Volvió de ‘licencia’ y volvió a las andadas

Porque en Zárate no hacen falta vacaciones para desconectar del trabajo: el trabajo ya se desconectó de la legalidad hace rato.

El 4 de agosto de 2026, con la serenidad de quien sabe que no va a estar para dar explicaciones, Marcelo Matzkin firmó el Decreto Nº 278/26, una transferencia de 415 millones de pesos a ENDEZA para un programa que nadie conoce, y al día siguiente se tomó su tradicional ‘licencia anual’ de 21 días. Esa figura que, como ya demostramos en junio de 2025, no existe en la Ley Orgánica de las Municipalidades, pero que en Zárate el Concejo aprueba con la misma naturalidad pasmosa.

Veintidós días después, el 26 de agosto de 2026, con la frescura de volver descansado, Matzkin firmó el Decreto Nº 295/26. Era su primer decreto tras la licencia. Y vaya forma de volver: no con una obra, no con un plan de pavimento, no con una solución para el agua. No. Volvió con una reinterpretación legal que le abre la puerta de par en par a Toyota para quedarse con un tramo de la calle Croacia.

Pero no se trata solo de una calle. Se trata de quién tiene la última palabra sobre las ordenanzas que se sancionan en este distrito.

🎭 La versión oficial: ‘No vendimos nada, solo autorizamos’

Cuando la Ordenanza Nº 5362 se aprobó el 6 de agosto de 2026, algunos concejales salieron a decir que no habían ‘vendido una calle’, sino que simplemente le habían dado al Ejecutivo un permiso condicionado para hacerlo. Una lectura simpática, si no fuera porque el propio texto de la ordenanza y el decreto de promulgación lo dejan en ridículo.

La ordenanza, en su artículo 5°, establece que el Ejecutivo debe remitir al Concejo, dentro de los 30 días de ‘celebrado el contrato y otorgada la escritura traslativa de dominio’, un ‘proyecto de contrato suscripto con la compradora’, junto con mensura, tasación, dictamen jurídico y toda la papelería técnica.

El artículo 6°, a su vez, dice que ‘cumplidos los recaudos establecidos en la presente Ordenanza, autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar con Toyota Argentina S.A. el correspondiente contrato de compraventa’.

Leído con honestidad, el espíritu es claro: primero el Concejo controla, después el Ejecutivo vende. El Concejo pone las condiciones, exige los papeles, ve el proyecto de contrato, y recién entonces, si todo está en orden, el Ejecutivo tiene luz verde para firmar. Es un mecanismo de freno y contrafreno, algo que en democracia se supone que debería funcionar.

Pero Matzkin, con la pluma apenas recargada de tinta tras las vacaciones, decidió que no. Que eso no iba a ser así.

⚖️ El Decreto 295/26: cuando el Ejecutivo se cree el legislador

El artículo 2° del Decreto 295/26 es una joya de la interpretación forzada. Dice textual: ‘Interprétase que la obligación prevista en el artículo 5° de la Ordenanza Nº 5362, consistente en remitir al Honorable Concejo Deliberante dentro de los treinta (30) días de celebrado el contrato y otorgada la escritura traslativa de dominio un ‘proyecto de contrato suscripto con la compradora’, se refiere al instrumento contractual definitivamente suscripto entre la Municipalidad y la firma Toyota Argentina S.A.’

Paremos ahí. ¿Quién le dio al Ejecutivo municipal la facultad de interpretar las ordenanzas del Concejo Deliberante?

En derecho administrativo, la interpretación auténtica de una norma corresponde a quien la dictó: el legislador. En el caso de las ordenanzas municipales, eso es el Concejo Deliberante. El Intendente puede reglamentar, puede ejecutar, puede incluso vetar en algunos casos. Pero no puede sentarse con la norma en una mano y la pluma en la otra para decirle al Concejo: ‘Lo que ustedes quisieron decir en realidad era esto otro’. Eso no es reglamentación. Eso es usurpación de funciones legislativas disfrazada de interpretación.

