Ventanilla exprés

Primera parte: la puerta que se abre sola

El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata carecía de legitimación para impugnar el artículo 154 del DNU 70/2023. No se pronunció sobre la constitucionalidad de nada. Simplemente dijo: este señor no tiene la personería para ser admitida su demanda. Y con esa chicana técnica, firmada por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, quedó habilitada en la práctica la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), la ley que desde 2011 limita a un 15% la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras, con topes adicionales por nacionalidad (el 30% de ese cupo) y por titular.

Dato para anotar en la pizarra: 13,3 millones de hectáreas, una extensión similar a la de Grecia, ya están en manos extranjeras en la Argentina, según el Registro Nacional de Tierras Rurales. Y hay 36 departamentos que superan largamente el tope del 15%, algunos con hasta 60% de extranjerización. En Puerto Libertad, Misiones, más del 80% de la tierra es de una multinacional forestal chilena. O sea: la Ley se venía incumpliendo con la elegancia de siempre, pero al menos existía.

Hemos hablado sobre eso y el impacto que tiene en Zárate, que es uno de los 36 Municipios aludidos.

Segunda parte: la ventanilla

Entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre pasaron exactamente diez días. Diez días en los que, técnicamente, no había límite legal alguno para que una persona o empresa extranjera comprara ‘todas las tierras que quiera’, como tituló El País de España el 30 de septiembre.

Aquí conviene ser honestos, que de eso se trata esta web: no hay, a la fecha, un registro público verificable de operaciones cerradas en esa ventana. Lo que hay es la declaración de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, una de las impulsoras de la cautelar, quien afirmó a Página/12: ‘Entiendo que han habido casos de compraventa de grandes extensiones de tierras en estos últimos días’. Entiende. O sea: lo cree, lo presiente, lo denuncia, pero el papelito escrito todavía no apareció en la mesa. Algunos medios locales agregan que a partir de la cautelar las transacciones deberán ser revisadas por el Registro Nacional de Tierras Rurales, lo cual sugiere que el propio tribunal entiende que la ventanilla pudo ser usada.

Y acá viene el dato que redondea la hipótesis: según el análisis difundido por estudios jurídicos que siguen el expediente, si el Congreso rechazara el DNU, ese rechazo ‘produce efectos a partir de ese momento y no de forma retroactiva, por lo que quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia’. Leámoslo en criollo: lo que se haya comprado en la ventanilla, queda comprado. Nadie lo confirma todavía con una escritura pública, pero el sistema jurídico ya nos adelanta el final de la película.

Entonces, hipótesis de trabajo sobre la mesa: ¿habilitó el primer fallo una mini-temporada de venta de campos a capitales foráneos, y cerró el segundo la posibilidad ante la presión social? La secuencia es documentada. La presión social también: sesión convocada, gobernadores movilizados, diputados hablando de ‘recular en chancletas’. Lo que ocurrió dentro de la ventanilla, hoy es una sospecha razonable, no un hecho probado. La diferencia entre sospecha y hecho es, precisamente, el trabajo que nadie hace.

Tercera parte: el fallo que no es fallo

El 9 de octubre la Corte dictó una medida cautelar interina: suspende los efectos del artículo 154 hasta que el Juzgado Federal de Bariloche, porque la causa la inició la Asociación Civil Árbol de Pie, junto a las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y a la propia Odarda, resuelva si los demandantes tienen legitimación.

El detalle de color: no hubo unanimidad. Se convocó a un acuerdo extraordinario urgente, no se pusieron de acuerdo los tres jueces, y se recurrió al sorteo de dos conjueces, Barroetaveña y Pérez Curci, para destrabar la votación. La cautelar final llevó las firmas de Rosatti y Lorenzetti más los dos conjueces. Rosenkrantz disintió. O sea: la república de los tres jueces necesitó dos suplentes de la galera para decidir sobre el suelo patrio. Tranquilidad institucional en estado puro.

Y la cautelar tampoco es un fallo de fondo. Congela la ventanilla y patea la pelota a Bariloche. La ley vuelve a regir provisionalmente, pero con un asterisco del tamaño de una estancia: todo depende de un expediente judicial en trámite.

Cuarta parte (nueva): la sesión que no se hace

Mientras tanto, en el único lugar donde esto se debería resolver, el Congreso, se montó una farsa de manual.

Recordemos primero lo que está sobre la mesa: el DNU 70/2023 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Pero según el régimen de la Ley 26.122, un DNU solo muere si ambas Cámaras lo rechazan, y el Congreso no puede modificarlo por partes: lo toma o lo deja. El decreto lleva casi tres años de vida parlamentaria zombi: muerto en el Senado, vegetando en Diputados.

El 1 de octubre, cuarenta y ocho horas después del primer fallo, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, formalizó ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, el pedido de sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14, con el respaldo de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, Encuentro Federal y varios monobloques. El temario incluye, además de la derogación del DNU, la Emergencia en Discapacidad y el endeudamiento familiar.

