¿Una cárcel en Zárate?

El problema es cuando nos quedemos sin gobierno municipal, funcionarios municipales y concejales, porque ninguno cumple con las normas municipales.

Sin embargo, este debate ya se dio hace más de una década atrás. La Ordenanza 4212, sancionada el 5 de diciembre de 2013, ya prevé la posibilidad de arrestar vecinos por contravenir ciertas normas municipales.

Entonces, ¿está Matzkin proponiendo cumplir con las normas municipales y ejecutar la aplicación efectiva de esta ordenanza? De ser así, la responsabilidad recae en los Jueces de Faltas Mariano Graciarena y Florencia Robiano, quienes hasta ahora nunca han dictado el arresto de un vecino.

¿Explicarán por qué nunca se utilizó esta medida? ¿Cambiarán su accionar tras las palabras del Intendente? ¿O será que nuevamente el Intendente le toma el pelo a los vecinos?

¿Se viene una cárcel en Zárate?

El Intendente mencionó la posibilidad de arresto domiciliario para quienes incumplan ciertas normas, pero no descartó la creación de un centro de detención para contraventores. Él eligió decir ‘no se trata de una cárcel’, pero es tan solo una cuestión semántica.

Esto abre un interrogante mayor: ¿podría construirse una cárcel en Zárate para alojar a quienes infrinjan normas municipales? Aparece como innovador y totalmente disparatado, ateniéndonos a la calidad de la falta.

El silencio de las autoridades y la falta de un debate amplio generan incertidumbre. Lo que debería ser un diálogo abierto y participativo sobre cómo mejorar la seguridad y convivencia ciudadana, podría derivar en una medida autoritaria sin consenso social.

El futuro de Zárate, más que una ‘Utopía’, parece dirigirse hacia un escenario de mayor control y represión.

Las repercusiones en la comunidad

Las declaraciones del Intendente no pasaron desapercibidas entre los vecinos y organizaciones sociales. Varios sectores ya han manifestado su preocupación por las implicancias de estas medidas, considerando que podrían abrir la puerta a abusos de poder y persecución arbitraria.

Organizaciones de derechos humanos también han advertido sobre la falta de claridad en la aplicación de estas normas y la necesidad de garantizar debidos procesos legales para los ciudadanos. Según expertos en derecho, una medida de este tipo podría ser inconstitucional si no se establecen controles y salvaguardas adecuadas.

Por otro lado, algunos sectores alineados con el gobierno local sostienen que un endurecimiento de las sanciones podría ser una herramienta efectiva para mejorar la convivencia y reducir infracciones reiteradas. Sin embargo, esta visión choca con la preocupación de que una práctica de este tipo derive en una ciudad cada vez más autoritaria.

Por otro lado deberán revisar su pensamiento y su política porque o bien van presos o bien los premiamos con una moratoria, riéndonos de los que pagan puntualmente. Intendente lo creíamos una persona seria.

El impacto económico de una cárcel local

Más allá del impacto social y legal, la construcción de una cárcel en Zárate tendría implicaciones económicas significativas. La instalación de un centro de detención requiere una fuerte inversión en infraestructura, personal y mantenimiento, lo que inevitablemente afectaría el presupuesto municipal.

Además, el efecto en el desarrollo urbano podría ser negativo. La presencia de una cárcel podría desvalorizar zonas residenciales cercanas y afectar la calidad de vida de los vecinos. ¿Cómo planea el municipio financiar este proyecto? ¿Se han evaluado aplicar alternativas menos costosas y menos conflictivas?

Alternativas para mejorar la convivencia

Antes de recurrir a medidas extremas como el arresto y la detención, el municipio debería explorar alternativas más efectivas y menos punitivas.

Algunas estrategias podrían incluir:

• Derogación inmediata de las Moratorias dictadas y generar por Ordenanza la prohibición de dictarlas en el futuro: El que las hace las paga, no puede dar lo mismo cumplir con las normas que no hacerlo. 
• Mayor inversión en prevención: Programas de educación cívica y campañas de concientización pueden reducir las infracciones sin necesidad de recurrir a la coerción.
• Mediación comunitaria: Resolver conflictos mediante el diálogo y la intervención de profesionales capacitados en mediación.
• Trabajo comunitario como sanción: Implementar un régimen de sanciones alternativas en lugar de detenciones, fomentando la reinserción y el compromiso social.
• Modernización de la administración municipal: Agilizar los trámites y mejorar la comunicación con los vecinos podría reducir la cantidad de infracciones involuntarias.

Zárate necesita un enfoque de seguridad basado en la prevención y la responsabilidad compartida, en lugar de medidas que podrían derivar en un Estado policial.

Conclusión: ¿Hacia dónde va Zárate?

Lo cierto es que el futuro de Zárate está en juego. Mientras el Intendente plantea ‘debates’, la comunidad debe exigir respuestas concretas sobre cuáles son los verdaderos planes de su gestión.

La seguridad y el orden son temas clave, que el gobierno en más de un año de gestión aún no ha atacado, pero deben abordarse con estrategias integrales que no atenten contra los derechos ciudadanos. Si la solución es cárceles locales para infracciones menores, entonces es imprescindible abrir un debate serio y transparente antes de que las medidas se implementen sin consenso.

En un contexto de creciente descontento social, Zárate necesita diálogo y soluciones reales, no medidas improvisadas que podrían traer consecuencias imprevisibles para la población.

El desafío para el gobierno local es recuperar la confianza ciudadana con acciones concretas y no con discursos ambiguos que solo generan incertidumbre y temor.