Y la diferencia no es menor. La ordenanza habla de un ‘proyecto de contrato’: un borrador, una propuesta, algo que el Concejo puede revisar, corregir, rechazar o aprobar antes de que se firme. El Ejecutivo, en cambio, interpreta que eso significa el ‘instrumento contractual definitivamente suscripto’: el contrato ya firmado, hecho consumado, plato servido.

🔍 El espíritu de la norma: ¿control previo o control de adorno?

El decreto no se conforma con reinterpretar un artículo. Va más allá. En sus considerandos, afirma que la ordenanza contiene ‘normas incompatibles entre sí, y otras que resultan replicar normas de rango superior’.

O sea: el Ejecutivo no solo lee la ordenanza a su manera, sino que la desprecia. La encuentra confusa, repetitiva, incompatible. Y en vez de devolverla al Concejo con un veto parcial o con observaciones para que la corrija, como correspondería en un sistema de pesos y contrapesos, la promulga igual pero con una cláusula interpretativa que la vacía de sentido.

La verdad es que la ordenanza, a pesar de sus defectos, tenía un diseño de control bastante claro:

• Art. 3 y 4: mensura y tasación previas.
• Art. 5: remisión al Concejo del proyecto de contrato, dictamen jurídico y documentación técnica.
• Art. 6: recién después de eso, autorización para celebrar la compraventa.
• Art. 10: informe final al Concejo una vez otorgada la escritura.

Era un sistema de doble control: previo (art. 5) y posterior (art. 10). El Concejo quería ver antes y después. El Ejecutivo, con su decreto, eliminó el control previo al definir que el ‘proyecto’ es el contrato ya firmado. ¿De qué sirve que el Concejo vea el contrato después que ya se celebró y se escrituró? ¿Para aplaudir? ¿Para poner un me gusta en el Boletín Oficial?

🚗 Toyota, el cliente VIP del municipio-inmobiliaria

Todo esto no ocurre en el vacío. Ya habíamos mostrado cómo el expediente N° 4121-4217/2026 que llegó al Concejo no era un proyecto del Municipio, sino la cartita de Toyota con sello municipal.

Cómo el Departamento de Catastro no sabía ni entre qué rutas quedaba la calle. Cómo la Subsecretaría de Asuntos Legales asumió sin pruebas que los otros propietarios linderos no estaban interesados.

Y cómo, para colmo, Toyota había admitido por escrito que ‘adquirió recientemente’ tierras en Zárate en un distrito que ya violaba la Ley 26.737 de tierras rurales, con un 25% de su territorio en manos extranjeras.

Pero eso es una muestra más del desorden, descontrol y desapego a las normas legales.

 Volvamos al decreto.

🏛️ ¿Y ahora qué, señores concejales?

El Decreto 295/26 no es un acto administrativo más. Es una declaración de ‘guerra política’ del Ejecutivo respecto del Concejo. Es Matzkin diciendo, con la mayor naturalidad: ‘Ustedes sancionan, yo interpreto. Y si no me gusta lo que sancionaron, lo leo como se me ocurre’.

El problema no es solo legal. Es político. Si el Concejo Deliberante de Zárate acepta esta promulgación sin un reclamo, sin un pedido de interpretación, sin un proyecto de resolución que aclare que la interpretación auténtica le corresponde al cuerpo legislativo, entonces está renunciando a sus funciones específicas. Está admitiendo que su rol es levantar la mano, firmar actas y dejar que el Ejecutivo haga lo que quiera con las normas que ellos mismos votaron.

Y si algún concejal sigue pensando que ‘no vendieron una calle, solo autorizaron al Ejecutivo a hacerlo bajo condiciones’, le sugiero que relea el Decreto 295/26 con atención. Porque Matzkin, con una sola firma, les cambió las condiciones. Les dijo que el ‘proyecto de contrato’ que ustedes querían ver antes de la venta, en realidad es el contrato ya firmado. Les dijo que el control previo que ustedes establecieron, en realidad es un control posterior decorativo. Les dijo, en criollo: ‘Gracias por la autorización, ahora hago lo que se me canta’.

Eso no es lo que fija la Ley Orgánica de Municipalidades. Eso no es división de poderes. Eso es monarquía municipal con licencia anual incluida.