¿Y qué hace el oficialismo ante la única herramienta constitucional que le queda al Congreso? Lo que siempre: negociar el quórum. La cuenta es simple: se necesitan 129 diputados sentados en sus bancas para abrir la sesión. A comienzos de esta semana, la oposición tenía asegurados 122 votos. Le faltan 7.

La estrategia de La Libertad Avanza, según confesó la propia prensa afín: ofrecer a los dialoguistas un capítulo de tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y de la que el capítulo tierras había sido excluido por falta de acuerdo, y prometerles abrir el recinto el 21 de octubre, seis días después de la fecha pedida. O sea: ‘no discutamos el decreto entero, discutamos solo la parte que incomoda, y hágalo la semana que viene, cuando la presión ya bajó’.

Hay que detenerse en una cuestión no menor: el Gobierno que derogó la Ley de Tierras por decreto en diciembre de 2023, que sostuvo la derogación durante casi tres años de litigios, que celebró silenciosamente el fallo del 29 de septiembre, es el mismo que ahora ofrece ‘reintroducir límites’ para salvar el resto del DNU. Que mantenga el 15% y el cupo por nacionalidad. Que incluso agregue doble aval en zonas de frontera. Todo lo que la Ley 26.737 ya decía, pero en versión DNU-friendly. Es como si un ladrón te ofreciera venderte tu propio televisor para que no se lleve también el sillón.

Y del lado de la oposición: ‘reculando en chancletas’, escribió Esteban Paulón; ‘se da vuelta como una media’, escribió Myriam Bregman; el bloque de UxP habló de una Corte ‘empujada por una sociedad movilizada’. Todos felices, todos celebrando la cautelar del viernes, y todos convocando igual al 15 ‘porque la tierra de los argentinos no puede depender del humor de la Corte’, como dijo Pablo Juliano. Coincidimos con Juliano. Ese es exactamente el problema. Que el destino de la Ley de Tierras dependa del humor de la Corte el 29 de septiembre, de la cautelar del 9 de octubre, de un juzgado de Bariloche, y de si siete diputados se sientan o no a sesionar, significa que el Congreso lleva tres años sin hacer el único trabajo para el que fue diseñado.

El DNU 70/2023 no es solo tierras: eliminó las leyes de abastecimiento, góndolas, compre nacional y alquileres, liberó tasas bancarias y precios de prepagas, desreguló el transporte y el mercado aéreo. La oposición quiere voltearlo entero; el oficialismo advierte que sería ‘caótico’, lo cual, dicho pasando, es una confesión interesante: tres años después, el país sigue tan atado al decreto de emergencia que removerlo causa pánico institucional. Y en medio, los argentinos, que miramos el ping-pong entre Comodoro Py y el recinto como se mira un partido donde todos los jugadores están de acuerdo en no pasarnos la pelota.

Quinta parte: las preguntas

• ¿Quién compró entre el 29/9 y el 9/10? Públicamente no lo sabe nadie. Nadie está obligado a informarlo todavía.
• ¿Cuántas operaciones tramitó el Registro Nacional de Tierras Rurales en esos diez días? Es un dato público, debería ser trivial de publicar. Nadie lo publicó.
• ¿Qué hacemos con las operaciones que se cerraron en la ventanilla si el DNU termina rechazado el 15? El derecho administrativo ya respondió: nada. Derechos adquiridos, a salvo. El lunes 12 nadie va a revisar nada.
• ¿Por qué el Congreso tardó tres años en convocar la sesión y necesitó un fallo de la Corte para moverse? Esa pregunta, ni siquiera se la hacen.

La pregunta no es menor: es posible que entre dos firmas judiciales se haya transferido porcentajes enteros de suelo nacional, y la respuesta institucional sea ‘el juzgado de Bariloche verá’, mientras en Diputados se discute si 129 personas logran sentarse el mismo día en la misma sala. Mientras tanto, el mapa se redibuja.

Cierre: la lección que no aprendemos

Mientras tanto queda lo de siempre: un tribunal de tres miembros abrió una ventanilla de diez días sobre el bien más estructural que tiene un país, su territorio, y la cerró no con una doctrina, sino con una cautelar provisional apoyada en dos conjueces sorteados. Y el Congreso, que podría resolver esto en una tarde con 129 butacas ocupadas, lleva tres años sin poder ponerse de acuerdo ni siquiera en la fecha de la sesión. El Gobierno ofrece reintroducir por ley lo que derogó por decreto. La oposición celebra una cautelar que no falló nada. Y el único actor institucional que actuó con velocidad estos días fue… la Corte Suprema, para desdecirse en tiempo récord.

Si entre ventanilla y ventanilla se vendieron campos, seremos el primer país del mundo donde el estado de derecho funciona como una liquidación por tiempo limitado. Y si no se vendió nada, entonces tenemos una Corte que genera incertidumbre soberana por deporte, un Congreso que solo funciona cuando el fuego llegó a la puerta, y un Ejecutivo que vende la vaca y luego negocia la leche.

En todos los escenarios hay una constante, y es la que esta web viene registrando nota a nota: los temas de mayor importancia se deciden donde nadie mira, con tecnicismos que nadie entiende, y se enteran todos cuando ya pasó.

Nos vemos en las calles el 15. Esto no terminó.