Coautor Diego Andrés Guevara Fletcher
Después de 52 años de guerra entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), 4 años de negociaciones en Cuba, alrededor de 8 millones de víctimas, 5 millones de desplazados y más de 200 mil muertes, ambos bandos han decidido pasar página y firmar un Acuerdo de Paz definitivo que deje atrás esta sangrienta guerra fraticida.
Mucho costó el llegar a este desenlace por el que muchos apostaban pero que también tenía férreos opositores, encabezados por los ex Presidentes Pastrana y Uribe así como de otros sectores de la derecha colombiana.
Cierto es que el acuerdo no es perfecto, pero es el mejor acuerdo al que se ha podido arribar, -según palabras del Presidente Santos- sobre todo, si se tiene en cuenta que la alternativa a él es profundizar y alargar una guerra que, aún durante las negociaciones de paz, siguió causando muertes y desplazamiento a los colombianos.
Queda por delante una tarea compleja, quizás más que la propia negociación del acuerdo de paz, que es garantizar la aplicación del mismo. Garantizar la entrega de las armas por parte de las FARC-EP y garantizar la seguridad de quienes se convierten, a partir de ello, en desmovilizados y partícipes de elección política democrática.
La última experiencia al respecto, con el exterminio de los militantes políticos de la Unión Patriótica así como de varios ex combatientes del M-19 devenidos en militantes de la Alianza Democrática M-19, enciende una luz de alerta sobre cómo será la reinserción de los ex combatientes de las FARC-EP en la sociedad colombiana, sobre todo, en aquellas regiones del interior del país, en donde la ofensiva se vivió con mayor crueldad y donde la presencia del Estado es sumamente escasa. Si el Estado nacional no logra garantizar la aplicación total y definitiva del Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana, a los riesgos ya mencionados se debe agregar la posibilidad de disidencias internas dentro de la guerrilla que vuelquen a sectores descontentos a intentar continuar con la lucha armada o a la vinculación a las temidas Bandas Criminales (BaCrim).
En esta tarea resultará clave el desarrollo de estas áreas alejadas de los centros urbanos, que tienen índices socioeconómicos muy por debajo de la media nacional, puesto que si como señaló el Presidente Santos, la firma del Acuerdo de Paz impactará en un crecimiento del PIB y este se vuelca al desarrollo de estas zonas oprimidas, la propuesta de las FARC-EP de ‘desarrollo social garantizado por fusiles’ dejará de ser una alternativa viable.
Con la firma del Acuerdo, las FARC-EP y el gobierno colombiano han dado un gran paso para construir la paz en el país, y para que ésta sea verdadera y duradera, el próximo 2 de octubre será el pueblo colombiano quien alce su voz en las urnas para avalar o rechazar lo hecho hasta aquí, y si bien hay fuertes bolsones de rechazo al acuerdo en los sectores más conservadores de la política nacional y en aquellas zonas que sufrieron más los devenires bélicos, todo parece indicar que estos serán refrendados por el pueblo.
El pasado lunes 26 de septiembre en Cartagena de Indias, el Presidente Juan Manuel Santos y el Comandante Timoleón Jiménez con sus balígrafos (bolígrafo fabricado con balas de fusil) firmaron mucho más que un Acuerdo, firmaron las bases del futuro del país, ahora es el momento del pueblo colombiano, para que, como cantara John Lennon, se le dé una oportunidad a la paz.
Publicado en Diario Perfil, Buenos Aires.
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