario estar a la altura de las circunstancias… pero ¿quién le pone el cascabel al gato?
Publicado en El Debate, Zárate.
