Aunque para nosotros las personas orientales, salvo los uruguayos, sean todos iguales, ya hemos hablado que no es lo mismo ser chino que japonés, y mucho menos si la actividad económica que se desarrolla es un supermercado o una automotriz.
Si se trataba de un supermercado, ante un caso de COVID-19 se cerraba el establecimiento, mientras que si se trata de una automotriz y ante la misma realidad se le enviaban las máquinas del Municipio a desinfectar la planta. Pero no es la única diferencia.
¿Por qué? Porque el intendente Municipal Osvaldo Cáffaro firmó el 15 de mayo de 2020, junto a su Secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray, el Decreto 308 por el que se autoriza ‘el inicio del desarrollo de actividades a la empresa Toyota Argentina S.A., a partir del día 18 de mayo de 2020’, y para ello se basan ‘en los términos del Decreto Provincial N° 262/2020’ pero, ya se sabe que siempre hay un pero, el Decreto en cuestión estaba derogado.
¿Cómo es eso? Bien, el Decreto 262/2020 es del 19 de abril de aquel año y establecía ‘la reglamentación de la excepción de cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires’, pero para cuando Cáffaro y Arroquigaray firman su Decreto, ya no tenía vigencia. Ergo basan su argumentación en algo inexistente ya. Se le puede permitir a un Maestro Mayor de Obras, ¿Pero a un abogado?
El 12 de mayo de 2020 Axel Kicillof y Carlos Bianco firmaron el Decreto 340/2020 que en su artículo 16 establece taxativamente ‘Derogar los decretos N° 262/2020 y N° 282/2020, a excepción del artículo 10 de éste último, manteniendo su vigencia las autorizaciones y suspensiones oportunamente dictadas por el Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, en función de las facultades conferidas por aquellas normas’.
Es decir, el Gobierno municipal se apoyaba en un Decreto derogado para justificar su accionar.
¿En serio son abogados quienes escriben los Decretos municipales? ¿En serio leen lo que firman?
Visto lo visto hasta sería interesante leer el texto del Expediente Municipal N° 4121-1827 /2020, que según el Decreto municipal es el que tramitó la reapertura de Toyota.
Pero a tal punto llega la inutilidad de ciertos funcionarios municipales, (¿Se salvará alguno?), que en uno de los considerando confunden la jurisdicción firmante del Decreto 262/2020 puesto que mencionan ‘Que, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación habilitó a las jurisdicciones provinciales a dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados, que atiendan a la situación epidemiológica local y con la finalidad de minimizar el riesgo de propagaci6n del virus que su desarrollo representa; Que, en virtud de ello, la provincia de Buenos Aires, conforme sus atribuciones constitucionales (art. 124 CN) y la habilitaci6n expresa efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, mediante Decreto N° 262/20, ha aprobado la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular del Decreto N° 297/2020, incorporadas en el articulo 1° de la Decisión Administrativa N° 524/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Naci6n’. Pero los Decretos no los firma el Jefe de Gabinete sino el Presidente de la República, ¿No lo sabe Cáffaro? ¿No lo sabe Arroquigaray? ¿No lo sabe el que redactó el Decreto municipal? Y además el Decreto nacional 262/2020 al que remiten ‘Acepta la renuncia presentada por el contador Alejandro Fabián DÍAZ (D.N.I. N° 17.366.555) al cargo de Síndico del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y designa al contador Marcelo Fabián COSTA (D.N.I. N° 20.449.828) para completar el período de ley que vence el 12 de julio de 2021’.
Qué tiene que ver esto con Toyota y con ‘la excepción de cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular’ vaya uno a saber, pero no es más que una muestra flagrante de la incompetencia e inutilidad de quienes fungen como funcionarios municipales.
Nadie cuida al Intendente, le hacen firmar cualquier cosa, y como aparentemente él no lee lo que firma, es cómplice de la inutilidad oficial que lo acompaña. ¿De qué sirve tener un Secretario de Gobierno que no sabe cumplir las funciones de Secretario de Gobierno? ¿O está en ese cargo porque cumple otras funciones que sí sabe cumplir? ¿O los Decretos no los firma el Intendente Osvaldo Cáffaro?
Cuiden al Intendente.
